El futuro centro interadministrativo de servicios al ciudadano de la villa minera encara su recta final. El Ayuntamiento aprobó este miércoles en pleno extraordinario una modificación del contrato de obras con el objetivo de ajustar dos partidas económicas y mantener el calendario previsto, que sitúa la puesta en funcionamiento del edificio a mediados de abril.
La sesión abordó un único punto que, según el consistorio, no podía esperar al pleno del próximo lunes. La modificación aprobada afecta a dos conceptos: por un lado, la retirada de elementos ocultos con amianto hallados en el antiguo edificio; por otro, la actualización del sistema informático previsto para el equipamiento del centro.
En concreto, la aparición de residuos con amianto ha supuesto un incremento de 5.500 euros para su retirada, transporte y gestión por parte de una empresa autorizada. A ello se suma la revisión de la partida destinada a la infraestructura tecnológica del inmueble. El proyecto inicial contemplaba una inversión de 58.031,53 euros para el sistema integrado de servidores, almacenamiento y seguridad, una cifra que ahora se sustituye por otra de 66.086,47 euros para un sistema de computación avanzado.
La portavoz del equipo de gobierno, Isabel Zamora, justificó este segundo cambio por la «actualización de los precios del equipamiento informático por el tiempo que ha pasado desde la redacción del proyecto hasta la fecha actual». El acuerdo salió adelante por unanimidad. Además, el Ayuntamiento solicitará al Instituto para la Transición Justa la aceptación de esta modificación, al tratarse de un proyecto vinculado a las ayudas concedidas dentro del proceso de reactivación del territorio.
Pese a los retrasos acumulados durante la tramitación y la ejecución, el Ayuntamiento mantiene ahora el horizonte de abril para abrir este nuevo espacio administrativo. La previsión municipal es que las obras estén terminadas a mediados del próximo mes y que el edificio pueda comenzar a prestar servicio poco después.
El proyecto fue anunciado en 2023 tras la aprobación de las ayudas y subvenciones del ITJ. Sin embargo, el proceso no ha sido lineal. Las tres primeras licitaciones quedaron desiertas, lo que obligó a retrasar la adjudicación hasta noviembre de 2024, cuando el contrato recayó en la UTE formada por Acsa Obras e Infraestructuras SAU y Aragonesa de Obras Civiles SL por un precio de 2,605.010,28 euros con IVA incluido.
Las obras comenzaron en mayo de 2025 y, desde entonces el proyecto ya ha tenido que afrontar varios ajustes. Ese mes se aprobó una primera modificación del proyecto y, en enero de 2026, la empresa adjudicataria solicitó una nueva ampliación del plazo de ejecución de un mes y medio.
total para lo que hacen…igual les da un sitio que el otro, estás haciendo buenos a los otros alcaldes…