Más de 380.000 españoles que viven en el medio rural se formarán en competencias digitales hasta 2025, con la puesta en marcha del plan ‘Reto Rural Digital’, que supondrá una inversión de 90 millones dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció el proyecto durante la apertura del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, organizado por la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas y por la Diputación de Albacete, que se ha celebrado entre el jueves y el viernes en la capital albaceteña.
La iniciativa está orientada a los colectivos más vulnerables, con un programa de capacitación con entidades sin ánimo de lucro. La cobertura prospectiva de 100mbps en el medio rural superaba en 2022 el 85% y sitúa a España entre los países europeos con mayor porcentaje de población rural cubierta por fibra óptica. Asimismo, la brecha de cobertura digital de 100mbps del medio rural se ha reducido desde 2018 de 42,5 a 8,8 puntos. «No es suficiente con garantizar la cobertura, también es imprescindible desplegar las competencias digitales», explicó Ribera.
Durante su intervención, la vicepresidenta destacó que las ayudas de funcionamiento en Cuenca, Soria y Teruel suponen un instrumento útil para fortalecer la actividad económica de la zona. Según Ribera, los contratos indefinidos en estas ciudades «han aumentado un 63% respecto a enero de 2022 por la reforma laboral y por el incentivo a nuevos contratos, especialmente en pequeños municipios». También señaló que «ya se han firmado más de 4.550 contratos indefinidos en estas tres provincias en enero de 2023», que cuentan con una bonificación entre el 15% y el 20% de su cuota según municipio.
La jornada del jueves contó, además, con la presencia del secretario general de la FEMP, Carlos Daniel Casares; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el alcalde de Albacete, Emilio Sáez; y el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. También asistió la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez.
Tres de cada cuatro municipios aragoneses tienen menos de 1.000 habitantes
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, dirigió una mesa redonda bajo el título de ‘La acción de las comunidades autónomas frente al reto demográfico’ y en la que también tomaron parte Elena Cebrián, secretaria autonómica de Cohesión Territorial y Políticas contra el Despoblamiento de la Generalitat Valenciana; Juan Cruz Cigudosa, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital de la Comunidad Foral de Navarra; Fabiola García, conselleira de Política Social y Juventud de la Xunta de Galicia, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente y Vivienda de la Junta de Castilla y León.
En su intervención, explicó las peculiaridades de Aragón, que con 47.000 metros cuadrados tiene 731 municipios, tres de cada cuatro con menos de 1.000 habitantes y la mitad, con una población inferior a los 200 vecinos. Sin embargo, recordó Mayte Pérez, «la democracia y el autogobierno, la capacidad de decidir, le ha sentado muy bien a Aragón, que ha frenado la sangría demográfica». «Las buenas ideas y el emprendimiento no entienden ni de fronteras ni de territorio. Hay un talento al que hay que dar oportunidades en las mismas condiciones», apuntó Pérez, quien aportó como claves para el reto demográfico impulsar «la cogobernanza, las alianzas entre administraciones y la colaboración publico privada», por un lado, y conjugar por el otro «el fortalecimiento de los servicios públicos con un entorno en el que el emprendimiento sea favorable».
Entre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón en materia de reto demográfico, está la aprobación de la Ley de Dinamización del Medio Rural, actualmente en tramitación en las Cortes de Aragón. Una normativa planteada como un instrumento que favorezca el desarrollo económico y social en el medio rural, con el establecimiento de fórmulas de cooperación, coordinación y, a la vez, con la promoción de iniciativas que impulsen un desarrollo rural sostenible y eficaz.
La Ley incorpora por primera vez una fiscalidad diferenciada para las zonas rurales, una medida que pretende no solo fijar la población que ya hay en los núcleos en mayor riesgo de despoblación en Aragón, sino dar alicientes a quienes se planteen asentarse en esas zonas. También contempla un denominado Mecanismo de Rural de Garantía, principio rector que incluirá en toda normativa autonómica la observación de la perspectiva del cambio demográfico y de lucha contra la despoblación, el análisis de sus impactos reales y potenciales y sus efectos en el medio rural.
Hay que recordar que Aragón es la comunidad autónoma con mejor saldo migratorio interautonómico (interior), con una proyección de crecimiento hasta 2032 de un 25,6%. Es un indicador muy significativo. Teruel ha estado arrojando dos años consecutivos cifras positivas de saldo migratorio, algo que hacía muchas décadas que no sucedía. Y eso es consecuencia de la generación de oportunidades. Si entre 2011 y 2015 Aragón perdió 40.000 habitantes, de 2016 a 2021 ganó 18.000 habitantes.
Conexión a internet y transportes
En materia de digitalización, el 90,29% de hogares disponen actualmente de conexión ultrarrápida (100 megas o más). En diciembre, gracias a todas las actuaciones que están en marcha, ese porcentaje superará el 97% y a finales de 2024 alcanzará el 99,59%, frente al 63,6% de 2015 (lo que incluía únicamente Zaragoza y su entorno metropolitano).
El pasado lunes se anunció que el Gobierno de Aragón va a destinar 5 millones de euros para dotar de internet de 1 Gbp a zonas industriales y de alta concentración empresarial de 106 municipios aragoneses. El Ejecutivo sigue avanzando así en su Plan Aragón Territorio Conectado para continuar desplegando internet de calidad en todo el territorio, apoyar la actividad económica en el medio rural, atraer nuevas inversiones y asentar población. Y en noviembre, el Departamento de Ciencia lanzó el contrato por el que se dotará de conectividad de muy alta velocidad (1 Gbps) a 300 centros educativos, sanitarios, asistenciales y administrativos del Gobierno de Aragón, la mayoría en zonas rurales.
Otra de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón es el nuevo Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera, para el que se destinarán un total de 9,8 millones de euros. En el ámbito interurbano, incorpora 403 núcleos de población al servicio de transporte de viajeros por carretera, lo que supone que 20.000 aragoneses que ahora no cuentan con ningún servicio pasarán a tenerlo. El objetivo es garantizar un servicio de conexión con la localidad en la que se encuentra el Centro de Salud para todos los núcleos de población, a partir de 10 habitantes, por lo menos una vez a la semana.
En la cuestión educativa, este curso 52 escuelas rurales en Aragón contarán con tan solo entre 3 y 6 alumnos, con lo que en la X Legislatura hubieran sido cerradas. Ha puesto el ejemplo de Mezquita de Jarque, donde la escuela mantiene sus puertas abiertas con un solo alumno. Mientras, en Plan, Paúles de Sarsa o Gotor cuenta dos los alumnos en cada aula
En materia sanitaria, uno de los focos está puesto en los incentivos. Hoy por hoy, una profesional de Albarracín que tiene 200 tarjetas asignadas, repartidas en 2 o 3 pueblos, puede llegar a cobrar lo mismo que una persona que tiene 1.000 en una ciudad. Y la retribución de un profesional con unos 900 pacientes en alto grado de dispersión equivale a unos 1.600 en urbano, con la variación en la carga de trabajo que eso conlleva.
Inversiones del FITE en agricultura
Un instrumento destacado en materia de reto demográfico, aunque circunscrito a la provincia de Teruel, es el FITE. Solo en esta legislatura, la inversión se va a acercar a los 300 millones de euros, si sumamos a los 240 millones de euros presupuestados los más de 50 millones de euros que ha tenido que reponer el Gobierno de Aragón por las inejecuciones que quedaron en la VIII Legislatura.
En materia agrícola y ganadera, hay que destacar que la política del Gobierno de Aragón en regadíos –uno de los elementos más importantes a la hora de fijar población y crear oportunidades en el territorio– eleva la inversión a 552 millones de euros, con un apoyo público de 274 millones de euros y permitiendo multiplicar por más de 10 la generación económica hasta 2025.
Además, desde 2016, el Gobierno de Aragón ha destinado 165 millones de euros para la incorporación de jóvenes al campo y la modernización de explotaciones, que han permitido la incorporación de 1.856 jóvenes al sector hasta 2021
