La capital turolense acogió este jueves la visita del secretario de Estado de Política Territorial, Víctor Francos, anunció que el FITE 2021 se firmará «antes del verano» y que el segundo semestre lo dedicarán a «preparar el Fondo de 2022».
La visita sirvió para que Gobierno de Aragón, Gobierno central y los agentes sociales turolenses mantuvieran la tercera reunión de cara a consensuar propuestas para el Fondo de Inversiones de Teruel 2021. Junto a Francos, la consejera de Presidencia de la DGA, Mayte Pérez, y la delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría; se sentaron representantes de CEOE, CEPYME, Cámara de Comercio, CCOO y UGT.
El convenio para este año está dotado con 30 millones de euros a cargo del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y otros 30 por parte del Gobierno de Aragón. Se suman 11,3 millones de euros correspondientes a proyectos de ejercicios anteriores que no se pudieron ejecutar. En este sentido, Francos destacó el compromiso del Gobierno con mantener el carácter plurianual del convenio, para facilitar que, independientemente de cuando se firme, su ejecución sea efectiva desde el 1 de enero del año correspondiente.
Corregir desigualdades
Como recordaron desde el Ejecutivo, el Convenio FITE está destinado a financiar proyectos de inversión que corrijan las desigualdades estructurales de la provincia de Teruel y promuevan la creación de un espacio de competitividad que favorezca la generación de actividad económica y de empleo.
En concreto, se trata de actuaciones dirigidas a la mejora de infraestructuras de transportes y comunicaciones, el apoyo a iniciativas empresariales, la puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social, el desarrollo de la sociedad de la información y la promoción de la cohesión social (educación, asistencia sanitaria y servicios sociales), entre otros.
El secretario de Estado visitó el Aeropuerto de Teruel, a cuyo desarrollo ha contribuido la financiación del FITE. Según ha valorado, los proyectos incluidos en este convenio no son programas aislados, al contrario, «generan riqueza, son tractores que generan ecosistema». Con estas inversiones se cumple con el artículo 158 de la Constitución Española, que reconoce el principio de solidaridad como un instrumento para atenuar las desigualdades territoriales y procurar la cohesión interna como un objetivo de la política económica y social.
