Más de 1.500 inmigrantes se acogerán en el Bajo Aragón Histórico al nuevo proceso de regularización extraordinario impulsado por el Gobierno de España. El mayor volumen se concentra en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe, donde se prevén gestionar alrededor de 1.100 informes de vulnerabilidad (documento imprescindible para completar el procedimiento). No obstante, las solicitudes también se están tramitando desde otras comarcas como el Bajo Aragón o Andorra-Sierra de Arcos. En toda Aragón se espera que puedan beneficiarse hasta 17.000 personas.
Las administraciones comarcales han tenido que reorganizar recursos y personal para atender la elevada demanda. El proceso apenas comenzó a materializarse hace poco más de dos semanas en el territorio y el movimiento ya es más que visible. En Caspe, por ejemplo, el volumen ha llegado a ser incluso desbordante, hasta el punto de que en una sola mañana acudieron unas 300 personas a la Comarca para pedir información.
Ante esta situación, varias entidades sociales están colaborando con la comarca caspolina, zona en la que se concentra la mayor demanda hasta la fecha. Cruz Roja está atendiendo a la comunidad nepalí, Cáritas a la marroquí, Fundación San Ezequiel Moreno a la pakistaní y Cruz Blanca está ayudando en el acompañamiento de la tramitación de los papeles. «Esperamos dar salida a 90 expedientes semanales en Comarca más los que aporten las entidades», explica la consejera de Servicios Sociales, Mireia Bondía.
Más allá de la burocracia, este proceso muestra la cara más humana de los flujos migratorios. Solo a la sede de Cruz Roja en Caspe, esta semana, se acercaban grupos de decenas de nepalíes que, con paciencia y buen humor, esperaban al equipo provincial que está trabajando en la localidad. «Llevo en España 9 meses. Llegué primero a Barcelona, pero allí era muy difícil, así que me mudé a Caspe hace seis meses porque tengo amigos», relataba en inglés Anoj Burawal ante el desconocimiento del idioma.
Precisamente la barrera del lenguaje es la primera dificultad que Anoj destaca al preguntarle por la regularización. «No sabemos cómo aplicar ni qué documentos necesitamos. Los abogados son muy caros para nosotros», explicó en el exterior de la sede de Cruz Roja mientras esperaba junto a otro grupo de jóvenes. En su caso, la mayoría son hombres que han migrado en solitario en busca de trabajo y dejando a sus familias en Nepal.
800 migrantes nepalíes atendidos por Cruz Roja
La comunidad nepalí ha crecido en los últimos años en Caspe y reflejo de ello son las cifras con las que están trabajando desde la entidad social y que llegan a las 800 personas atendidas. «No todas podrán acogerse a la regularización porque llegaron a España más tarde del 1 de enero. Esta semana estamos trabajando con sesiones informativas para acompañar en el proceso de solicitud», expone Julián Martínez, director provincial de inclusión social.
La asistencia se ha reforzado presencialmente con un equipo procedente de Zaragoza, aunque en la zona ya se estaba trabajando desde enero. El objetivo era anticiparse detectando los perfiles y datos de las personas que pudieran necesitar acogerse a esta nueva medida. Para ello, cuentan también con la ayuda de un particular, Keshab Raj Kandel, que interviene como traductor.
Keshab señala que los nepalíes llegan a España desde otros puntos de Europa como Croacia, Bulgaria, Rumanía o Grecia. «Van a trabajar y cuando se les acaba el visado buscan un país donde poder arreglar sus documentos, encontrar otro trabajo y vivir bien. Caspe ofrece trabajo en la agricultura y es más barato que otras ciudades», añade.
En su caso, el traductor lleva ya 18 años en el país y reside en Calpe (Alicante), donde ha desarrollado negocios dentro de la hostelería. Su necesidad de ayudar a otros nepalíes nace de su propia experiencia: «Yo no tenía a nadie para ayudarme, pero quise ayudar a los demás desde el principio porque llegué hablando un poco de inglés. Entonces, solía acompañarles al hospital si necesitaban algo». Su colaboración se ha extendido incluso a la Guardia Civil, con quienes colabora en los desmantelamientos de las redes de explotación laboral a personas nepalíes. De hecho, prestó su ayuda en la operación que hubo en Caspe.
He venido solo sin mi familia. No sabemos cómo aplicar ni qué documentos necesitamos y los abogados son muy caros para nosotros
Anoj Burawal. Migrante procedente de Nepal en proceso de solicitar la regularización extraordinaria
Llegan desde países como Croacia o Grecia, donde van a trabajar. Cuando se les acaba el visado buscan un lugar donde arreglar sus documentos
Keshab Raj Kandel. Traductor y colaborador Cruz Roja
Tik tok, el canal de la migración
Ante la pregunta de cómo llegan los migrantes nepalíes a Caspe, sorprende la respuesta: TikTok. Quienes llevan tiempo afincados en la localidad utilizan esta red social para explicar sus condiciones de vida, tal y como indica Keshab.
Un efecto similar ocurre con el proceso de regularización. Según el traductor, hay nepalíes que están llegando de las comunidades autónomas colindantes para conseguir el informe de vulnerabilidad en la capital caspolina. «Ellos no hablan el idioma y no saben cómo hacerlo. Vienen aquí porque yo estoy ayudándoles, al igual que Cruz Roja», comenta.
Otra de las comunidades más numerosas en el Bajo Aragón-Caspe y asentada es la pakistaní. Ghulam Jilani lleva dos meses en la capital, tras haber pasado seis meses en Barcelona; un recorrido similar al que relataba Anoj. El consejo de unos amigos fue la razón que le hizo moverse: «Viven aquí desde hace 3 o 5 años y me dijeron que viniera. Hay buenas condiciones de trabajo y es una ciudad hermosa, por eso me mudé», valora Ghulam.
Describe su situación como «difícil» por la imposibilidad de encontrar trabajo hasta que tenga la documentación en regla. Ghulam asegura que son sus amigos quienes hacen frente a sus gastos: «Se hacen cargo de todo, la casa, la comida... todo», señala agradecido.
Llevo ocho meses en España y llegué hace dos a Caspe gracias a unos amigos. Son ellos quienes asumen mis gastos porque, sin la documentación, no puedo trabajar
Ghulam Jilani
Ghulam procede de Pakistán y espera trabajar en el campo una vez regularice su situación. Asegura que Caspe ofrece buenas condiciones de trabajo.
El campo es una de las principales salidas laborales que ha atraído a los migrantes hasta el Bajo Aragón-Caspe. Desde UAGA coinciden en que la regularización podrá beneficiar la búsqueda de mano de obra, sobre todo para la campaña agrícola. «Se reducirá incluso la contratación en origen a la que tienen que recurrir las fincas», apunta el responsable del sector agrícola del sindicato, Óscar Moret.
Moret incide en que se solicitó que el proceso de regularización se agilizara para llegar a la campaña agrícola de este año. «Para la cereza ya se va tarde y, en el caso del melocotón, no sé si para junio ya habrá personas con la documentación en regla. Se está perjudicando tanto a los contratadores como a los trabajadores».
El trabajo que se está acometiendo desde las entidades comarcales es solo la punta del iceberg. Los interesados todavía tendrán que realizar la tramitación de su solicitud a través de los entes habilitados por el Gobierno central. Para el director provincial de inclusión social de Cáritas, Julián Martínez, esta es laparte más compleja porque obliga a los solicitantes adesplazarse hasta Zaragoza. Las solicitudes se envían por medio de Correos y, aunque hay oficinas abiertas en el medio rural, como en Alcañiz y Caspe, ninguna está autorizada.
Para las administraciones tampoco está resultando sencillo. La consejera de Servicios Sociales del Bajo Aragón-Caspe, Mireia Bondía, apunta la falta de información y directrices tanto autonómicas como estatales. «Tampoco sabemos qué va a pasar con las personas a las que se les deniegue ni qué recursos van a tener», añade.
Otras comarcas
En el resto del territorio, la siguiente comarca con más solicitudes registradas es la del Bajo Aragón. La directora del Centro de Servicios Sociales, Eva Antolín, explica que solo en Alcañiz se habían contabilizado alrededor de un centenar de solicitudes hasta finales de la pasada semana. A estas se suman entre 40 y 50 peticiones tanto en Alcorisa como en Calanda.
También en Comarca Andorra-Sierra de Arcos el volumen de solicitudes ha sido importante. Su directora técnica, Paloma Alquézar, asegura que esta misma semana alcanzarán el centenar de informes emitidos. En este caso, comenzaron a tramitar expedientes el pasado 21 de abril debido a la urgencia de algunas personas migrantes cuyos certificados de antecedentes penales estaban próximos a caducar. La mayoría de las personas atendidas en Andorra proceden de Marruecos, aunque también se están registrando casos de personas llegadas de Pakistán y distintos países de Sudamérica como Honduras, Nicaragua, Colombia o Cuba. La mayoría viven en situación de vulnerabilidad, con dificultades para acceder al empleo o a una vivienda.
En el Matarraña la situación está siendo más contenida. Su directora de Servicios Sociales, Alba Verge, cifra en alrededor de 50 las solicitudes registradas hasta el momento. Mientras tanto, las cifras son mucho menores en comarcas como la de Cuencas Mineras, con 18 solicitudes, o el Maestrazgo, con menos de 10. No se han registrado solicitudes en el Bajo Martín.
Requisitos
En cuanto al proceso, las comarcas solo intervienen en una de las tres líneas posibles a las que pueden recurrir los interesados: la de vulnerabilidad, centrada en la situación personal y social de los solicitantes. Las otras dos son la familiar y la laboral, para las cuales las comarcas no intervienen. Estas fórmulas corresponden al arraigo sociolaboral, vinculado a contratos de trabajo, y al arraigo familiar, relacionado con vínculos directos con residentes o ciudadanos españoles. Eso sí, la resolución final de todos los expedientes corresponde a la Oficina de Extranjería dependiente del Gobierno central.
Además de cumplir con uno de los tres requisitos específicos mencionados, los solicitantes deben cumplir todos los criterios generales: haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, demostrar permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden, la seguridad o la salud pública.
Entre la documentación habitual requerida figuran el pasaporte en vigor, certificados de empadronamiento, justificantes médicos, bancarios o administrativos que acrediten la permanencia en España y, dependiendo de la vía elegida, contratos laborales o vínculos familiares.
Bien venidos y mucha suerte
La dinámica de las revoluciones industriales de los últimos quinientos años muestra un patrón claro y acelerado. La protoindustrialización, basada en la energía hidráulica, se extendió durante 260 años. La primera revolución industrial, con la máquina de vapor, duró 80 años. La segunda, impulsada por la electricidad, 44 años. La tercera, la revolución digital del microprocesador, 40 años. La cuarta revolución industrial, la del internet de las cosas, lleva 16 años desde 2010 y aún está en curso. La sexta revolución industrial, caracterizada por la inteligencia artificial y los robots autónomos, se espera que dure aproximadamente 25 años, entre 2025 y 2050. Los intervalos entre revoluciones se acortan y las transformaciones son cada vez más rápidas. Los sistemas estatales, las administraciones municipales y los procesos de decisión política están diseñados para ciclos de cambio generacionales, no para rupturas en el plazo de una década. La sexta revolución industrial los desbordará en términos de planificación y capacidad de respuesta temporal.
En el ámbito agrícola de Caspe y el Bajo Aragón se avecina un cambio tecnológico profundo. Los vehículos de recolección para melocotones, almendras, cerezas y olivares en seto (cultivo en alta densidad) estarán disponibles comercialmente a partir de aproximadamente 2028 o 2030. Se prevé que para 2035 desaparezca el 50 % de los puestos de trabajo manuales de recolección, y hacia 2045 alrededor del 90 %. La demanda de jornaleros no cualificados disminuirá drásticamente.
Paralelamente, el procedimiento de regularización extraordinaria traerá a Caspe unas 1.100 solicitudes. Si a ello se añade la posterior reagrupación familiar (cónyuge y dos hijos), este grupo crecerá hasta unas 4.000 personas, lo que supone un aumento demográfico de aproximadamente el 40 %. Los jóvenes migrantes nepaleses, pakistaníes y marroquíes que hoy tienen entre 20 y 30 años pasarán su vida laboral en Caspe. Sin una recapacitación técnica, su empleabilidad finalizará como muy tarde en 2040. Entonces se quedarán sin ingresos junto a sus familias en la España rural.
En cuanto al ordenamiento municipal, Caspe dispone de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2018. Este plan regula los edificios residenciales, las superficies comerciales y los equipamientos públicos, pero no contiene ninguna disposición sobre el uso cultural o religioso de los inmuebles por parte de grupos de migrantes. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana de 2012 crea una Comisión de Convivencia de carácter consultivo, no vinculante. El Plan de Convivencia de la Diversidad Cultural de 2019 se basa en la voluntariedad, no en la obligatoriedad jurídica. En 2020 se fundó un Observatorio de la Convivencia con una función puramente informativa.
La ausencia de ordenanzas sobre edificación y uso se manifiesta de manera concreta. La Ley de Centros de Culto 16/2009 de Cataluña no es aplicable en Aragón. En Caspe no existe ninguna regulación sobre el uso de viviendas como espacios de reunión informal o lugares de oración. La legalidad de molestias por ruido derivadas de llamadas a la oración, eventos culturales en el espacio público o el uso de garajes como salas de culto permanece jurídicamente sin resolver. Tampoco existe una ordenanza municipal que abra o restrinja determinados barrios residenciales para usos comerciales, culturales o religiosos por parte de colectivos migrantes. Respecto al hacinamiento residencial: el derecho español define la sobreocupación como «uso inadecuado de la vivienda», pero en Caspe faltan cifras de medición específicas y mecanismos de control. El alojamiento gratuito proporcionado por amigos („se encargan de todo, la vivienda, la comida“) fomenta condiciones informales y no controladas, sin que el municipio disponga de instrumentos para hacer cumplir los estándares mínimos.
Conclusión: La regularización de 1.500 migrantes es humanitariamente necesaria. Sin embargo, Caspe carece tanto de ordenanzas urbanísticas como de regulaciones sobre usos para gestionar el incremento poblacional del 40 %. Los instrumentos existentes se basan en la sensibilización y la voluntariedad, no en un control vinculante. La velocidad de la sexta revolución industrial no permite una amortiguación social pausada. La introducción de sistemas de recolección autónomos se produce de forma abrupta: tan pronto como un sistema resulta económico, se impone en pocas campañas. La capacidad de adaptación de los migrantes es menor que la penetración en el mercado de la tecnología. Sin programas paralelos de cualificación, sin regulaciones vinculantes sobre la vivienda y sin directrices culturales claras, Caspe se enfrentará en los próximos años a tensiones sociales provocadas por una revolución industrial más rápida que todas las anteriores.
Quien hoy se ocupa de proyectos de prestigio como la renovación de la piscina cubierta de Caspe por 3.345.271,37 euros y pierde de vista el futuro, tendrá que aceptar que la Plaza España se convierta en la Plaza Internacional, la rotonda en Morocco Circle, y que al final Caspe se escriba de nuevo con ‘a’.