La aplicación actual de las ayudas al funcionamiento en un porcentaje mínimo, no supone ni siquiera el 1% de crecimiento del PIB y del empleo en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria. Son las conclusiones de un informe presentado ayer por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA). El doctor en Economía y autor del estudio, José Antonio Herce, ha hecho una comparación entre las medidas aprobadas por el Gobierno de España y el tope permitido por la Comisión Europea (20%), incidiendo en que «se multiplicarían sus efectos positivos sobre las provincias y sobre sus empresas y, por lo tanto, también a la hora de fijar población.
El informe denominado ‘Las Ayudas al Funcionamiento y la lucha contra la despoblación: Impacto Económico’ estima que llevando esta medida al máximo autorizado por Europa se pasaría de incrementar en las tres provincias el PIB de un 0,19% con las ayudas actualmente vigentes (Ley 31/2023), a hacerlo en un 6,79 %. En cuanto al empleo, un aspecto fundamental para fijar población, se pasaría de un incremento de un 0,17 % con las ayudas iniciadas a 1 de enero de 2023 a hacerlo en un 6,35 % en su cuantía máxima.
Además, este informe recalca que no solo tendría efectos positivos para las provincias, sino que también tendría un «mayor retorno para las arcas públicas», puesto que el retorno fiscal pasaría de 5,86 millones de euros en el marco de ayudas vigentes, a hacerlo en 212,15 millones de euros en el marco de máximos que permite la Comisión Europea.
Del mismo modo, se señala que las actuales ayudas al funcionamiento se centran en las cuotas empresariales de la Seguridad Social referidas a los trabajadores indefinidos en el Régimen General, que son el 51,4 % de los afiliados. Mientras que la otra mitad de afiliados no se incluyen en estas ayudas, como es el caso del tejido autónomo que supone un 22,3 %; tampoco los trabajadores temporales, 13,1%; ni regímenes especiales como el de empleados del hogar, 5,4%.
Asimismo, el documento reseña que las actuales Ayudas al Funcionamiento únicamente favorecen a las empresas con asalariados, que representan solo el 47,6 % del total del censo de empresas activas en el territorio SSPA.
Además, el 90,7 % de las poblaciones de las tres provincias se benefician de la mayor bonificación contemplada por las ayudas vigentes, al tener menos de 1000 habitantes, en el caso de nuevas altas laborales (de escasa relevancia, no obstante). Sin embargo, solo reúnen el 23,4 % de las empresas y el 14,6 % de los afiliados al régimen general, ya que la actividad económica está «polarizada en los municipios de mayor población». Este límite, como criterio para zonificar, genera «efectos distorsionadores y agravios comparativos», también porque «discrimina» a las empresas ya establecidas y sus asalariados contratados con anterioridad al 1 de enero de 2023. Bonificaciones diferentes (a las nuevas altas laborales) entre Santa Eulalia del Campo y Villarquemado en Teruel; entre Vinuesa y Duruelo de la Sierra en Soria, o entre Mira y Villalpardo en Cuenca, son claros ejemplos de municipios vecinos con poblaciones semejantes, pero diferentes bonificaciones por el mero hecho de estar por arriba o por debajo del límite de 1000 habitantes.
En esta línea, el estudio destaca que las actuales Ayudas al Funcionamiento «favorecen más» a las nuevas empresas y trabajadores; mientras que las empresas y trabajadores autónomos existentes, que han resistido a la despoblación durante décadas, reciben beneficios «muy inferiores». «Para lograr una auténtica repoblación es necesario evitar la desaparición de las empresas existentes, garantizar que los trabajadores no queden desempleados y evitar que los jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades laborales», incide el estudio.
A pesar de todo, este documento señala que es «muy significativo» que se haya aplicado por primera vez esta herramienta en nuestro país, de ahí que defiendan este trabajo como una «crítica constructiva» con la esperanza de crear las condiciones necesarias para la competitividad de los territorios en riesgo de despoblación. Su autor recuerda que estas ayudas representan una palanca para las políticas contra la despoblación en España y recalca que es una «oportunidad» que no se debe desaprovechar porque «si falla su aplicación actual por su escasa ambición, quizá no se vuelva a repetir», advierte.
La Red SSPA demanda que la aplicación de las bonificaciones sea igual para todas las empresas, con independencia de que los trabajadores sean nuevas contrataciones o no, y sin que existan diferencias entre municipios. Además, incide en la necesidad de que todos los autónomos de Teruel, Cuenca y Soria se beneficien igualmente de estas ayudas sin limitación temporal, y en tanto las provincias no alcancen 12,5 habitantes por km2.
Este estudio señala que para que las ayudas sean efectivas, se requiere una «reformulación radical» para alinear de manera efectiva los esfuerzos públicos y privados y conseguir efectivamente el objetivo buscado por la Comisión Europea, que no es otro que la reactivación económica de estos territorios, como vía para incrementar la población.
En definitiva, el informe incide en que las actuales Ayudas al Funcionamiento contempladas para 2023 en la Ley Presupuestaria tienen un efecto «muy limitado» sobre la creación de empleo, sobre la atracción de nuevas empresas, sobre nuevas altas de autónomos; tendrán un muy escaso impacto en el PIB, así como en las rentas de los ciudadanos de estas provincias. Por otra parte, el hecho de que coexistan planteamientos que diferencian las bonificaciones empresariales en función de número de habitantes de los municipios y en función de si son nuevas contrataciones o preexistentes podría generar efectos frontera muy distorsionantes entre empresas de poblaciones vecinas.
Juan Ciércoles, presidente de CEOE Teruel, también remarca que continuarán exigiendo la cuantía que consideran «justa» y más «beneficiosa para todos». «Vamos a seguir trabajando y reivindicando hasta que llegue este 20% que para eso estamos, para exigir lo que es nuestro», concluye el representante de la patronal.