La institución pregunta al presidente por qué no apoyó a las tres empleadas que denunciaron a un vecino por amenazas graves
«Los trabajadores sociales y las personas en general merecen ser defendidas siempre y cuando sus actos sean defendibles». Así termina el documento que el presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp, Francisco Domenech, ha enviado al Justicia de Aragón tras la petición de esta institución de que diese explicaciones sobre qué sucedió con las tres empleadas el pasado 16 de octubre de 2018 en la sede comarcal.
El Justicia ha recibido dos quejas anónimas sobre el mismo tema que se trasladaron a la institución comarcal el pasado 8 de enero. El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha resuelto admitir esta doble queja a supervisión, y por ello ha pedido directamente al presidente que le informe sobre diversas cuestiones como por qué tomó la decisión de no apoyar ni jurídica ni moralmente a las tres trabajadoras sociales que se vieron gravemente amenazadas por un vecino de Caspe, y si está prevista la realización de la valoración de riesgos psicosociales de dichas empleadas.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando desde el área de Protección de la Infancia decidieron retirar la custodia de los hijos de un vecino de Caspe, que vertió una serie de amenazas graves, alguna de ellas incluso de muerte, a tres trabajadoras sociales que se encontraban en el edificio comarcal.
Ante tal intimidación, las funcionarias decidieron interponer una denuncia. El presidente no lo vio conveniente y anunció a los trabajadores que si decidían tomar ese camino, sería a título individual y que la Comarca no se haría cargo de los gastos . Todo ello ha provocado reacciones dentro y fuera del territorio.
Entidades públicas como el Justicia de Aragón y el Colegio de Trabajadoras Sociales han pedido explicaciones, mientras que el grupo comarcal del PSOE, a la que pertenece el presidente, ha anunciado que está estudiando unirse a la moción presentada por el PP, por la que se rechaza la actitud de Domenech ante tal incidente. Las cartas sobre la mesa se pondrán definitivamente el martes 29 de enero en Chiprana, que será cuando se celebre el próximo pleno comarcal.
Respuesta del presidente
Domenech ha contestado a esta petición del Justicia personalmente, definiendo en primer lugar la situación como una «pequeña tormenta política», y reiterándose en su posición y su actitud inicial. En primer lugar, asegura que se «menospreció la figura del presidente» al no haber sido informado del problema hasta dos días después, lo cual «refleja la levedad del incidente».
Además, reitera que no se le solicitó asistencia y defensa jurídica, tal como explican desde Servicios Sociales, sino que «se le comunicó la decisión, ya tomada, de denunciar» y que tampoco se emitió ningún informe al respecto.
Mientras que los trabajadores han explicado que el presidente «hizo juicios de valor y amenazó en varias entrevistas con tomar medidas severas», él asegura que nunca han ocurrido estos hechos y que se trata de una «injuriosa acusación sin fundamento».
«La denuncia me pareció precipitada, además de no acorde con el Protocolo, exagerada y carente de humanidad», continúa Domenech. «Pensaba y sigo pensando que era la guardia civil quien debía vigilar los movimientos de dicho vecino, y solo en caso de persistir su actitud amenazante, acudir a la Justicia».
Por último, el presidente comarcal subraya que siempre ha procurado que «se cumpla la ley y se proteja y defienda a los profesionales del Centro de Servicios Sociales», y que lamenta «el doloso relato» que los hechos han dado traslado al Justicia de Aragón y al Colegio de Trabajadoras Sociales de Aragón.
