El investigado recibió subvenciones autonómicas y estatales para crear Z-Mobile pero nunca llegó a fabricar ningún coche eléctrico
La abogacía del Estado pide ocho años de cárcel para el empresario David Monforte por quedarse 1,8 millones en subvenciones públicas para montar, entre otros, una empresa para fabricar coches eléctricos en Technopark de Alcañiz y generar decenas de puestos de trabajo. Tal y como publica Marta Garú en Heraldo de Aragón, será juzgado por presuntamente apropiarse de las subvenciones tanto del Gobierno de España como el de Aragón.
Esta persona, junto al también empresario José Luis B. H., llevó la ilusión a varios municipios aragoneses prometiéndoles ser sede de un próspero negocio que terminó siendo pura fabulación. En Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Monzón y Tarazona les ayudaron en lo que pudieron para sacar adelante el proyecto, lo que permitió al investigado asegurarse unos 1,8 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, ni en estas localidades ni en ninguna otra se llegó a fabricar nunca nada.
La sociedad Z-Mobile percibió fondos, mediante préstamo o subvención de diversas administraciones (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, etc.), todas ellas con el mismo fin, que era la reindustrialización de la provincia de Teruel. En esta provincia, concretamente en Alcañiz, la citada sociedad instaló una fábrica de vehículos eléctricos, para lo que llegó a percibir casi 1.800.000 de euros de dinero público. Así llegó a construir una nave en el polígono industrial de Motorland, donde sin embargo nunca se llegó a producir nada aunque sí contrató a trabajadores a los que aún les adeuda parte del salario.
Con ese dinero, y según informaron desde Policía Nacional en 2016, el empresario hizo un aumento fraudulento del capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros. Aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos.
Tal y como señalan los representantes de las empresas proveedoras y emisoras de las facturas de mayor importe, la operativa que venía siguiendo el empresario era solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar expectativas de negocio, y realizar un abono que se retrocedía por otra vía con diferentes excusas, realizando unos primeros pagos al servirse una parte de material lo que daba una falsa sensación de solvencia. Se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto, aportando la factura completa a la administración como justificante de gasto.
Se aportaban a la administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros.
Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular por el empresario para viajes, pago de la hipoteca particular, pago de nóminas, cursos de formación, reintegros en efectivo…
Por parte de distintas instituciones públicas (el Instituto Aragonés de Fomento, la Dirección General de Industria del Gobierno de Aragón, el Ministerio de Industria y el de Hacienda), la sociedad señalada fue objeto de diversas inspecciones que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por no consecución de los objetivos, y por fraude en las facturas presentadas, sin que se pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones.
