Continúa la polémica sobre la utilización del superávit de ayuntamientos para paliar las negativas consecuencias de la pandemia. Los alcaldes de localidades como Tarazona, Rueda, Lumpiaque o Chiprana coinciden en que es necesario poder disponer de los remanentes consistoriales "pero sin condicionarlo, ya que solo así podrán hacer frente a la merma de ingresos y a la pandemia".
Según explican los populares en un comunicado, el plan que el PSOE, a través de la FEMP, intenta imponer a los ayuntamientos para que el Estado pueda financiarse utilizando los remanentes de los municipios "ha encontrado un rechazo frontal entre los alcaldes del PP de la provincia de Zaragoza".
La mayoría de ellos han anunciado que no se sumarán a esta propuesta, ya que la consideran «desproporcionada e injusta con los municipios», y exigen una flexibilización de las condiciones "para que todos puedan acceder a fondos Covid al margen de sus ahorros y para que no les suponga una cesión de un dinero que es de los vecinos".
«La mayoría de los ayuntamientos necesitan poder acceder a los 5.000 millones de euros del plan anti Covid para reactivar la economía local y seguir prestando servicios esenciales, reaccionar a una bajada de ingresos más que previsible y compensar el esfuerzo extra que les supone actuar frente a los contagios», insiste el portavoz del PP en la DPZ y vicesecretario de Organización del PP de Zaragoza, Francisco Artajona. «Sin embargo, la condición que les impone el Gobierno para acceder a las ayudas es entregar sus remanentes, en caso de que los tengan, y la mayoría de nuestros alcaldes no van a ceder a este chantaje», añade.
La mayoría de los alcaldes insisten en que esta «cláusula» es «inadmisible porque supone entregar el dinero que es de todos los vecinos», como detalla Mari Carmen Lázaro, alcaldesa de Urrea de Jalón.
Además, de entregarlo, esto les generaría un problema de tesorería que les impediría cumplir con los compromisos que tienen adquiridos con los proveedores o pagar las nóminas de los trabajadores. Jesús Martínez, alcalde de Lumpiaque, lo califica de «enorme irresponsabilidad»: "A los ayuntamientos se nos está pidiendo algo que no vamos a poder hacer, porque no podemos dejar las arcas vacías y dejar de pagar a nuestros trabajadores y proveedores".
El alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, explica lo difícil de la situación: "En Tarazona hemos tenido que dejar a un lado nuestras inversiones sacando planes de ayudas a los comercios y hosteleros y otros sectores para que puedan mantener abiertos sus negocios. Si no se nos ayuda no podremos seguir haciéndolo, porque la crisis económica sólo acaba de empezar".
Artajona recuerda, además, que muchos ayuntamientos no tienen en sus cuentas bancarias el remanente que indican sus estadísticas por diferentes ajustes de ingresos o gastos. Por lo tanto, entregar el remanente implicaría dejar a 0 o en números rojos su Tesorería, y eso, ante la merma de ingresos que van a sufrir, sería una temeridad porque no podrían afrontar sus pagos.
En este sentido, los ayuntamientos tendrán otro problema añadido el año que viene: la notable disminución de las transferencias que reciben del Gobierno por la participación de los tributos del Estado, que disminuirá en un porcentaje importante ante la previsible bajada de la recaudación. A lo anterior, se le unirá la disminución de la recaudación local por la bajada de la actividad económica o los más que previsibles impagos de impuestos y tasas. Javier Nicolás, primer edil de Chiprana, alerta de la situación: «Este año vamos a sufrir una merma importante en la recaudación y el año que viene ni lo sabemos. ¿Cómo voy a entregar los ahorros que tenemos? ¿Como voy a pagar a mis trabajadores y a los proveedores si los entrego?".
«Este decreto es en muchos términos comparable al decreto del Gobierno con la desamortización de Madoz de 1855, cuando el Gobierno del bienio progresista confiscó los bienes comunales arruinando a los ayuntamientos y perjudicando a los agricultores que comían de cultivar esas tierras», explica el alcalde de Rueda de Jalón, Bernardo Lario. Y llega en unos momentos en los que los municipios necesitan un colchón importante de tesorería para afrontar sus gastos.
La solución: un plan sin condiciones
La solicitud unánime de los alcaldes es un plan sin condiciones. Lo que necesitan pasa por dos claves: la primera es que puedan gastar lo que han ahorrado en sus cuentas durante estos años para compensar la disminución de recaudación que van a tener. De esta forma, estarán en disposición de seguir brindando unos servicios de calidad y de realizar inversiones mejoras en las infraestructuras.
Por otra parte, exigen poder acceder a fondos no reembolsables para poder reactivar la economía local y evitar cierre de negocios y el aumento del paro.
Esto implicaría modificar el Decreto 27/2020 de 4 de agosto sobre medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las Entidades Locales en dos sentidos:
- Que no se condicione la asignación de los 5.000 millones del fondo no reembolsable a la entrega de los remanentes de los ayuntamientos.
- Que se permita la utilización de los remanentes acumulados de tesorería para para gastos incondicionados.
Francisco Artajona recuerda que el Gobierno de España debe velar por la España Vacía, y que este plan no solo la ignora, sino que la perjudica. «En España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes; en Aragón, más del 95% tienen menos de 1.000 habitantes. «La España que se desangra poco a poco necesita ayuda para seguir existiendo, y para obtenerla no se les puede poner como condición la entregar sus ahorros, pues es la sangre que los mantiene vivos todavía", concluye.
