El guardia civil que recibió un disparo del Rambo de Requena en el tiroteo que se produjo en un callejón de Muniesa el 8 de junio de 2020, cuando dos agentes se acercaron a identificar al sospechoso de haber robado un vehículo horas antes en El Castellar, vivió un calvario a causa de las heridas sufridas.
El cartucho cargado con postas que salió de la escopeta de cañones recortados que llevaba Pedro Lozano, apodado el Rambo de Requena, reventó el brazo del agente, quien lo tenía levantado a la altura del tórax porque intentaba desencasquillar su arma reglamentaria, atascada tras haber disparado.
Según ha explicado este miércoles la médico forense que ha declarado en la segunda y última sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Teruel por aquellos hechos, el guardia civil, ingresado en planta en el hospital Miguel Servet de Zaragoza tras dos días en la uci, tuvo que pasar por el quirófano siete veces en 44 días y en cada una de ellas tuvo que ser sometido a anestesia general. A los tres meses hubo de ser intervenido quirúrgicamente de nuevo. El agente, tras ocho meses y 150 sesiones de rehabilitación, no logró recuperar toda la sensibilidad en el brazo y la muñeca, no puede girar totalmente la mano y ha perdido el movimiento fino. Sufre estrés postraumático, con tendencia a la depresión y «desesperanza hacia el futuro», pues las secuelas podrían impedirle ejercer su trabajo de guardia civil.
A la vista de los daños, la fiscal ha elevado en 38.000 euros la compensación económica para el agente herido que solicitaba inicialmente y que ahora ha fijado en casi 181.000 euros. También el abogado de la acusación popular, Mariano Tafalla, que representa a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ha modificado sus conclusiones provisionales, considerando que el ataque al agente malherido por parte del Rambo de Requena constituye un intento de asesinato y no de homicidio como afirmaba al principio, pues Lozano se habría acercado intencionadamente al guardia civil y habría apoyado el arma en la cadera para disparar a zonas vitales de su víctima y asegurar su muerte. «Disparar a agentes de la Guardia Civil no puede quedar inmune», ha destacado el letrado.
La acusación particular, en manos del abogado Jorge Piedrafita, ha ratificado su petición de condena de 61 años de cárcel para Lozano, al estimar que el acusado trató de asesinar a los dos efectivos. La defensa, por su parte, ha mantenido la misma postura inicial, según la cual su defendido no tenía intención de matar y solo buscaba huir, si bien causó lesiones graves por las que debería cumplir no más de 2 años de cárcel. El juicio ha quedado visto para sentencia.
