Se ha convocado para hoy una comisión de Obras de Urgencia a la que asistirán técnicos
¿Quién o quiénes son los responsables del desprendimiento de parte del cerro Pui Pinos de Alcañiz?, ¿cómo se sufragarán las pérdidas a los vecinos afectados?, ¿se está trabajando para que este suceso no se vuelva a repetir? Son muchas las incógnitas que siguen planeando sobre el desprendimiento del cerro Pui Pinos de Alcañiz, del que el miércoles se cumplió un año, y que aún mantiene a ocho familias fuera de sus casas y a varias decenas con una gran incertidumbre porque no saben si este suceso podría repetirse. De hecho, se han producido pequeños desprendimientos que asustan al vecindario. Los últimos, el lunes por la noche en la zona no edificada del Muro de Santiago, lo que incluso obligó a cortar parte de la vía a la mañana siguiente hasta asegurar la zona.
El martes, justo un día antes de que se cumpliera un año del suceso, el Ayuntamiento anunció a través de una nota de prensa sin declaraciones que el informe de la aseguradora municipal sobre las causas del desprendimiento responsabiliza a la empresa que realiza el mantenimiento de parques y jardines . La causa principal del desprendimiento, y por tanto del siniestro, es la rotura de una tubería de riego de red municipal, «circunstancia que tuvo lugar durante el período de tiempo en que la empresa SIFU era la concesionaria de la conservación y mantenimiento de la red de distribución de agua afectada» (comenzó el 1 de febrero, poco más de dos meses antes del suceso). Además, según desveló el PSOE, el seguro no cubre la rotura de tuberías.
De noviembre de 2016 a mayo de 2017 hay un desfase de 6.000 metros cúbicos de más en esta zona con consumos de 10.000 cuando lo normal es 4.000.
No obstante, el informe realizado por la aseguradora municipal está encargado por una de las partes implicadas, el Ayuntamiento, y defiende por tanto a su cliente y sus propios intereses. Surge la duda de cómo se puede saber, sin intereses concretos, quién o quienes los responsables y deben hacerse cargo de los costes del suceso, tanto los relacionados con los vecinos, que han presentado más de 30 reclamaciones patrimoniales que suman alrededor de dos millones de euros; como para el Ayuntamiento, que lleva gastado aproximadamente un millón de euros. No es el primer informe sobre la ladera, ya se hizo público uno de la DPT; y el 10 de abril también se encargó otro al departamento de Medio Ambiente municipal para constatar lo explicado en el informe de la aseguradora.
Todo parece indicar que el suceso terminará en los tribunales y probablemente, con más de una causa abierta con tres actores en juego: Sifu, Consistorio y vecinos. Este medio se puso en contacto ayer con la empresa Sifu sin obtener respuesta pero con toda probabilidad no se quedará con los brazos cruzados. Por su parte, los vecinos tienen seis meses de tiempo a partir de que presentaron las reclamaciones patrimoniales (a título individual) para ir por la vía contencioso-administrativa si el Consistorio no les da una respuesta que ellos consideren correcta.
Comisión de Obras de urgencia hoy
Muchas incógnitas en el aire y pocas respuestas sobre la mesa. Algunas se podrían resolver hoy en una comisión extraordinaria de Obras que convocó ayer de urgencia su presidenta, la edil del PAR Berta Zapater, para que todos conozcan de primera mano qué dice el informe y qué pasará a partir de ahora. A parte de un representante de todos los grupos políticos, lo normal en esta reuniones, también se ha convocado al letrado, la arquitecta y técnico de Medio Ambiente.
Ayer estuvieron en el cerro geólogos de la empresa Geoscan, que está realizando un informe hidrogeológico del cabezo.
Tanto los grupos de la oposición como la Plataforma de Afectados se enteraron tanto del contenido como de que había llegado el informe de la aseguradora a través de los medios de comunicación que dieron difusión al comunicado del Consistorio, algo que les molestó al entender que tendrían que haber sido conocedores antes de haberse hecho público.
De hecho, hasta los ediles del PAR, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, conocieron el informe por la prensa. Y es que el equipo de gobierno de Alcañiz ha optado por la callada por respuesta. Al ser preguntado por este medio, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, asegura que «va a seguir apoyando a los vecinos» pero que «ya hay un responsable y por lo tanto el Ayuntamiento debe actuar en base al citado informe».
«Desamparo» a los vecinos
Los vecinos denuncian que un año después siguen en una total «incertidumbre» y están desatendidos por parte de las administraciones tanto a nivel económico como de información. «No sabemos si la aseguradora tiene potestad final en este asunto porque le quitan la culpa al Ayuntamiento y se la pasan a la subcontrata, que imagino que también se quitarán responsabilidades», comenta uno de sus portavoces, David Miranda.
Piden la dimisión de Suso
Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. El PSOE pidió el miércoles en rueda de prensa la dimisión del alcalde por su «dejadez y falta de reacción». Desde Ganar reclamaron en nota de prensa un «informe independiente» al entender que el de la aseguradora puede ser tendencioso y criticaron que Suso no dijera que tenía el informe en el pleno del día 9. Por último, C»s criticó ayer en un comunicado que se ha ocultado información «muy relevante».
Hay mucha ocultación y mucha mentira , y corrupción, en este asunto.
Se debe encargar una investigación seria a las oficinas de la Unión Europea, mas seria, verídica e imparcial.
Lo que diga la empresa de seguros es una falsedad casi siempre. No sirve para nada tener un seguro de esta empresa. Son una tomadura de pelo. No pagan nunca nada. Siempre dan la culpa a otro que no sabe nada. Perder tiempo y dinero.
Una denuncia penal es lo que corresponde.
Porque un contencioso administrativo en Teruel, tampoco es serio. Perder mas tiempo y dinero . Todo es una burla.
Lo primero, que dimitan los de esta administración pública.
En Alcañiz, misteriosamente, se están derribando muchas viviendas. Se causan daños a los bienes de las personas, y no quieren repararlos. No se respetan los derechos. Se viola el articulo 33 de la Constitución. Yo me pregunto cuantos delitos y negocios sucios hay detrás de todo esto.
Es muy sencillo. La restauración innecesaria de la torre gótica cuesta un millón de euros.
La restauración de La Giralda de Sevilla, ha costado sólo la mitad, 500.000 euros.
Allí se conocían las causas, y se han conocido los trabajos y los resultados. Aquí, no se informa y no se conoce nada.
Lógico, con un sobrecoste tan exagerado, alguien se queda con 400.000 euros en su bolsillo particular.
El constructor que se adjudicó por amiguismo clientelar partidario el contrato de obras públicas, ha tenido que pagar una comisión del 10 %
Todo esto se hace delante de las narices de todo el mundo, en la misma plaza, y todos lo ven y lo saben.
Nadie dice nada.
Es muy fácil encargar una inspección seria de seguimiento y valoración, para constatar que te toman el pelo.
Mientras los ciudadanos de Alcañiz permitan esta falta de respeto, o abuso de poder, no podrán reclamar nunca sus derechos en el desastre del cerro Pui Pinos, ni en ninguna parte, y mientras se contraten a empresas de seguros tan fraudulentas,e hipócritas, será una burla continua.
Alguien tiene que decir que esto no es serio, y que no está de acuerdo.
Tienen que participar expertos inspectores de la DGA, y de la oficina antifraude contra la corrupción de la Unión Europea.