Los tres primeros menores migrantes no acompañados que le corresponde atender a Aragón en función del reparto impuesto por el Estado han llegado ya a la comunidad autónoma. El Gobierno de Aragón anunció su llegada a los medios a través de un escueto comunicado el pasado jueves.
Según indicaron desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, están alojados en recursos de acogida habilitados por el Gobierno de Aragón a tal efecto. Desde el Departamento que lidera Carmen Susín, avanzaron que «no se van a ofrecer más detalles para salvaguardar su bienestar y la integridad del sistema de protección de menores». Igualmente, precisaron que, en la actualidad, Aragón ha recibido 30 expedientes, de los cuales 12 proceden de Canarias, 12 de Ceuta y seis de Melilla. Está previsto que la Comunidad Autónoma reciba hasta a 251 menores migrantes no acompañados en las próximas semanas y meses.
A todos ellos el Gobierno de Aragón sigue buscándoles un lugar en que poder quedarse. Hace unas semanas, DGA preguntó a través de carta a los Ayuntamientos de los municipios de Aragón con qué recursos contaban para la llegada de los menores. La respuesta ha sido prácticamente la misma -negativa- en la mayoría de las cabeceras comarcales y grandes municipios. Por el momento, DGA se ha limitado a recoger los datos ofrecidos por los distintos consistorios, pero no ha ofrecido respuesta y los gobiernos locales que sí que cuentan con espacio para acogida siguen a la espera de instrucciones.
Utrillas y Andorra piden recursos
Utrillas fue una de las localidades que respondió afirmativamente al requerimiento. En su caso, tienen el albergue vacío, pero no está equipado. «Lo que le transmitimos al Gobierno de Aragón es que habría que amueblar el espacio para que allí pueda quedarse alguien», explica el alcalde del municipio, Joaquín Moreno. En su caso, aseguran que están abiertos a poder recibir a estos menores de edad, siempre y cuando se firmen convenios de colaboración y que DGA aporte los fondos necesarios para la atención. «Siguen siendo menores de edad, tienen que estar acompañados en todo momento y el Ayuntamiento no podría hacerse cargo de ese desembolso», añade.
Similar es la situación en Andorra, allí el primer edil, Rafa Guía, recuerda que la llegada de inmigrantes solo será viable si el Gobierno de Aragón le ofrece al ayuntamiento los recursos necesarios porque no es posible que los municipios gestionen a título individual «situaciones tan delicadas».
También Calanda respondió de forma positiva al requerimiento. En su caso, tienen disponible el albergue municipal y un piso que hay en su interior, pero todavía no han contabilizado cuantos menores podrían llegar a albergar porque desde DGA tampoco se les ha llegado a requerir el dato. «Solo nos preguntaron si teníamos infraestructura y la realidad es que sí, pero no sabemos nada más sobre el tema», apunta el primer edil. Aun así, reconocen que en el caso se decidiera porque una parte de los menores fueran a la localidad, «habría que hablar de fondos, de convenios sociales y de muchos otros detalles que todavía no se han tratado con el Gobierno de Aragón».
El Bajo Aragón-Caspe, saturado
Tampoco los municipios más grandes del Bajo Aragón Caspe respondieron positivamente a la misiva del Gobierno de Aragón. «Sabemos de la gravedad de la situación y reiteramos nuestro compromiso con la solidaridad y la convivencia, pero estamos carentes de recursos», aseguró la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque. Según el Ayuntamiento, la ciudad ha crecido en casi 4.000 habitantes en los últimos 20 años, pero «no se ha dotado al municipio de los recursos educativos, sanitarios, sociales y de seguridad que necesita». En este sentido, la primera edil aprovechó la ocasión para pedir al Gobierno de España que atienda a sus necesidades. «Necesitamos un colegio nuevo, más cupo de profesorado para atender la inmersión lingüística, más vivienda, profesionales para servicios públicos como el SEPE y la Seguridad Social; más médicos, modernizar las instalaciones del centro de salud; y más efectivos de Guardia Civil», enumeró.
Igualmente, Maella también aseguró que no tiene infraestructuras. El municipio no cuenta actualmente con casas menores y el albergue es «de carácter turístico». En cuanto a esta última infraestructura, que en su día sirvió de refugio para refugiados ucranianos, el Ayuntamiento sostiene que es habitual que se llene a lo largo del año. Este pasado mes de septiembre acogió a más de 100 participantes para el campeonato nacional de caza de San Umberto.
Diferente a la guerra en Ucrania
La mayoría de las localidades coinciden a que la situación ahora mismo no es igual que la que se vivió a lo largo del 2022, cuando las caravanas solidarias salieron de lugares con Utrillas o Maella dispuestas a ayudar a familias enteras de Ucranianos a salir de la guerra. «Cuando los autobuses salían de aquí teníamos voluntarios y un convenio firmado con Cruz Roja, nosotros pusimos los medios, pero ellos fueron los que se encargaron de atenderles con sus propios técnicos y psicólogos que les ayudaron a superar el trauma que acababan de pasar», recuerda Moreno. «La residencia en la que se quedaron entonces, esa ahora la base de operaciones del 062, sería incompatible», añade.
Similar es la situación en Alcañiz, que también respondió en la carta a DGA que carecía de medios para atender a los menores. «Cuando estalló la guerra en Ucrania llegaron familias y se quedaron en pisos del Ayuntamiento, pero eran unidades completas, en este caso hablamos de chavales que vienen solos», explica el primer edil, Miguel Ángel Estevan. En el caso de la capital bajoaragonesa, el Ayuntamiento sostiene que siguen manteniendo activo un convenio con Cruz Roja a través del cual la ONG se encarga de atender a inmigrantes en situación de necesidad. «Los pisos están ocupados y aun así no nos serviría para alojar más que a grupos pequeños porque tienen que estar controlados en todo momento», añade el alcalde.
