A punto de cumplirse una semana desde que los vecinos fuesen alertados del mal estado en el que se encontraba su casa, los técnicos continúan evaluando sobre el terreno. A falta de disponer del informe concluyente, las inspecciones revelan problemas en la cimentación y asentamientos, además de roturas en la red de saneamiento, que podrían haber contribuido a la acumulación de agua y la consiguiente humedad. Para dar certeza a los indicios, se está a la espera del informe del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que complementará al que realizaron los técnicos municipales en una primera instancia.
Los resultados determinarán si las familias que salieron de sus casas el viernes pueden regresar o, por el contrario, el inmueble se declara en ruina. En cualquier caso, ni una opción ni otra será rápida, entre otras cosas, porque la titularidad del inmueble se encuentra en un limbo después de que la propietaria falleciese hace unos meses sin familia directa y sin que nadie se haya hecho cargo del edificio. "El Ayuntamiento está actuando preservando la seguridad de las personas y ha encargado el informe, que está muy bien encargado, pero debe resolverse la cuestión de los propietarios porque son los responsables primeros", explica Pilar Abad, presidenta de la Agrupación de Arquitectos Peritos Forenses de Aragón, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos. "Habrá que realizar los ensayos técnicos y de laboratorio que dictamine el técnico y, luego, una vez dictaminado, si se decide reparar en caso de que sea posible, habrá que hacerlo antes de que las personas puedan volver y lleva tiempo como para dar plazos a la solución de la situación aunque se emita el informe. Lo que había que hacer de un día para otro se hizo, que era evacuar para garantizar la seguridad de las personas, puesto que no podemos determinar en qué momento puede colapsar un edificio; siempre hay indicios, pero no sabemos cuánto tiempo llevan esos indicios mostrándose", añade.
En el primer informe ya hay grietas y fisuras evidentes, así como problemas en los cimientos y asentamientos y la rotura de la red de saneamiento, por lo que el desalojo del inmueble facilita la inspección al no haber personas empleando agua y contribuyendo a la acumulación. Queda por determinar qué tipo de características tiene el suelo mediante estudios geotécnicos en un edificio construido. Hay que determinar cómo es la cimentación del edificio y para eso en la investigación se recurrirá al archivo para consultar el proyecto que le dio origen. "Para poder determinar con certeza la situación actual del inmueble, se requiere una serie de pruebas que el técnico que se ha desplazado va a tener que estudiar y solicitar concretamente las que procedan al caso en concreto", apunta.
En cuanto a los 57 vecinos que salieron de sus casas el viernes, este lunes pudieron regresar a por más pertenencias y continuar con el desalojo. Ellos no prevén obtener una solución inmediata y muchas familias ya están buscando otras viviendas por su cuenta. La mayoría son migrantes, apenas conocen el idioma y están recibiendo el apoyo de los servicios sociales comarcales y municipales debido a su situación de vulnerabilidad.
La importancia de las revisiones y la figura del arquitecto como "un doctor del edificio"
Esta es una de las muchas situaciones en las que actúa el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que en este caso fue contactado por parte del Ayuntamiento de Caspe, solicitando esta asistencia y se designó a uno de los técnicos especialistas que forman parte de la agrupación para viajar hasta la localidad y analizar el lugar. Cabe destacar que el de Caspe no ha sido un caso aislado, y que en todo Aragón se están dando situaciones de edificios en riesgo de colapso y sus consiguientes desalojos. La ley urbanística de Aragón indica que es el propietario quien debe hacerse cargo de mantener el edificio correctamente. "Este dato es muy importante, porque muchas personas que tienen edificios a veces en pueblos muy pequeñitos y son cuestiones de herencias con varios propietarios, se abandonan porque no se aceptan y da lugar a mucho patrimonio que queda perdido en el limbo y que se va deteriorando y degradando con el tiempo", relata Abad. "Es en esos edificios en los que hay que concienciarse de que hay que hacer alguna actuación y, de alguna manera, también administrativamente se tendría que poder resolver o ejecutar estas situaciones de manera más ágil", añade.
Recuerdan que la ley establece en Aragón que, a partir de los 20.000 habitantes, tiene que haber unos informes técnicos de evaluación de la edificación. En muchas ocasiones, en los pueblos de menos habitantes, subsidiariamente debe intervenir el ayuntamiento en cuestión, pero solo cuando hay riesgo para las personas y la vía pública. En esos casos se tramitan los consiguientes expedientes de ruina y se intenta trasladar ese coste a los propietarios de esos inmuebles, pero cuando no hay, es cuando hay que ver que el ayuntamiento puede hacerse con la propiedad mediante un embargo. "Son una serie de cuestiones jurídicas que ya son temas complicados", valora.
Respecto a las revisiones, desde el Colegio Oficial recuerdan que se puede hacer una revisión a un edificio contratando a un técnico especialista. No siempre implica que haya que realizar catas o pruebas, sino que con una inspección ocular basta para ver si existen problemas, como sucedió en Caspe, "donde entró el arquitecto municipal y vio la gravedad". En este caso el inmueble estaba habitado, por eso incide en la importancia de realizar un mantenimiento, porque no siempre los edificios desde el exterior manifiestan problemas. "Es importante tener la figura de ese arquitecto como un doctor del edificio; hay que ver en qué momento empieza a haber algún problema y se puede actuar de manera de reparación, pero si nos llaman cuando ya está casi difunto...", concluye.
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