El Gobierno de Aragón asegura que «va más allá» y defiende la continuidad de la Central de Andorra hasta 2030
Las reacciones al preacuerdo al que llegaron el martes sindicatos y Ministerio de Transición Ecológica sobre el Plan del Carbón 2019-2027 no se han hecho esperar en Aragón. Pese a que, a nivel general, se trata de un paso que se valora positivamente en todos los ámbitos, el territorio no deja de lado su verdadera preocupación: el cierre de la Central Térmica de Andorra en 2020. El nuevo marco, que se firmará el próximo miércoles en Madrid con la presencia de la Ministra, Teresa Ribera, especifica todo lo que tiene que ver con el plan social (prejubilaciones, bajas incentivadas, excedentes...) pero no ofrece demasiados detalles sobre el programa de reconversión o el compromiso concreto de incluir un porcentaje de carbón autóctono en el mix energético -que es una medida que posibilitaría que Endesa realizase la inversión de 190 millones de euros que necesita para alargar la vida útil de la Central más allá de 2020-.
Por tanto, el territorio insiste en que la supervivencia de la infraestructura hasta que haya una reconversión «real» en la zona es clave para que la cuenca minera no termine por desaparecer en el corto plazo. El propio Gobierno de Aragón habla de 2030 como horizonte final y va «más allá» del acuerdo sindical. «En otros países europeos están hablando de transiciones que llegan hasta 2030 y nosotros necesitamos ese tiempo. El mensaje que quiero trasladar es que el Gobierno no va a cesar en su empeño para que la Central Térmica permanezca abierta», dijo ayer el consejero de presidencia Vicente Guillén.
Desde la cuenca minera, la sensación es agridulce. «Es una continuación más de los acuerdos alcanzados con los diferentes gobiernos, una forma de dar salida a la gente pero para nosotros la incertidumbre sigue siendo la misma», defendió el presidente del comité de la Central, Hilario Mombiela.
El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, también se mostró en la misma línea. Echó de menos algún detalle sobre el plan de reactivación e insistió en que necesita «cambios» con respecto a periodos anteriores. «Hemos estado viendo que el dinero y los proyectos se están yendo a pueblos que no son mineros y en el que no se reindustrializa nada, como Fraga», lamentó Noé, que recordó que Samca ha iniciado un proyecto en Ariño para convertir el carbón en fertilizante y no ha recibido ningún tipo de ayuda. «Esto tiene que cambiar y para eso es fundamental el compromiso del Gobierno de Aragón y del Central», reclamó. Asimismo, subrayó la importancia de «no abandonar» en los acuerdos sindicales a los mineros que trabajan en subcontratas y empresas auxiliares. «En los planes anteriores no se han tenido en cuenta y se están jugando la vida», señaló al recordar al joven que sufrió quemaduras en la mina de Foz Calanda y que todavía permanece muy grave en la UCI.
Por su parte, los responsables sindicales que representan a los mineros aragoneses en las negociaciones, Francisco Montull (UGT) y Antonio Montoyo (CCOO) insistieron en que el preacuerdo ha de desarrollarse. Estimaron que habrá 250 millones de euros para la reactivación de las cuencas de todo el país y recordaron que, atendiendo a las directrices europeas, el acuerdo final «no puede contemplar un porcentaje específico para el carbón», dijo Montull.
Montoyo aclaró que no se ha dado por sentado el cierre de la Central sino que se ha negociado «en función del escenario que, ahora mismo, hay encima de la mesa».
Más críticos
La firma del preacuerdo también ha recibido duras críticas. El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, fue más que crítico con el documento firmado. Calificó el preacuerdo como «una carta de intenciones» en la que «todo se soluciona con prejubilaciones». «No podemos estar contestos con esto en la provincia de Teruel», determinó Millán. Ante la amenaza de cierre de la Térmica, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, subrayó que «hay que ponerse las pilas», desde el Gobierno de Aragón y desde el central.
