El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier Hernández, continuando con las reuniones institucionales y de trabajo tras la constitución de las nuevas corporaciones aragonesas, ha visitado este lunes los Ayuntamientos de Caspe y Alcañiz. Actualmente, Hernández ostenta el cargo de lugarteniente en Funciones de Justicia, ya que el último Justicia, Ángel Dolado, presentó su renuncia en junio. El máximo representante de este organismo se ha acercado hasta los estudios de Radio La COMARCA para dialogar sobre el futuro de esta institución.
¿Por qué ha visitado los Ayuntamientos de Alcañiz y Caspe?
El recorrido por las distintas localidades aragonesas forma parte de nuestra dinámica desde hace cinco años. Concretamente ahora, a raíz de las elecciones del 28 de mayo, estamos visitando aquellas corporaciones en las que ha habido un cambio de signo político para explicarles qué es lo que hacemos. El Justicia hoy en día es una defensoría del pueblo moderna y tenemos que transmitir para qué estamos, como supervisores del cumplimiento por parte de las administraciones de los derechos y libertades de los ciudadanos. Les explicamos nuestros sistemas de trabajo, e insistimos en que no queremos estar todo el día mandando cartas recordatorio, sino que preferimos hacer una llamada telefónica y solucionarlo. También les contamos un nuevo proyecto que copiamos de nuestro homólogo andaluz, el Defensor del Pueblo de Andalucía, que es entrar en mediación. Hemos ideado un sistema en el cual somos facilitadores de la posibilidad de acuerdo entre administraciones y ciudadanos, y lo estamos ofreciendo a los Ayuntamientos para que vean que no solo pedimos, sino que también podemos dar mucho.
El Justicia es una figura única de Aragón. ¿Para qué le sirve a cualquier vecino de la Comunidad?
El Justicia está regulado en nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón con una singularidad respecto a las demás defensorías del pueblo de España, y casi me atrevería a decir de todo el mundo. Nosotros no somos un órgano del Parlamento, somos una institución básica de Aragón. Nuestra labor fundamental, entre otras muchas, es la supervisión de la actuación de la Administración, es decir, que esta no vulnere derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, una persona a la que le hayan puesto una multa de tráfico, no le hayan dado la justificación en el catastro, esté en una lista de espera en sanidad o no le hayan dado un colegio, puede acudir al Justiciazgo para que se analice si realmente se está cumpliendo o no la normativa. En ocasiones no nos quedamos puramente en lo jurídico, sino en la interpretación de lo legal. Es decir, nosotros podemos acabar diciéndole a un Ayuntamiento que lo está haciendo bien, pero que se podría hacer de otra forma en beneficio del ciudadano.
¿Hay algún problema que sea más frecuente en el medio rural?
El año pasado presentamos en las Cortes un informe especial muy potente sobre sanidad rural en Aragón y detectamos grandísimas carencias de todo tipo. Dijimos que dentro de 10 años la mitad de los médicos no existirían, ya que la problemática de cubrir las plazas de profesionales sanitarios es evidente y es un problema sociológico de difícil solución. No sé por qué los jóvenes no quieren venir al ámbito rural y los incentivos económicos y demás no están teniendo éxito. Por otro lado, hablamos de los problemas del transporte sanitario aéreo. Si a una persona le da un infarto en su casa y el helicóptero aterriza en el campo de deporte, ¿cómo se le lleva hasta allí? ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? Además, las farmacias son económicamente inviables en muchos sitios del ámbito rural. Como dice el Defensor del Pueblo Estatal, Ángel Gabilondo, los defensores analizamos y detectamos los problemas, pero no los tenemos que solucionar, eso lo tienen que hacer los Gobiernos.
Ustedes lo identifican y lo comunican, ¿pero se toma en cuenta desde las instituciones?
Sí. Todas las defensorías utilizamos el criterio ‘auctoritas man no potestas’. Es decir, no tenemos potestad coercitiva ninguna y lo que decimos no hay obligación de cumplirlo, pero tenemos la autoridad: se nos tiene que hacer caso por ser quienes somos. En el 70% de las ocasiones se nos escucha, lo que nos lleva a trabajar desde la excelencia, justificándolo todo muy bien.
¿Y los vecinos de Aragón saben lo que hace el Justicia?
Se nos conoce porque el Justicia es una figura muy vinculada al pueblo aragonés, pero no se sabe muy bien lo que hacemos. Con estas visitas, precisamente, tratamos de divulgar nuestro trabajo. Es muy fácil acceder a nosotros, no somos una administración ni estamos sometidos a las rigideces del procedimiento administrativo. No hay formalismos, ni abogados, ni procuradores, nada. Cualquier ciudadano de Aragón puede entrar en nuestra página web y encontrar una pestaña que se llama ‘presenta tu queja’, o dirigirse a nosotros por teléfono. Somos todavía muy defensores y lo seguiremos siendo de la presencialidad. De hecho, a la sede del Justicia de Zaragoza puede ir cualquier ciudadano, pero tenemos oficina abierta tanto en Teruel como en Huesca. No tenemos más porque, a pesar de que el Justicia es la tercera institución de Aragón, sólo somos 24 personas. Si alguien duda sobre si nosotros podemos ayudarle con algún problema, la respuesta es sí. Si no somos competentes, seremos nosotros quien se lo digamos y mandemos a quien pueda ayudarle.
¿De qué han hablado en la reunión de Caspe?
La alcaldesa me ha planteado uno de esos problemas que uno de verdad se cuestiona cómo no puede tener solución. No hay manera de que haya un transporte público escolar financiado desde el Departamento de Educación para que los estudiantes de Alcañiz que quieren ir a la Formación Profesional de Caspe puedan ir y viceversa. Es por un problema burocrático, son dos provincias distintas, dos direcciones provinciales de educación distintas y no se puede hacer. Ya le he dicho tanto a la alcaldesa de Caspe como al primer edil de Alcañiz, que el Justicia también está para eso. No es sólo el ciudadano el que puede venir a nosotros con sus problemas con la Administración, también puede ser que una administración tenga problemas con otra institución.
¿Qué plantean para solventar el problema?
Ahora lo que haremos será dirigirnos al Gobierno de Aragón, al Departamento de Educación, para que nos expliquen por qué no tiene solución y, en su caso, si no nos dan las suficientes explicaciones, pues seremos desde el Justiciazgo quien emitamos una resolución, detectando el problema, analizando la causa y si es posible, dando la vía de solución.
¿Qué problemáticas ha encontrado en el consistorio de Alcañiz?
La del Hospital, que se retrasa a 2025. Es curioso cómo funciona la contratación administrativa… En Zaragoza, se puso la primera piedra de un hospital privado hace 8 meses y ya se sabe cuándo se va a inaugurar. Algo falla en lo público cuando las cosas se dilatan tanto y hay tantísimos problemas para que vayan adelante. Si en lo privado se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer en lo público? Bueno, nos lo tendremos que hacer mirar…
Aunque la del Justicia es una figura muy tradicional, supongo que también trabajan en la innovación...
Totalmente, nosotros de aquel primer Justicia histórico del año 1115 tenemos el nombre y poco más. Somos una defensoría totalmente moderna, que tramita al año unos 2.000 expedientes de queja. Yo sería él más feliz si un año presentáramos cero. Es una utopía, pero hay que ser utópico en esta vida. Si realmente fuéramos capaces de tener cero expedientes, es que las administraciones están funcionando muy bien. Con estas reuniones también aspiramos a eso, es decir, ¿por qué tengo que esperar yo a que me lleguen las quejas de los ciudadanos cuando igual reuniéndome con un consistorio o con un director general, le damos nuestra visión de determinadas problemáticas y logramos que se actúe de otra forma y evitamos la queja?
¿Solamente median entre Administraciones y ciudadanos?
Nosotros somos la máxima autoridad en Aragón de la transparencia pública, es decir, de todo lo público que alguien quiera acceder a él, que es un derecho que tenemos todos reconocido. Por eso, también controlamos mucho a las empresas que gestionan servicios públicos, como las de telefonía y electricidad. El otro día, en una reunión con defensores españoles proponían ir más allá y vigilar incluso a los bancos, que son empresas privadas, pero que prestan un servicio público. Además, estamos abriendo nuevos caminos en beneficio del ciudadano. Tenemos tanto la defensoría del mayor como la del menor. Nuestro campo de actuación muy grande y nos tenemos que estar reinventando todos los días. Aquello de la queja en papel está pasando a la historia.
¿Cuáles son las líneas de trabajo futuras?
Cada año tocamos un tema en profundidad y este año es las situaciones de riesgo de la infancia y la adolescencia. En especial, estamos trabajando en los sistemas de acogimiento familiar. Las leyes de menores dicen que no se puede tener institucionalizado en una residencia a ningún menor de entre 0 y 3 años. En Aragón, lo tenemos bastante mejor, no hay ningún menor institucionalizado de cero a seis años, todos están en familia de acogida. Por otro lado, en el medio rural estamos abordando la problemática que hay con los secretarios municipales. En algunos pueblos pequeños este trabajador se comparte con otras cuatro localidades y tiene que ejercer casi de alguacil.
Ahora mismo la figura del Justicia no está cubierta, usted es Lugarteniente en Funciones de Justicia, ¿busca ocupar este puesto de forma definitiva?
La situación que vivió el Justiciazgo en los dos últimos años ha sido compleja. El último Justicia, mi buen amigo Ángel, ha estado con una enfermedad larga, que le llevó a estar casi un año y medio de baja. El 2 de junio presentó las renuncia y, por suerte, teníamos lugarteniente. Soy la primera persona en la historia en asumir este cargo, ya que aunque la ley lo contemplaba, nunca se había usado. Por lo tanto, yo me pude hacer cargo durante la enfermedad de Ángel y ahora estamos con sede vacante. He asumido las funciones con total responsabilidad. Si yo soy el próximo justicia lo tendrán que decidir las Cortes, no hay una campaña electoral. Hay algún otro candidato que parece que se está proponiendo, pero si me eligen Justicia lo seré y si no me iré a mi casa, no tengo ningún problema. Sería un honor, sin lugar a duda, yo creo que para cualquier jurista aragonés alcanzar el puesto de Justicia debe ser lo máximo, pero como no depende de mí y como yo no soy quien lo elige, pues quien tenga que decidir que decida.
Desde luego es usted una persona que lleva muchos años de trayectoria en este órgano y que sabe muy bien cómo funciona.
Muchas veces no se te juzga por lo que has hecho, sino por lo que puedes hacer.
