Los agricultores están pendientes de las medidas que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes. El borrador de decreto ley para modificar la cadena alimentaria establece, entre otras cosas, que cada operador de la cadena está obligado a pagar al anterior un precio igual o superior a lo que le cuesta producir, según adelantó este lunes Radio Nacional Española. El documento advierte a quienes venden el producto a los consumidores, los distribuidores o grandes superficies, que no pueden repercutir los riesgos que asumen en su política comercial ni a los agricultores, ni a los ganaderos, ni a la industria (es decir, se prohíbe la venta a pérdidas o la fijación del precio de arriba a abajo).
En materia de precios, los costes de la producción deberán estar incluidos en los contratos que los agricultores y ganaderos suscriben con la industria o la distribución.
El real decreto ley también recoge una fiscalidad más escalonada para los jóvenes agricultores que ahora podrán pagar en cuatro años y no en uno los tributos generados por las ayudas europeas de la Política Agraria Común (PAC).
Reuniones a contrarreloj
El Gobierno ha mantenido reuniones a contrarreloj estas semanas para rebajar la tensión en el campo y evitar una gran movilización social a la francesa similar a la de los chalecos amarillos. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Agricultura, afirmó hace dos semanas que modificaría la Ley de la Cadena Alimentaria se llevará a cabo antes de que termine el mes. Durante este mes se han celebrado una serie de encuentros con representantes de todos los eslabones (sector productor, industria, gran distribución y ciudadanía) para «trabajar unidos y encontrar la mejor solución para que agricultores y ganaderos perciban una remuneración justa y su trabajo sea socialmente reconocido», señalaron desde el MAPA.
La de este martes será una primera modificación de la ley urgente (en la que se prevé incluir la prohibición de las ventas a pérdidas) porque posteriormente habrá que elaborar un proyecto de ley para adaptar más de 30 artículos a la directiva europea sobre este asunto.
Respecto a la negociación que se abre este jueves en Bruselas para el presupuesto europeo (2021-2027), del que depende la futura PAC, el ministro ha subrayado que España intentará «sacar lo máximo posible» para «mantener los mismos niveles, o muy próximos», de apoyo a los agricultores.
El ministro ha aventurado una negociación «difícil» por motivos como el Brexit, que reduce el presupuesto de la UE un «13 %».
