DGA ha confirmado la "intencionalidad" también de Torre La Ribera
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de DGA, Joaquín Olona, lo ha confirmado en una rueda de prensa esta mañana en Zaragoza. Desde que se desató el incendio en la tarde del viernes en Valderrobres, un equipo de investigación (APN y Seprona) estuvo en la zona.
Hoy se ha dado a conocer que la mano del hombre está detrás de este incendio y del que registró la provincia de Huesca el fin de semana pasado. Desde el primer momento en que se desató Valderrobres, desde DGA se "descartaron las causas naturales".
«No cabe ninguna duda de que estamos ante incendios provocados de forma intencionada. La situación de sequía, por sí misma, en absoluto justifica estos incendios», así de rotundo se ha mostrado el consejero, en la comparecencia en la que se ha informado acerca de los últimos incendios de la comunidad –Valderrobres y Torre La Ribera (Huesca)-.
Esta afirmación se deduce de las investigaciones llevadas a cabo por Agentes para la Protección de la Naturaleza una vez que localizaron los puntos de origen de los fuegos y comprobaron que se corresponden con lugares sin actividad agrícola o ganadera, que no existen tendidos eléctricos, que no están asociados a actividades, usos o circunstancias de las que pudieran derivarse accidentes o negligencias y que tampoco han concurrido causas naturales puesto que no se han producido tormentas en esos días.
Es "llamativo", han continuado, que en los primeros diez días de diciembre se hayan producido 9 incendios con más de 200 hectáreas quemadas cuando el promedio de los últimos años es de 8 incendios para todo el mes, con superficies quemadas insignificantes.
La situación de sequía en absoluto justifica por sí misma este aumento dadas las condiciones de humedad, temperatura, altitud, orografía y características específicas de las zonas incendiadas y de los incendios producidos, en particular los horarios en los que se han desarrollado.
Para el consejero se trata de "un hecho gravísimo que ha llevado al Ejecutivo aragonés a extremar la vigilancia, tanto directamente, a través de los técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, como a través de la colaboración con la Guardia Civil competentes en nuestra Comunidad».
Todo ello con el propósito reforzar las labores de investigación que «permitan identificar cuanto antes a los responsables para ponerlos a disposición de la justicia, así como para luchar contra estas acciones delictivas que atentan contra el medio ambiente y ponen en peligro la seguridad de las personas y sus bienes».
Falta de medios
Al mismo tiempo de la comparecencia, en las puertas del Departamento se ha producido una concentración por parte de trabajadores de Sarga. Reivindican, como llevan haciendo desde que terminó el verano, que se cumpla la Ley de Montes en la que se recoge que los contratos de las cuadrillas debe ser de doce meses. Piden que "no se desmantele el operativo de incendios".
Denuncian que en casos, como los registrados en diciembre en la comunidad, también en el de Valderrobres, se ha tenido que recurrir a medios de otras comunidades aunque en Aragón "exista gente preparada pero no pueda participar porque las cuadrillas solo se dedican a tareas silvícolas".
El consejero ha lamentado "que se instrumentalicen sucesos" como crítica política. Ha desmentido rotundamente el desmantelamiento del operativo forestal. «Nunca antes ha habido tantos medios como ahora mismo». El operativo forestal a día de hoy está compuesto por 962 personas, de las cuales 544 están contratadas por la empresa pública Sarga y 418 corresponden a los medios propios del Gobierno de Aragón entre los que se encuentran técnicos, APNS y conductores. No sólo no se ha desmantelado el operativo forestal sino que la realidad es que en este mes de diciembre hay 485 personas más de las que hubo el año pasado.
Igualmente, ha asegurado "que todos los trabajadores de Sarga pueden ser movilizados para un incendio si se considera necesario puesto que quienes ahora mismo desarrollan trabajos selvícolas no han cambiado su categoría profesional". Asimismo, ha precisado que basta una declaración de excepcionalidad para ordenar a Sarga la movilización del personal necesario, con independencia de la adscripción actual, en el horario y días que sean precisos, anulando o retrasando días de libranza y vacaciones y tomando en general cuantas disposiciones considere oportunas el Departamento siempre y cuando resulte necesario para garantizar la operatividad de dichos medios en función de las necesidades y más si estas, como ahora ocurre por las circunstancias expresadas, responden a condiciones extraordinarias.
Incendios intencionados, un delito tipificado
Olona ha recordado que provocar incendios forestales de forma intencionada es un delito tipificado en el código penal (Capítulo II, sección 2, artículos 352 a 354) con penas de prisión de 1 a 5 años y que pueden ser de 10 a 20 años cuando hay peligro para las personas. Se consideran agravantes que el incendio se produzca cerca de lugares habitados o los ponga en riesgo, que afecte a espacios o recursos naturales, que haya un beneficio económico o que se produzca en momentos de prealerta por riesgo de incendios.
