«Explicarlo aquí ahora es fácil, pero la incertidumbre vivida durante estos tres meses con reuniones diarias del gabinete de crisis ante una situación cambiante y desconocida hasta ahora ha hecho imprescindible la labor de coordinación con las comarcas y los ayuntamientos». Así resumió este lunes la gestión realizada frente a la crisis del covid-19 el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez, durante su comparecencia en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario a propuesta de la consejera del ramo, Mayte Pérez.
Ibáñez explicó que esa coordinación entre la Administración autonómica y las entidades locales ha consistido, en primer lugar, en la puesta en marcha de una línea telefónica novecientos, que ha atendido más de un millar de llamadas para resolver todo tipo de cuestiones referidas a la emergencia sanitaria los siete días de la semana en turnos de mañana y tarde. Paradójicamente, el 67% de esas llamadas fueron realizadas por particulares, mientras que únicamente un 20% de ellas correspondió a representantes de ayuntamientos y comarcas. Una circunstancia que para el director general puede indicar «que el resto de canales de información han debido de funcionar muy bien».
La otra gran medida adoptada han sido las unidades de coordinación operativa comarcal, que ha pretendido replicar para las comarcas el esquema del CECOP y que han celebrado nueve videoconferencias para exponer las medidas de activación durante la emergencia sanitaria. En ellas han participado representantes comarcales, de las direcciones generales de Administración Local y de Interior y Protección Civil así como de Presidencia. Además, según las necesidades planteadas, se han ido incorporando portavoces de otros departamentos.
Uno de los temas que salieron a colación fue el de la oportunidad que se presenta para el medio rural para ser un foco receptor de nuevos habitantes en esta llamada nueva normalidad. Ibáñez se mostró de acuerdo pero lo llevó más allá del teletrabajo como ventaja. "No sólo para eso, para lo que es fundamental tener una conectividad adecuada, sino también como lugar de producción", dijo. Recordó la petición del alcalde de Andorra, Antonio Amador, de ser lugar de fabricación. "Sectores como el textil se desmantelaron y en el medio rural se pueden instalar fábricas que surtan de material como reivindicó el alcalde andorrano hace unos días", añadió.
Darío Villagrasa (PSOE) pidió «empatía» para los responsables que han tenido que tomar decisiones sin el conocimiento presente y alabó la labor de coordinación del Ejecutivo y medios como la línea telefónica dispuesta para resolver las múltiples dudas de unos alcaldes que han trabajado para garantizar la protección y la salud de sus vecinos sin reparar en el reparto entre competencias propias e impropias.
Desde el PP, Mar Vaquero interpretó el dato del escaso uso que los alcaldes han realizado de la línea telefónica como un reflejo de que los ayuntamientos «se han sentido solos y abandonados y se han tenido que buscar la vida» y han ido «por delante» de una Administración autonómica «que no ha sido un referente» .
Para Beatriz García (Ciudadanos), los ayuntamientos han «dado el callo» para llegar allí donde no lo han hecho el resto de administraciones, pero lo han hecho como «pollos sin cabeza» porque los recursos del Ejecutivo «no han sido suficientes, han llegado tarde o no se han coordinado». Por ello pidió el uso del remanente más allá del 20%, los servicios sociales o las inversiones sostenibles y que no compute en el techo de gasto porque se trata de una situación «extraordinaria».
Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón) reclamó para las entidades locales el uso del superávit que medidas «austericidas» como «la ley Montoro» impidieron emplear durante la pasada crisis para que no se siga dando el «vaciamiento» de los pueblos «porque Aragón, sin sus pueblos, no existiría».
Carmen Martínez (CHA) llamó a mantener en el tiempo la coordinación puesta en marcha con motivo de la pandemia y a lograr una voz unánime en el Congreso para que los ayuntamientos puedan hacer uso del remanente «porque son los que menos deuda generan y los que más cerca están de los ciudadanos».
David Arranz (Vox en Aragón) se mostró a favor de medidas de flexibilidad financiera para los ayuntamientos como la derogación de la regla de gasto porque estas entidades locales se han revelado como «una red de protección social» que ha abordado cuestiones que excedían sus competencias y porque ello puede favorecer «una vuelta al medio rural» para la que ha estimado necesarios servicios como la conectividad.
Jesús Guerrero (PAR) reivindicó el papel de las comarcas y los ayuntamientos durante la crisis del covid-19 y reclamó una financiación que se atenga al sobrecoste que conlleva la prestación de servicios en poblaciones pequeñas y dispersas «porque todos no podemos ni queremos irnos a vivir a Madrid», ha asegurado.
Álvaro Sanz (IU) señaló la importancia de la coordinación con los ayuntamientos, tras constatar una «disparidad» de acciones en medio del «descontrol» de las primeras semanas de la crisis, porque, a su juicio, los entes locales tienen un papel muy relevante en la recuperación económica y la aplicación de políticas sociales para lo que ha reclamado decisiones para mejorar su financiación.
Si, pero la dichosa regla de gasto, no hay manera de hacerla desaparecer.
Con los rápidos que son para saturarnos de leyes y subirse el sueldo los diputados, y lo que les cuesta hacer los cambios que hay que hacer. Es decir quitarla.