El Justicia de Aragón tramitó en 2024 un total de 1.955 expedientes nuevos, un 12% más que el año anterior, y dirigió a las distintas administraciones 156 resoluciones con un porcentaje de aceptación del 65% a fecha de cierre del informe. Concepción Gimeno ha entregado este miércoles el informe general de 2024 a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández. Si se tienen en cuenta las quejas de carácter colectivo, alguna de ellas acompañada de más de 4.000 firmas, el pasado año, 11.406 personas confiaron en la labor de mediación del Justicia de Aragón ante las administraciones aragonesas. El área de actividad con mayor número de quejas fue Sanidad (251) seguida de Servicios Sociales (232), Empleo Público (197), Servicios Públicos y Transportes (184) y Educación (182).
La mayor parte de las quejas del área de Sanidad hacen referencia, directa o indirectamente, a la falta de médicos en Aragón para atender las necesidades de la población, especialmente en el medio rural, tanto en los centros de salud como en los hospitales comarcales. En atención especializada, como en años anteriores, persisten las quejas por las listas de espera en Neurología y Traumatología, tanto para pruebas diagnósticas como intervenciones quirúrgicas, y las sugerencias dictadas en estos temas han incidido en la necesidad de estudiar las causas de estas demoras con el fin de agilizar en lo posible las intervenciones.
Respecto al área de Servicios Sociales, la mayor parte de las quejas están relacionadas con la gestión de prestaciones para personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo, retrasos en la tramitación de las ayudas que agravan la situación de las personas afectadas, ya sea la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital, las ayudas al alquiler o la ayuda a domicilio. Las quejas referidas a los retrasos en la concesión del Ingreso Mínimo Vital, que gestiona el Estado, y que pueden superar el año de espera, con graves consecuencias para las personas necesitadas, así como las derivadas de reclamaciones de ingresos indebidos, se remiten al Defensor del Pueblo, previa atención al ciudadano ofreciéndole la información requerida y para evitar perjuicios derivados del transcurso de plazos, en colaboración con los trabajadores sociales. Igualmente, se ha intervenido en casos de retrasos en la valoración de la dependencia, así como en la falta de recursos para personas sin hogar. En las sugerencias, se ha puesto el énfasis en la necesidad de agilizar la tramitación de valoraciones y resoluciones en estas materias.
Por otro lado, además de la atención a las personas que acuden a la institución para plantear su queja, destaca la actividad de supervisión del Justicia de Aragón para garantizar el ejercicio de los derechos de los menores, con la visita a los 28 centros de menores tutelados. Igualmente, también se han visitado 19 residencias de mayores en las que viven 1.900 personas.
Relacionados con el Empleo Público, en 2024 la institución tramitó casi 197 expedientes, en su mayor parte sobre acceso al empleo público, procesos de estabilización y provisión de puestos de trabajo. La Administración ha aceptado 11 de las 12 sugerencias formuladas en esta área. Sobre Servicios Públicos, destacan las quejas relacionadas el abastecimiento de agua y también con el transporte urbano e interurbano.
Dentro de esta área, y de la de Industria, se tramitan las quejas derivadas de la prestación de servicios esenciales, como la luz, el gas y la telefonía, por compañías privadas en las que, mayoritariamente, la persona afectada expone las dificultades para hacer frente al precio de estos suministros. A pesar de que el Justicia de Aragón carece de competencias para supervisar la actividad de estas compañías, existe una fluida relación de colaboración que permite la gestión de estas quejas.
A diferencia de años anteriores, en el área de Educación, apenas se han recibido quejas sobre el proceso de escolarización en Zaragoza, modificado en 2024 para establecer la zona única. Si continúan recibiéndose quejas relacionadas con el apoyo en el aula para alumnos con necesidades educativas especiales, aunque menos que en 2023, lo que ha llevado al Justicia de Aragón a insistir en la necesidad de reforzar la contratación de auxiliares de educación especial. Entre otras sugerencias formuladas, la institución ha pedido a la Administración que incluya a los estudiantes de ciclos formativos de grado superior como beneficiarios de la ayuda de transporte escolar.
En 2024, también fue significativo el número de quejas agrupadas en Economía y Hacienda (132, un 23% más que en 2023) de casuística y carácter muy variado, en sintonía con la diversidad de tributos autonómicos y locales, entre ellos, el IMAR, el IBI, la «plusvalía», el Impuesto sobre Vehículos y las tasas municipales sobre agua y basuras. Persisten, como en años anteriores, las quejas sobre diferencia de trato entre vecinos empadronados y no empadronados en el pago de tasas municipales y otros beneficios fiscales y aquellas que exponen falta de resolución expresa en el plazo legal de solicitudes, reclamaciones o recursos, afectando con ello al principio de buena administración.
Igualmente reseñables el pasado año son las quejas relacionadas con la seguridad vial y ciudadana, englobadas en el área de Interior, con 104 expedientes en total. De las sugerencias formuladas, cabe destacar la que instaba al Ayuntamiento a regular el uso de remolques y semirremolques arrastrados por bicicletas y que fue aceptada.
Son numerosas las quejas sobre el ejercicio de derechos civiles y políticos (91), entre otros, el derecho a la participación política de representantes electos en corporaciones locales y el derecho de acceso a la información pública de las administraciones Medio Ambiente, con 74 expedientes de queja, refleja la preocupación de los vecinos por el ruido y las molestias que ocasionan bares y establecimientos de ocio y espectáculos en entornos urbanos y, en el medio rural, por el impacto al medio ambiente de proyectos
turísticos e industriales, como la instalación de parques de energías renovables. Al respecto, la justicia de Aragón ha instado al Gobierno autonómico a aprobar el Plan Energético de Aragón con el fin de planificar los proyectos y evitar impactos perjudiciales en el territorio.
Las quejas del área de Vivienda (66), fundamentalmente, reflejan la preocupación de las personas por la falta de viviendas de alquiler social en Zaragoza y la consiguiente lista de espera para obtener una de ellas, a pesar de tenerla concedida. Ante esta situación, la institución del Justicia de Aragón insiste en la necesidad de hacer un estudio pormenorizado de cada caso con el fin de priorizar las situaciones de mayor vulnerabilidad. También se han recibido quejas sobre retrasos en la devolución de las fianzas del alquiler, sobre todo de inmuebles ubicados en Zaragoza. Al respecto, la Administración ha informado de la implantación de un nuevo programa informático y un aumento de la plantilla para agilizar el trámite.
La actividad de oficio del Justicia de Aragón en 2024, con la apertura de un total de 39 expedientes, refleja el compromiso de la institución con la defensa de intereses colectivos. No obstante, casi el 70% de estos expedientes de oficio corresponden a las visitas realizadas a todos los centros de protección de menores de la Comunidad Autónoma, de lo que se dará cumplida cuenta en el Informe Especial sobre Infancia y Adolescencia 2024, que próximamente se entregará a las Cortes de Aragón. Finalmente, la justicia de Aragón asistió a 143 eventos, entre actos y visita a entidades sociales, y recibió en la institución a 33 asociaciones. Respecto a la organización y funcionamiento del Justicia de Aragón, el presupuesto en 2024 fue de 1.848.104,18 con un porcentaje de ejecución del 81,28%.
