Las familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en marzo de 2011 en Villastar, en el que murieron seis bomberos forestales de la helitransportada de Alcorisa y otro resultó gravemente herido, no recurrirán el archivo definitivo de la causa que la Audiencia de Teruel dictó hace dos semanas por haber prescrito el caso. La decisión pone fin a la vía penal abierta para depurar responsabilidades en el siniestro, que se produjo al estrellarse contra el suelo, debido a un fallo mecánico, el helicóptero en el que viajaban los siete brigadistas.
El abogado que representa a las familias de los fallecidos, Jorge Cuadra, estima que no es recurrible el fallo de la Audiencia. Según explica, no cabe la vía de recurso de casación ante el Tribunal Supremo puesto que el suceso no dio lugar a un sumario sino a un procedimiento abreviado, al seguirse las diligencias por los delitos de homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.
La única opción que queda y que los afectados van a estudiar es presentar en el Ministerio de Justicia, por vía administrativa, una demanda de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Justicia. En opinión del letrado, el caso ha prescrito por la demora procesal que provocó un error de la propia Audiencia, al no comunicar a las familias que el fiscal había solicitado el sobreseimiento y privarles de su derecho a oponerse. A raíz de este problema, reconocido con posterioridad por el alto tribunal turolense, los afectados acudieron al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dictaminó que los demandantes no habían tenido un juicio justo. Tras ello, pasando antes por el Tribunal Supremo, el asunto volvió a los juzgados turolenses.
Cuadra lamenta, en nombre de los familiares, que el caso se cierra «sin que haya quedado aclarado quién tuvo la responsabilidad del accidente». «Es una pena, porque, al final, el objetivo de todo es que no se vuelva a repetir un suceso así», agrega el abogado. Pese a ello, Cuadra destaca que el proceso judicial no ha sido en vano. «Ha servido para que se sepa que la gente está dispuesta a luchar hasta el final y no asume, como ocurría en épocas pasadas, que fue un accidente sin más».
El abogado de las familias achaca «falta de diligencia» a las empresas y organismos que participaron en la puesta en servicio del helicóptero siniestrado. Añade que, al menos, al reconocer la Audiencia de Teruel su error, «la imagen de la Justicia mejora».
