DGA confirma "intencionalidad" también en el de Torre La Ribera y se defiende de las críticas por "escasez de medios"
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de DGA, Joaquín Olona, lo confirmó en una rueda de prensa en la mañana de de este martes en Zaragoza. Desde que se desató el incendio en la tarde del viernes en Valderrobres, un equipo de investigación (APN y Seprona) estuvo en la zona.
«No cabe ninguna duda de que estamos ante incendios provocados de forma intencionada. La situación de sequía, por sí misma, en absoluto justifica estos incendios», así de rotundo se mostró el consejero, en la comparecencia en la que informó acerca de los últimos incendios de la comunidad –Valderrobres y Torre La Ribera (Huesca)-.
Esta afirmación se deduce de las investigaciones llevadas a cabo por Agentes para la Protección de la Naturaleza. Desde el principio, se "descartaron las causas naturales".
Una vez que localizaron los puntos de origen de los fuegos y comprobaron que se corresponden con lugares sin actividad agrícola o ganadera, que no existen tendidos eléctricos, que no están asociados a actividades, usos o circunstancias de las que pudieran derivarse accidentes o negligencias y que tampoco han concurrido causas naturales puesto que no se han producido tormentas en esos días.
Es "llamativo", continuó, que en los primeros diez días de diciembre se hayan producido 9 incendios con más de 200 hectáreas quemadas cuando el promedio de los últimos años es de 8 incendios para todo el mes, con superficies quemadas insignificantes.
La situación de sequía, dijo, "en absoluto justifica por sí misma este aumento dadas las condiciones de humedad, temperatura, altitud, orografía y características específicas de las zonas incendiadas y de los incendios producidos, en particular los horarios en los que se han desarrollado".
Para el consejero se trata de "un hecho gravísimo que ha llevado al Ejecutivo aragonés a extremar la vigilancia, tanto directamente, a través de los técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, como a través de la colaboración con la Guardia Civil competentes en nuestra Comunidad».
Todo ello con el propósito reforzar las labores de investigación que «permitan identificar cuanto antes a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia, así como para luchar contra estas acciones delictivas que atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes».
Falta de medios
Al mismo tiempo de la comparecencia, en las puertas del Departamento se produjo una concentración por parte de trabajadores de Sarga. Reivindican, como llevan haciendo desde que terminó el verano, que se cumpla la Ley de Montes en la que se recoge que los contratos de las cuadrillas debe ser de doce meses. Piden que "no se desmantele el operativo de incendios".
Denuncian que en casos, como los registrados en diciembre en la comunidad, también en el de Valderrobres, se ha tenido que recurrir a medios de otras comunidades aunque en Aragón "exista gente preparada pero no pueda participar porque las cuadrillas solo se dedican a tareas silvícolas".
El consejero lamentó "que se instrumentalicen sucesos" como crítica política. Ha desmentido rotundamente el desmantelamiento del operativo forestal. «Nunca antes ha habido tantos medios como ahora mismo». El operativo forestal a día de hoy está compuesto por 962 personas, de las cuales 544 están contratadas por la empresa pública Sarga y 418 corresponden a los medios propios del Gobierno de Aragón entre los que se encuentran técnicos, APNS y conductores. No sólo no se ha desmantelado el operativo forestal sino que la realidad es que en este mes de diciembre hay 485 personas más de las que hubo el año pasado.
Igualmente, aseguró "que todos los trabajadores de Sarga pueden ser movilizados para un incendio si se considera necesario puesto que quienes ahora mismo desarrollan trabajos silvícolas no han cambiado su categoría profesional".
Precisó que basta una declaración de excepcionalidad para ordenar a Sarga la movilización del personal necesario, con independencia de la adscripción actual, en el horario y días que sean precisos, anulando o retrasando días de libranza y vacaciones y tomando en general cuantas disposiciones considere oportunas el Departamento siempre y cuando resulte necesario para garantizar la operatividad de dichos medios en función de las necesidades y más si estas, como ahora ocurre por las circunstancias expresadas, responden a condiciones extraordinarias.
Respecto a los medios desplazados, Olona insistió en que el Gobierno de Aragón, a través de Sarga, gestiona los medios que integran el Operativo forestal «atendiendo a criterios de eficacia, eficiencia y seguridad habilitando en cada momento las soluciones técnicamente más apropiadas y atendiendo siempre al interés general, no al de los intereses de ningún colectivo profesional en particular».
En cualquier caso, «contamos y debemos seguir contando con medios aéreos y especializados del MAPAMA, de las comunidades autónomas vecinas y del ejército (UME) conforme a los convenios establecidos. Se trata de medios públicos altamente especializados al servicio del interés público. Los hemos usado y lo seguiremos haciendo siempre que haga falta, de la misma forma que otras comunidades pueden contar con los nuestros», dijo.
Asimismo, continuó, como Gobierno «estamos obligados a hacer un uso racional, eficaz y eficiente del gasto público, que debe estar siempre justificado, no resultar desproporcionado, ni atender a intereses distintos del general y público. Mantener el dispositivo de extinción del verano durante todo el año carece de justificación técnica y supondría sobrecostes inadmisibles». No obstante, para 2017 se incrementó el presupuesto en 3,7 millones de euros, hasta llegar a los 26,3 millones de euros que se han invertido en total en la prevención y extinción de incendios
Puso como ejemplo que un helicóptero como el de Teruel o el de Ejea cuesta 5.000 €/día "lo que hace que su uso deba ajustarse a lo estrictamente necesario que las comunidades colaboremos unas con otras en el uso de tales medios y que todas hagamos uso de los medios aéreos que pone a nuestra disposición el MAPAMA".
Respecto de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de Sarga, señaló "que no han hecho más que mejorar a lo largo de esta legislatura" recordando que el presupuesto destinado por el Departamento al operativo forestal de Sarga ha aumentado un 50% con respecto al de 2015 lo que ha permitido ampliar el tiempo de trabajo, adaptar la cotización a la Seguridad Social a las exigencias históricamente reivindicadas y mejorar las retribuciones, que se sitúan entre 1.629 € y 1.960 € brutos mensuales.
Incendios intencionados, un delito tipificado
Olona ha recordado que provocar incendios forestales de forma intencionada es un delito tipificado en el código penal (Capítulo II, sección 2, artículos 352 a 354) con penas de prisión de 1 a 5 años y que pueden ser de 10 a 20 años cuando hay peligro para las personas. Se consideran agravantes que el incendio se produzca cerca de lugares habitados o los ponga en riesgo, que afecte a espacios o recursos naturales, que haya un beneficio económico o que se produzca en momentos de prealerta por riesgo de incendios.
