El proyecto ha sido el principal asunto abordado en la Bilateral Aragón-Estado
La preocupación por el futuro de la cuenca minera turolense tras la decisión de Endesa de no invertir en la Central Térmica de Andorra y, por tanto, dejarla «morir» en 2020 llegó ayer a la Comisión Bilateral Aragón – Estado que se celebró en Zaragoza y que presidieron la ministra de Política Territorial y Función Pública del Gobierno Central, Meritxell Batet, y el consejero de Presidencia del ejecutivo autonómico, Vicente Guillén. No quedaba otra que hablar sobre el asunto del que está pendiente todo Aragón y, de paso, dar algo de luz a una situación que se prevé «traumática» en el territorio. La esperanza tomo forma de proyecto hidráulico y la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra, que aseguraría el suministro de boca, agroalimentario e industrial en los pueblos mineros, se llevó todo el protagonismo de la cita.
«La administración general del Estado se ha comprometido a realizarlo sin dilación a través de la empresa pública Acuaes y con respeto a la directiva europea de aguas. Espero que se pueda comenzar con la máxima celeridad posible», dijo con rotundidad la Ministra tras el encuentro, aunque prefirió no establecer plazos. No obstante, recalcó que se realizará a través de la empresa pública Acuaes, lo que permite que no sea necesario un acuerdo presupuestario. «Sin agua no hay reindustrialización, ni se puede llevar a empresas. Tampoco se pueden aspirar a poner en marcha regadíos sociales, que sería otra de las alternativas. Sería una de las primeras infraestructuras a realizar en esta zona», añadió Guillén.
Así hablaban ambos representantes políticos de un proyecto millonario que de novedoso tiene poco. Su primera fase se concluyó en 2012 con una inversión de 26 millones de euros de fondos mineros correspondientes al Plan del Carbón 2006-2012. Pero la segunda fase sigue pendiente. Es más, el proyecto se puede considerar ya una «reivindicación histórica» que, como tantas otras, lleva varios años de cajón en cajón; de administración en administración; y de Ministerio en Ministerio.
Aunque no estaba en el orden del día, ambas administraciones hablaron también sobre el cierre de la Térmica de Andorra. La ministra incidió en que la solicitud aún no está encima de la mesa y se remitió al compromiso de la Ministra de Transición Ecológica de que el cierre de Andorra no se aceptará si no va acompañado de un plan de apoyo al territorio.
Encomiendas, proyectos y retrasos…
La ejecución de la primera fase de la obra de la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra se realizó en Aragón a través de una «encomienda de gestión», herramienta que recoge el estatuto de autonomía por la que el ejecutivo central cede una competencia concreta a DGA para acelerar proyectos de máximo interés. De este modo, se formó la Mancomunidad de la Elevación de Aguas a Andorra integrada por los alcaldes de los municipios a los que afecta Albalate, Andorra, Alloza, Ariño y Alcorisa. Las actuaciones de la primera fase consistieron en instalar una toma para sacar agua del río Ebro en Escatrón; construir una tubería hasta Val de Arcos (Andorra) de más de 37 kilómetros pasando por Samper de Calanda; y en instalar las estructuras de las estaciones de bombeo en Samper y Val de Arcos.
Una vez terminaron estos trabajos, la segunda fase quedó paralizada por falta de presupuesto. El Gobierno Central, entonces gobernado por Mariano Rajoy, no presupuestaba dinero para acometer los trabajos. Así las cosas, en 2013 el ejecutivo autonómico, gobernado por Luisa Fernanda Rudi, decidió devolver la encomienda de gestión al Ministerio sin consultar a la Mancomunidad, que se mostró «indignada».
Entre tanto, se tuvo que llevar a cabo una modificación en el proyecto de esa segunda fase, puesto que estaba valorada en 35 millones de euros e incluía obras que no eran necesarias. Finalmente, se aprobó un proyecto que ronda los 22 millones de euros y es el que está a la espera.
En la segunda fase quedan pendientes 12 kilómetros de tramo de tubería hasta la balsa de Piogordo (Alloza), el punto más alto de la zona y desde donde bajará, por su propio peso, el agua hasta Alloza, Alcorisa, Ariño y Andorra a través de diferentes ramales. Por su parte, hasta Albalate el agua bajará directamente desde la Val de Arcos. También habrá que terminar las balsas de las estaciones de bombeo así como instalar la línea eléctrica.
Otros asuntos de la Bilateral
La despoblación fue otro de los grandes asuntos abordados. La ministra subrayó que el Gobierno ha dado «la máxima importancia» al Reto Demográfico con la creación de un Comisionado específico para esta materia y anunció la presentación de una estrategia de actuación en 2019. Al respecto, cabe resaltar que la comisionada, Isaura Leal, se reunió ayer con un grupo de expertos para desarrollar dicha estrategia. Este grupo está integrado por profesionales, emprendedores y profesores que trabajan o han trabajado en múltiples cuestiones relacionadas con la demografía y sus efectos en el territorio. Representando a Aragón estuvieron los oscenses Sixto Marín (arquitecto), Aurelio García (consultor) y Carlos Barrabés (empresario); y Luis Antonio Sáez Plaza (Profesor de Universidad de Zaragoza y Director de la Cátedra de Despoblación y Creatividad).
En el apartado de inversiones estatales en infraestructuras de transporte y de aguas, aparte del compromiso sobre la elevación de aguas a Andorra, la ministra explicó que ambos gobiernos analizarán el grado de ejecución y realización de los compromisos adquiridos y a partir de ahí el Ministerio de Fomento completará un informe para priorizar las actuaciones y desarrollarlas «lo más rápido que podamos». El informe concretará, entre otras, las actuaciones en relación con el desdoblamiento de la N-II y la N-232; las actuaciones en relación con la A-40 (tramo Cuenca-Teruel) y la N-260; las actuaciones en la variante de Alcorisa. En lo que respecta a infraestructuras hidráulicas, el informe incluirá la regulación de las balsas laterales del Tastavins y del Algás.
Las críticas de la oposición en Aragón al resultado de la Comisión no se hicieron esperar. Desde el Partido Popular, la portavoz Mar Vaquero criticó el «conformismo» y «dejadez» de las dos administraciones. «Se trata de una reunión que se ha preparado con prisas, con improvisación, como si fuera un trámite y que ha evidenciado la falta de prioridades de ambos Gobierno a la hora de acometer proyectos prioritarios en Aragón», dijo.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en las Cortes, Susana Gaspar, lamentó que el Gobierno de Aragón «no haya contado con los grupos políticos para llevar a la comisión bilateral una voz conjunta de todos los aragoneses» y que «se hayan vendido como grandes ideas y acuerdos nuevos algunas cuestiones que ya tendrían que estar solucionadas».
También Podemos analizó el encuentro. Su portavoz en las Cortes, Maru Díaz, valoró que para lo único que sirvió la Bilateral fuer para salir con una «nueva bonita foto», ya que solo se acordó «volver a pactar sobre lo ya pactado». En la misma línea se manifestó la diputada de IU en las Cortes, Patricia Luquin, que trasladó «absoluto escepticismo» ante los acuerdo.
Desde el PAR, su portavoz Arturo Aliaga consideró que la Bilateral «se ha convocado en un plazo razonable, pero echamos en falta más compromisos concretos ante la cantidad de asuntos que tiene la Comunidad con la Administración general». Desde CHA Teruel consideraron «insuficientes» y poco concretos los acuerdos. «Esperamos que la visita de la ministra clarifique la situación», añadió Chema Salvador.
MARÍA QUÍLEZ
