El Gobierno de Navarra ha presentado este viernes un proyecto denominado Mecanismo Rural de Garantía, pionero a nivel estatal, para identificar y proponer modificaciones en la legislación actual con el fin de impulsar el desarrollo de las zonas rurales. Con este propósito, se ha creado un grupo de 100 personas (G100), 50 mujeres y 50 hombres, convocadas por el ecosistema de emprendimiento e innovación El Hueco y expertas en ámbitos como movilidad, vivienda, tecnología, municipalismo, medioambiente o fiscalidad, que a lo largo de este año plantearán alternativas para futuras leyes.
Entre los 100 componentes se encuentran varios turolenses: el primer edil de Alcañiz, Ignacio Urquizu; el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando; el co-fundador de Apadrinaunolivo.org Alberto Alfonso, la técnico de Programas Europeos de la Diputación de Teruel, Laura Gascón; y el director del Diario de Teruel, Chema López Juderías, entre otros.
El denominado G100 se dividirá en 15 áreas estratégicas: municipalismo y gobernanza, legislación europea, fiscalidad, contratación pública, empleabilidad y emprendimiento, educación y cultura, movilidad y transporte, envejecimiento y salud, urbanismo y vivienda, medioambiente y energía, economía agropecuaria y forestal, tecnología y conectividad, comercio y turismo, comunicación, nuevas economías e innovación social.
Urquizu formará parte del grupo de fiscalidad, donde se analizarán las posibles medidas fiscales que puedan ayudar a combatir la despoblación. "Como dijimos desde el primer momento, queríamos que Alcañiz fuera una ciudad de referencia en los grandes debates nacionales. Muchos de los problemas de la España interior son los problemas de Alcañiz y este grupo no sólo podremos aportar, sino también aprender. Además, la filosofía de este grupo es innovar y hacer
de la España interior un lugar para el emprendimiento y la creación, siendo la generación
de empleo uno de los principales objetivos», ha dicho Urquizu, quien ha asistido este viernes a la presentación del proyecto.
El proceso se llevará a cabo a lo largo de este año. En una primera etapa, entre los meses de febrero y junio, los grupos temáticos recopilarán y revisarán las políticas y normas que influyen y/o limitan el desarrollo rural. A continuación, se realizará un trabajo plenario para poner en común los diagnósticos de cada área. Durante el segundo semestre, los grupos propondrán alternativas al diagnóstico realizado y a final de año se presentarán públicamente los resultados.
Para finalizar el proyecto, se editará una guía con el Mecanismo Rural de Garantía que recogerá los puntos normativos conflictivos y las propuestas para su modificación en favor del impulso de una legislación que permita y promueva el desarrollo de las zonas rurales. El documento hará referencia asimismo al diseño de programas y estrategias para cubrir las necesidades de las comunidades rurales y pondrá en valor el potencial de estas zonas para aportar modelos de desarrollo innovadores, integradores y sostenibles.
Iniciativa a nivel internacional
El mecanismo «Rural Proofing», como se conoce esta iniciativa a nivel internacional, surge al amparo de procesos similares que se han iniciado en países que padecen graves desequilibrios territoriales, como es el caso de Reino Unido, Finlandia, Suecia, Canadá, Australia o Nueva Zelanda.
En 2016 la Unión Europea (UE) celebró la Conferencia sobre Desarrollo Rural Cork 2.0, en la que se concluyó que era necesario revisar sistemáticamente las políticas sectoriales y macroeconómicas desde una perspectiva rural.
