El proyecto Rumbo, de apoyo a las personas con discapacidad e impulsado por el Gobierno central, encara la recta final de su primera fase, que concluirá el próximo mes de diciembre. Tras su comienzo, en febrero, esta incitativa ha asistido en la comarca Bajo Aragón-Caspe a 46 personas con discapacidad física o en una situación de dependencia que requieren de asistencia domiciliaria para disfrutar de una mayor autonomía en su día a día. En la segunda etapa, denominada «de escalada», se estudiará cómo se pueden transferir los conocimientos generados durante el proyecto a otros municipios tanto de dentro como de fuera de Aragón.
El delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, ha acudido este lunes a la localidad de Caspe para realizar balance de la primera fase, así como para conocer la experiencia de una de estos usuarios, Amparo Sancho, y de la asistente personal asignada a través del proyecto, Silvia Sala.
Beltrán ha destacado el buen resultado que está dando el proyecto gracias a la aplicación de un sistema personalizado de atención y asistencia a las necesidades concretas de cada usuario. «Este proyecto, que nace como piloto, es realmente eficaz y hay que velar por la continuidad del mismo», ha valorado el delegado.
A la visita también ha asistido la coordinadora del proyecto, Olga Tena, quien ha explicado los resultados tras evaluar la calidad de vida de los usuarios antes de la implementación del proyecto y tras haber transcurrido unos meses: «Son muy buenos, sobre todo, en aspectos como la inclusión social, el desarrollo personal o la autodeterminación». Tena ha indicado que, además del incremento de la autonomía de los beneficiarios y el empleo generado (13 puestos de trabajo en total), la ciudadanía también lo valora «muy positivamente ya que está cumpliendo con las expectativas y las necesidades que hay en esta comarca».
Silvia Sala, una de las doce asistentes personales participaron ayer en la visita, destacó que este trabajo le ha permitido continuar viviendo en su municipio, Caspe, y encontrar una gran motivación en su labor. Sala se formó en febrero de la mano de una terapeuta ocupacional que también está integrada en la plantilla actualmente. Sala ha destacado que para ella es un trabajo «muy ilusionante» al poder ayudar a otras personas. «Estoy contenta y la verdad es que mis usuarias son encantadoras, a veces los fin de semana también querría ir a verlas», ha valorado.
Fomentar la autonomía en el medio rural
Asimismo, la coordinadora Olga Tena ha recalcado la importancia de este servicio en el medio rural dado que «no siempre las viviendas son del todo accesible». Tena apuntó que la figura de los asistentes personales es una «gran ayuda para conectar a las personas con estas dificultades con los servicios comarcales, por ejemplo, y para ayudarles a salir de casa y que hagan vida en comunidad».
Por su parte, la usuaria Amparo Sancho ha aprovechado la visita para compartir con el delegado del Gobierno su experiencia. Para la caspolina, el hecho de disponer de una asistente personal formada para ayudarla en las tareas que más dificultad le presentan ha supuesto una mejora radical: «lo cambió todo porque yo estaba en casa al no tener ascensor. Ahora con Silvia (la asistente) tengo un apoyo muy grande para salir, hacer la compra o ir a hacer fitness en el agua para personas con poca movilidad, por ejemplo».
El proyecto Rumbo, que es gratuito para los usuarios, está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a su vez a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea (616.818,93 euros).
Esta acción ha sido desarrollada por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón (Cocemfe Aragón) con la colaboración de la Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca (Asadicc). Su objetivo principal radica en la implementación de un modelo de autonomía personal conectado e inclusivo. A nivel nacional, en el proyecto participan 22 entidades, enmarcadas en distintas confederaciones del Tercer Sector de la discapacidad (Cocemfe, Aspace, Predif, Fedace y Autismo España), y que se reparten en cinco comunidades autónomas.
