En los 1.424 folios de los que se compone el informe de la Unidad Central Operativa Medioambiental de la Guardia Civil (la Ucoma) entregado al juez número 1 de Teruel la pasada semana, los agentes indican que hay un estamento autonómico clave para que Forestalia haya obtenido en la inmensa mayoría de los casos la declaración de impacto ambiental positiva para sus proyectos eólicos en suelo aragonés: el Inaga. Sin su connivencia –identificada en la persona de Jesús Lobera Mariel, que fue director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental entre los años 2016 y 2023, no hubiera sido posible elevar las evaluaciones ambientales ni tan ágilmente ni tan favorables a la empresa de Fernando Samper. Eso es lo que suscriben los agentes, que además apuntan más alto, su inmediato superior, el consejero Joaquín Olona Blasco, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón durante las dos legislaturas de mandato de Javier Lambán (2015-2023).
En el informe, que compone las actuaciones del juez Juan José Cortés Hidalgo en Teruel sobre las que ha levantado el secreto de sumario, la Guardia Civil identifica a Lobera como "una figura relevante" en la administración ambiental de Aragón, vinculada directamente a la gestión de expedientes bajo sospecha. Tenía un papel clave «en las presiones ejercidas a funcionarios autonómicos para lograr informes favorables para Forestalia», dicen, y a él el juez le atribuye haber reorganizado incluso las competencias de forma anómala dentro del Inaga para eludir ciertos controles técnicos. Durante su etapa al frente del instituto aragonés, solo hubo tres informes negativos para la propiedad de Fernando Samper.
La Unidad Operativa de Medioambiente del Seprona recoge explícitamente: "La etapa de Lobera al frente del Inaga coincide con el periodo de fuerte expansión de proyectos eólicos y fotovoltaicos bajo el Gobierno de Lambán y la Consejería de Olona. Lobera, como máximo responsable del Inaga, estampa su firma en resoluciones y declaraciones de impacto ambiental (DIA) que se sospechan fueron irregulares porque «favoreció la fragmentación de proyectos del grupo Forestalia» para evitar el control estatal. El "modus operandi" de Forestalia era adjudicar sus proyectos a empresas de bajo valor (de ahí lo de la fragmentación para evitar el procesamiento) que la compañía misma había auspiciado o bajo su entramado societario y así diluir su figura.
Bajo la dirección de Lobera, además, el Inaga «externalizó» el apoyo técnico en la evaluación de los expedientes. El informe investiga si estas empresas externas contratadas ‘ad hoc’ (mencionándose a VEA GLOBAL, NATURAL RESOURCES, CALIDAD Y ESTUDIO o SATEL) ejercían su labor con un claro conflicto de intereses "al trabajar simultáneamente para los promotores, como Forestalia, y para la administración evaluadora", en este caso el organismo del Gobierno aragonés.
Cambios de criterio injustificados y despido del díscolo
A Lobera se le señala por permitir que los promotores aportaran documentación clave (como los estudios de avifauna) fuera de los plazos convenidos de información pública y convertía impactos ambientales de «incompatibles» a «compatibles» para facilitar la aprobación de los parques eólicos y su adjudicación posterior a Forestalia.
Llaman la atención algunos extractos del informe donde los agentes relatan cómo procedía el director general del Inaga, al margen de la legalidad vigente: «Testigos (los funcionarios del Inaga cuyos testimonios han recabado los agentes desde que inician estas diligencias, el 16 de julio de 2024) apuntan a las "situaciones extrañas" y a cambios de criterio injustificados en sus informes, que pasaban de ser negativos a positivos en proyectos del Grupo Forestalia".
Se relatan también "amplios conflictos" de una técnica del Inaga con su superior, el director, debido a sus informes desfavorables a proyectos de esta empresa, técnica que, según se testifica, fue posteriormente apartada de sus funciones. Esta trabajadora fue despedida de su puesto en el Inaga por oponerse a los cauces que estaba adoptando Lobera». Los agentes escriben que la emisión de informes negativos «finalizó con el castigo de retirar a una técnica de Inaga de su puesto». El informe recoge con nombres y apellidos quién es esta profesional despedida.
Frente a ella, Lobera escogió como el responsable de toda la supervisión de los proyectos de renovables a una persona dentro del instituto que es veterinario, por lo que sus compañeros declaran ante la Guardia Civil que "poseía criterios técnicos muy limitados en cuanto a la evaluación ambiental".
El papel "permisivo" del consejero Olona
Su inmediato superior, el consejero Olona, siempre defendió la legalidad de los expedientes del Inaga y negó que existiera una instrucción política para favorecer a la empresa aragonesa. Atribuía también en su momento el gran volumen de expedientes tramitados al ‘boom’ de las renovables, pero su gestión es señalada por los agentes de la unidad especializada de la Guardia Civil porque durante su mandato presuntamente «la administración autonómica mostró permisividad y pasividad» ante la práctica de fragmentar proyectos para evitar el control del Gobierno central y ser tramitados en Aragón si así iban a obtener mayores «facilidades». Como citábamos con anterioridad, a principios de 2021, el Inaga realizó contratos con tres empresas externas para dar apoyo técnico en la evaluación de renovables, con el supuesto conflicto de intereses de que trabajaban para Forestalia y para la Administración autonómica.
Domínguez, el facilitador para Samper
Tal y como se ha publicado durante los últimos días, los agentes señalan como "el facilitador clave" de todas las DIA favorables a Forestalia a un ex alto cargo del Ministerio dirigido por Teresa
Ribera, el entonces subdirector general de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez Collado, que habría creado un cauce paralelo para administrar los beneficios económicos que supuestamente le proporcionaba amañar, falsificar o agilizar DIA. «5,2 millones de euros canalizados a través de la empresa de decoración Estudio de Asesoramiento Dherco S.L., creada junto a su mujer bajo notario (una de los detenidos, recordemos, la semana pasada) y administrada con sus cuatro hijos» porque el matrimonio la puso a nombre de sus vástagos. La Guardia Civil habla del «entramado familiar» de «sociedades pantalla» que fomentó el ex alto cargo de Teresa Ribera en Forestalia para evadir los controles de la Justicia. Tenía, acuñan los agentes, una «guardia pretoriana» al servicio de este propósito.
Nunca se elevó a contrato público la creación de la empresa de Domínguez. La falta de transparencia hace pensar a los uniformados que la empresa Dherco es la pasarela de dinero malversado con los proyectos eólicos que atañen no solo a Aragón, sino que Forestalia desplegó en País Vasco, Navarra, La Rioja o Extremadura, entre otras regiones.
«El señor Domínguez, aprovechándose de su posición, primero como subdirector y luego como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente –Hugo Morán-, habría facilitado incurriendo en numerosas ilegalidades la emisión de DIA indispensables para que empresas del Grupo Forestalia desarrollaran proyectos de energía renovable, a pesar de su alto impacto ambiental». Para ello, tanto Domínguez como Samper «se valieron de sistemas de ocultación» que incrementaron notablemente el patrimonio del alto cargo político. Se le acusa de prevaricación, cohecho y también blanqueo de capitales procedentes del cohecho.
Y es en este punto del laberinto judicial donde se encuentra una de las claves para los proyectos radicados en la provincia de Teruel y adjudicados a Forestalia. El más controvertido y relevante por su tamaño es el del Clúster del Maestrazgo, que se investiga, pero también se recoge el extraño modo de proceder en el parque eólico proyectado en el Matarraña, siempre a favor de Forestalia. Domínguez asignaba «de forma extraordinaria» algunos proyectos, en el del Maestrazgo se erige como «el consejero responsable» mientras que a su secretario, que no tiene ninguna cualificación técnica para medir el impacto ambiental de un parque eólico, lo designa como el «técnico responsable» del proyecto.
Con la del Clúster y otras DIA, creaba un circuito cerrado y fuera de los cauces de supervisión ordinarios, idicen los testigos, concentrando en su persona ser el supervisor y el gestor a la vez". Lo que hacía Domínguez era asignar los expedientes a la empresa pública Tragsatec. Esa tramitación solo era supervisada por el propio Domínguez y excluía a cualesquiera otros funcionarios, pero los agentes no se cortan al relatar que «los trabajadores externos de Tragsatec tenían que realizar los informes al
gusto del señor Domínguez para evitar las opiniones contrarias de los técnicos del Ministerio, consolidando un circuito de trabajo cerrado y ajeno a los controles internos».
En el caso de las plantas fotovoltaicas de Puertomingalvo, en el corazón del Maestrazgo turolense, la irregularidad descrita fue que Domínguez «eliminó contenidos del informe que perjudicaban la vialibilidad del proyecto», dio «instrucciones a trabajadores de Tragsatec para cambiar el resultado de desfavorable a favorable» y el proceso «culminó con la emisión de una resolución final e, positiva, contraria a la evaluación técnica original», que fue desfavorable. «Masía I y Masía II pasan de negativo a positivo» de un plumazo.
En el Matarraña se influyó en el dictamen
Tercer caso en la provincia de Teruel. El parque eólico del Matarraña, donde hubo dos proyectos en concurso, el de Green Capital y el de Forestalia, la Ucoma recoge que al contrastar uno y otro, la posición de los «aerogeneradores era prácticamente idéntica» en ambos. No había diferencias de impacto significativas. El proyecto Arlo, Argestes, Céfiro y Paucalli de Green Capital fue evaluado por técnicos funcionarios del Miteco, y su resolución fue negativa en junio de 2025. Frente a ello, el proyecto Parque eólicos Cerbero y Menecio del grupo Forestalia fue evaluado por técnicos externos de Tragsatec «bajo las órdenes del señor Domínguez y resuelto favorablemente en julio de 2023», pese a que se presentó un año después que el otro. Se resolvió dos años antes, como denunció en su día Teruel Existe.
La «presunta influencia» sobre el dictamen favorable final que recibieron todos estos proyectos pasó por el Inaga, indican en sus conclusiones los agentes. «Muchos eran inicialmente negativos, pero acabaron siendo positivos sin justificación técnica aparente. El mecanismo de la irregularidad fue un «corta y pega» de lo emitido, donde los informes recibidos en el Ministerio omitían completamente las conclusiones negativas aportadas en el informe inicial de la técnica del Inaga». Respecto al Inaga, la Benemérita señala también la existencia de presiones para favorecer al gigante de las renovables en "niveles más altos del Gobierno de Aragón", por lo que los partidos políticos personados en la mastodóntica causa (Vox y Teruel Existe) están demandando ya asunción de responsabilidades.
La adjudicación bajo sospecha en Mosqueruela
Precisamente este martes 10 de marzo, el dueño de Forestalia, Fernando Samper Rivas, ha acudido al Palacio de la Justicia de Teruel a declarar en calidad de testigo en la causa abierta contra la alcaldesa del municipio, Alba Lucea, acusada de amañar contratos también a favor de la puesta en marcha de desarrollos eólicos concedidos a la empresa de Samper.
El juez Cortés Hidalgo ha tomado declaración a Samper dentro de la denuncia que se remonta a 2023 cuando en la localidad de Mosqueruela se planteaba impulsar diversos proyectos de energías renovables dentro del denominado Clúster del Maestrazgo. Los hechos que se investigan son los correspondientes a contratos de prestaciones que la alcaldesa socialista otorgó sin la concurrencia de concurso a una empresa de Cuenca, a nombre de Ignacio Sáez. La oposición observó indicios de prevaricación y lo llevó ante el tribunal, sobre todo cuando hace pocos meses la empresa de Sáez remitió una factura de 114.000 euros al Consistorio por los "servicios prestados". La regidora, a última hora y viendo el revuelo ocasionado, ha reculado y anulado el contrato, pero las primeras adjudicaciones, en 2021 por 14.999 euros, y en 2023 por valor de más de 800.000 euros y con el previo pago del porcentaje del 15% de lo que ingresara el Consistorio por cuenta de sus tributos locales, fueron denunciadas por formaciones como Teruel Existe ante el tribunal, que tildan de completamente "abusivo" que haya un contrato de la Administración local que ligue un servicio de asesoramiento y tramitación de las tasas e impuestos municipales sobre renovables a recibir el 15% de los tributos obtenidos por el Consistorio en esa materia.
Según la abogada de Teruel Existe, en conversación con el periódico LA COMARCA, Dorinda Aventín, el dueño de Forestalia se ha mostrado siempre muy "colaborador con la Justicia", pero se ha "desmarcado" de la actuación presuntamente fraudulenta por parte de la empresa conquense para la expansión de renovables a través precisamente de Forestalia. Samper ha "derivado" la responsabilidad en la participación de los hechos a otros directivos cuyas actuaciones él nunca conoció. Aventín recuerda que Samper estaba obligado como testigo a contestar a todas las preguntas y así lo ha hecho. Además, han comparecido como testigos también el concejal de Mosqueruela Joaquín Gargallo (de Teruel Existe) y la secretaria del Consistorio, pero no ha acudido el representante de la asesoría que estaba llamado a declarar también.
Mañana a las 10.00 comparecerá la propia regidora ante el magistrado, en su caso en calidad de investigada por la posible comisión de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
El caso de Mosqueruela entronca con la trama Forestalia en la medida en que indiciariamente se ha sabido que esta misma empresa conquense -que además se inscribe con distintas denominaciones según el lugar donde actúa- ha prestado servicios en otros diez municipios del corazón del Maestrazgo en el marco de la implantación del Clúster eólico.
Sorprende el silencio, cuando se destruye de manera tan brutal y corrupta; uno de los territorios más despoblados y maravillosos de España.
Sorprende el silencio del Gobierno de Aragón y del Gobierno Central
Y también sorprende el silencio de la sociedad, ante un caso tan alarmante
Hay que recordar que parte de la sociedad empleó su tiempo (y dinero) en estudiar los proyectos y presentar alegaciones, en las que ya se apuntaba lo que ahora la Guardia Civil está corroborando. Lo que es lamentable es que todas esas alegaciones acabaran en la basura, en base a un sistema que nadie propone cambiar.
Si Señor. Hay que recordarlo. No ha habido tanto silencio como dicen algunos.
Los que se indignan ahora son los mismos que no hacen nada y todo les parece bien venga de donde venga
Todo esto parece un mal sueño. Grandes proyectos que campan a sus anchas, sin el mínimo respecto medioambiental. Plantas fotovoltaicas a la orilla de los ríos (regallo), Parques eólicos en los mejores parajes naturales de Teruel , esto está lleno de ejemplos. Algo falla !!!. La clave la CORRUPCIÓN. Sólo hace falta que se pongan de acuerdo el corruptor y el corrupto y ¨¨anchas castillas ¨¨, Todo va por delante (normas, leyes , mordidas y favores y un largo ETC)
POBRE TERUEL!!!
Ojo al dato… Porque el INAGA dio desfavorable el anterior informe de la variante de Valderrobres y el último informe lo dio positivo??? Ahí lo dejo.
Y ese cambio de repente? Intereses generados, objetividad… amaños? Da que pensar
O inutilidad o demasiado espabilamiento, cada uno que elija
Estaba claro el mal olor que había tras Forestalia, Inaga, Miteco, PSOE y PSOE-A y el PAR, pero ojo, la trama es mas extensa y da que sospechar con los alcaldes de Viento Alto o la alcaldesa de Valjunquera, todos ellos presuntamente siguiento dictámenes y allanando el camino por un lado y por el otro diciendo lo contrario cara a la galería. Ya se vió el movimiento sospechoso en Valjunquera con la Sociedad de Montes y Horno. Y otra cosa, el PP no inició esta trama pero ha hecho la vista gorda desde que gobierna.
Si toda esa inteligencia puesta al servicio de los entresijos….., se utilizase para mejorar los pueblos
Ahora antxon slonso, aleeee suma y sigue. Que generoso es este tipo
Esa alcaldesa que dimita ya, de no hacerlo tendra muy poca ética, ya nadie se cree los cantos de sirenas de forestalia. Yo confío en que haya justicia y me acuerdo mucho del refranero popular espsñol, tan sabio y rlocufnte: “a cada cerdo le llega su San Martín”