Ya han comenzado las declaraciones de los testigos en la causa abierta en el caso del Rambo de Requena, en prisión provisional después de ser detenido en junio en Andorra tras una persecución de más dos horas en la que un agente de la Guardia Civil de Loscos que trabaja en el cuartel de Muniesa resultó gravemente herido por dos disparos en el abdomen y en el hombro.
Este jueves declararon el Juzgado de Instrucción de Calamocha ante la jueza Ana Isabel Aliaga los agentes de la Guardia Civil que trataron de detener al investigado en Muniesa y otros dos testigos. El vecino de Muniesa al que le robó un vehículo Citroën C15 y Salomón Amador, un andorrano que se cruzó con él e intentó atropellarle. No lo consiguió y el delincuente se metió en su coche. Amador dejó al fugitivo junto a la cuesta de la Paloma "donde sabía que no tenía escapatoria" y de ahí el Rambo empezó a subir un área montañosa donde finalmente fue abatido en campo abierto casi a las seis de la tarde.
En la declaración, los agentes que detectaron al Rambo de Requena y que fueron tiroteados al tratar de proceder a su identificación, detallaron los hechos sucedidos. Mantuvieron que el Pedro Lozano, conocido como el Rambo de Requena, «de forma consciente para eludir su detención trató de acabar con la vida de los agentes mediante una acción de emboscada premeditada, disparando a los mismos a la cabeza, de forma sorpresiva y con ventaja, además de tratar de coger a uno de ellos por la espalda cuando estaba protegiendo a su compañero» según asegura su abogado, Jorge Piedrafita.
Piedrafita, única acusación presente en la sala, se muestra satisfecho tras las declaraciones, ya que las mismas «acreditan de forma nítida que el investigado de forma consciente y en plenas facultades, al verse detectado y para eludir la detención, de forma premeditada emboscó a los agentes de la Guardia Civil». «Les disparó de forma sorpresiva a la cabeza, a uno de ellos con alevosía por la espalda (acabando gravemente lesionado en un brazo al cubrirse del disparo), usando munición modificada para tratar de acabar con la vida de los agentes, siendo la pericia profesional de estos lo que evitó que lograra su objetivo, además de obligarle a huir del lugar de los hechos evitando ningún riesgo a la ciudadanía», detalla el letrado.
Piedrafita adelanta que mantendrá una acusación firme y vigilante «practicando y proponiendo todos los medios de prueba precisa, para que el investigado reciba la máxima pena por las dos tentativas de asesinato, tenencia ilícita de armas, robo, daños y resto de delitos que se imputan al investigado, al efecto de salvaguardar los derechos de los agentes que estuvieron a punto de perder la vida, resultando gravemente lesionado uno de ellos, al cumplir profesionalmente con sus cometidos de protección de la seguridad ciudadana».
