La base de la brigada helitransportada de Alcorisa acogió este domingo un emotivo recuerdo a los seis bomberos forestales fallecidos en un accidente de helicóptero a causa de un fallo mecánico cuando se dirigían a sofocar un incendio entre Villastar y Villel el 19 de marzo de 2011. Este año se cumplen 12 años del fatídico suceso en el que solo uno de los siete brigadistas antiincendios lograba sobrevivir, aunque resultando gravemente herido.
El recuerdo de los víctimas continúa intacto tanto entre compañeros como familiares y amigos. Este año se preparó un pequeño jardín floral delante del monolito en el que figuran sus nombres y también se pronunciaron unas palabras en su honor. Además, como cada año, los familiares asistentes depositaron un centro de flores a modo de homenaje de los seis compañeros que perdieron su vida en la lucha contra los incendios forestales.
Además, hubo quien volvió a reunirse el domingo en Alcañiz en un acto al que asistieron los familiares de las víctimas de esta localidad. A su vez, en diferentes puntos de Aragón, Agentes para la Protección de la Naturaleza, brigadistas y pilotos también dedicaron minutos de silencio en su recuerdo.
Los seis fallecidos fueron Angus Thomson, de 35 años, de Alcañiz; José Ramón Milián, de 24 años, de Alcañiz; Francisco Javier Benaque, de 33 años, de Andorra; Esteban Galve, de 35 años, de Andorra; el piloto Albert Batlle, de 38 años y residente en Manresa (Barcelona); y el agente de protección de la naturaleza Rafael Andreu, de 40 años, de Torre de Arcas. El único superviviente, que resultó gravemente herido, fue Ángel Aznar, natural de Zaragoza.
En su día, la investigación determinó que una de las piezas no había superado las inspecciones pertinentes pero el caso se cerró sin responsables.
La Audiencia de Teruel archivó la causa en 2015 a petición del Ministerio Fiscal sin haber dado traslado previamente a las acusaciones de la solicitud realizada por la Fiscalía. La viuda de Esteban Galve acudió entonces al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en octubre de 2020 afirmó que las familias de las víctimas no tuvieron un juicio justo al no haber tenido la oportunidad de alegar contra la petición de archivo de la Fiscalía. También apeló al Tribunal Supremo, el cual rechazó revisar el caso, pero emplazó a la recurrente a pedir en el juzgado la subsanación de cualquier vulneración. En 2021, tres familias de las víctimas presentaron la solicitud de reapertura de la investigación, aunque esta fue denegada al «no poder retomar las diligencias estar vigente el archivo dictado en 2015». Finalmente, en 2022 la Audiencia de Teruel archivaba definitivamente el caso.
