Muchos de los proyectos eólicos de Teruel, como el Cluster Maestrazgo, continúan tramitándose sin fecha definitiva para saber si tendrán el visto bueno por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Es lo que pudo saber la Plataforma de los Paisajes de Teruel en la reunión virtual mantenida el miércoles con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sin entrar en mayores detalles al respecto.
El encuentro fue convocado por el mismo Ministerio, respondiendo a la solicitud de la Plataforma de reunirse con la ministra Teresa Ribera. El secretario les explicó que tanto el Cluster Maestragzo como otros proyectos eólicos no han llegado al Órgano de Evaluación, uno de los departamentos clave del Ministerio, que es quien emitirá la Declaración de Impacto Ambiental favorable o no favorable. «Están todavía todos los proyectos tramitándose y siendo analizados por las distintas secretarías, delegaciones provinciales etc. Nos dio la sensación de que el trámite aún llevará su recorrido», explicó Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma, que participó en la reunión junto a tres representantes más de la misma.
Durante la primera parte del encuentro los representantes de la Plataforma dieron cuenta de la gran cantidad de proyectos que se están presentando en la provincia, aproximadamente unos 8 GW, y de las afecciones que su implantación supondrían para la biodiversidad y la conservación de los espacios naturales. Unos espacios cuya riqueza, explicaron, fue argumento suficiente para proponer figuras de protección que en su tiempo no prosperaron y que en estos momentos serían garantía de conservación.
Se expuso la conveniencia de dar pasos hacia las renovables, apoyadas «incondicionalmente» por la Plataforma, pero con un modelo de eficiencia, ahorro y generación distribuida que responda a las exigencias planteadas por las Directrices Europeas del Paquete de Invierno, siendo las comunidades energéticas y el autoconsumo sus fórmulas más deseables. Esto no afectaría al desarrollo actual de sectores como la ganadería, la agricultura o el turismo que, al basarse en experiencias relacionadas con el paisaje y la naturaleza, con el modelo «macro» que se está desarrollando sí quedarán afectados. Tocar estas actividades, detallaron, puede llevar a una despoblación programada y una pérdida de la cohesión social en los pequeños municipios.
Desde la Plataforma pidieron «rigurosidad» en los proyectos, pues los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas promotoras «no cumplen las directrices marcadas por el ministerio y no reflejan muchas de las afecciones a la flora o la fauna que tendrían, especialmente en aves y quirópteros», explicaron. Es por ello que solicitaron que tanto legislación como legisladores faciliten el trabajo de ayuntamientos y de los vecinos a la hora de hacer frente a la comprensión y oposición a estos proyectos «tan extensos y farragosos».
El secretario de Estado, desde su experiencia como alcalde de un pequeño pueblo asturiano, se mostró consciente de la «dificultad de armonizar proyectos y conservación del espacio natural». Declaró que el nuevo modelo energético tiene que hacer compatible la producción de energía y el acceso a la misma con la preservación del capital natural, que «es patrimonio común de todas las personas». La búsqueda de equilibrio entre el cambio energético y la biodiversidad debe estar siempre en el desarrollo de los proyectos. «La protección del medio ambiente nunca se debe ver como una traba al desarrollo de los territorios», recalcó.
Hugo Morán explicó que en el desarrollo de los proyectos «hay muchas empresas que no tienen intención de suministrar la energía, sino que lo plantean como un producto financiero», lo que ha producido una «avalancha de los mismos», «lo cual no quiere decir, ni muchísimo menos, que todos eso proyectos vayan a prosperar en su fase inicial», pues no cumplirán con las condiciones de evaluación ambiental.
«Nos aseguró que en la Evaluación Ambiental van a ser estrictos y rigurosos», añadió Oquendo.
El mismo Ministerio ha elaborado un mapa de zonificación para que las empresas lo tengan en cuenta. Aunque no les prohíbe presentar proyectos en esas zonas, recalcó Oquendo. «Es el caso del Cluster Maestrazgo, cuyos proyectos entran plenamente en todo lo que el Ministerio presentó como zona de exclusión», añadió el portavoz. Es por eso que desde la Plataforma confían en que algunos de los proyectos presentados en la provincia no lleguen a término por no cumplir la legalidad.
Los procedimientos de evaluación ambiental no van a ser más rigurosos que hasta ahora, «pues los procesos son garantistas», pero esto no significa que todo sea válido. De todos los proyectos presentados sólo pasarán aquellos que cumplan los requisitos y se sustanciarán los que cumplan las condiciones, siendo posible que no sean todos, destacó el Secretario de Estado
Morán detalló que el mapa de zonificación publicado por el Ministerio va a ser «tenido muy en cuenta», quien lo desee puede presentar un proyecto en esos espacios, pero sus posibilidades de conseguir la autorización «van a ser muy limitadas». El volumen de proyectos que hay presentados está por encima de la capacidad de carga que el territorio puede asumir, aseguró el Secretario.
También afirmó que lo normal es que cuando un promotor vea que hay dificultades en un territorio replantee su proyecto, «por sentido común». El Ministerio, en la parte que afecta a la evaluación, «va a ser garantista» en relación a la capacidad de un territorio y con relación a los proyectos que hay en el mismo. Se reconoce que no hay una ley del suelo en el Estado español y que debería haberla para poder tener capacidad de información y poder determinar los usos compatibles.
Para último se generó un breve diálogo sobre la Red Natura, la fragmentación de proyectos y la necesidad de avanzar en las evaluaciones de impacto por empresas imparciales. Se reconoce que hay agujeros en la norma y que se irán corrigiendo, pues «siempre la ley va por detrás de la casuística» ha reconocido Morán. Además la confianza en las administraciones se debe recuperar con unas normas que sean iguales en todos los territorios y para todo tipo de proyectos.
Ambas partes se han emplazado para seguir dialogando y mantener la puerta abierta para poder analizar y dialogar sobre los proyectos y sus tramitaciones. Se insiste en la transparencia y la diligencia en la tramitación. Además se seguirá avanzando en normativa que dé respuesta al nuevo modelo energético de generación distribuida, autoconsumo y de proximidad.
