Chus García
Desde que comenzara la campaña de recolección, los fruticultores aragoneses han denunciado la agonía que atraviesa el sector. Lo han puesto sobre la mesa del ministro de Agricultura y del consejero del ramo. Lo han escrito en artículos de opinión. Lo han hecho navegar por las redes sociales. Lo han denunciado en ruedas de prensa organizadas en los despachos de las organizaciones agrarias o pisando tierra en las fincas de frutales. Y ahora lo van a gritar en las calles, con un calendario de movilizaciones que comenzará el próximo día 19 de octubre en Calatayud y que viajará posteriormente (y en fechas todavía por concretar) por las distintas zonas productoras de Aragón.
Unas protestas en las que preferirían no estar solos. Les gustaría que les acompañasen el resto de organizaciones agrarias, porque aunque de momento es UAGA quien ha convocado estas acciones, el sindicato aboga por la unidad de acción y confía en que también salgan a la calle los máximos dirigentes de UPA, Asaja y Araga y los fruticultores asociados.
Les gustaría que les acompañase el sector agrario en general, porque aseguran que los problemas económicos que arrastra este sector (precios por los suelos, costes de producción por las nubes, falta de liquidez, competencia desleal de importaciones a bajas cotizaciones, caída del consumo, excesivos márgenes, especulación…) no son ajenos a los que sufren otras producciones agrícolas y ganaderas.
Y, sobre todo, les gustaría contar con la participación de la sociedad aragonesa, a la que recuerdan que la fruticultura está herida de muerte y Aragón no puede permitírselo. Sería un lujo demasiado caro, insisten, perder una producción de calidad, un sector dinámico e inversor, que factura 350 millones de euros y da empleo a unos 15.000 trabajadores. «En definitiva, una segunda Opel», como la califica el responsable de Relaciones Laborales de UAGA, Vicente López.
El principal motivo que lleva (de nuevo) a los fruticultores a la calle se vuelve a llamar «falta de rentabilidad». Los culpables son los precios que reciben por sus producciones, demasiado bajos para compensar unos costes de producción que no dejan de crecer. Y su principal demanda, una cadena de valor en la que todos ganen, por supuesto, pero en la que -como sucede ahora- no sea el primer eslabón (es decir, el agricultor) el que solo pierde… y mucho.
Si se hace oídos sordos a sus movilizaciones, están dispuestos a llevar sus reivindicaciones a Madrid, y si fuera necesario sacar músculo, no descartan incluso la huelga.
¿Cómo puede ser que con una cosecha un 30% inferior a la del pasado año los precios pagados al agricultor sean los mismos que hace tres años? ¿Cómo se explica que las cámaras frigoríficas estén llenas de nuestras frutas y las instituciones aragonesas ofrezcan en sus cáterin manzanas italianas? ¿Cómo se puede competir con una fruta procedente de Polonia que los mayoristas ofrecen, ya envasada, a 40 céntimo el kilo cuando el precio no debería ser menor de 1,20 euros?
Son las preguntas que lanzan los agricultores para dejar en el aire esas «cosas perversas», como las definen los máximos responsables del sector de UAGA, que explican la situación de «fallecimiento» en la que se encuentra una de las producciones más importantes de Aragón, por su cantidad, por su calidad y por el impacto que tiene tanto en la producción final agrícola como en el empleo.
Puede que el origen de esta travesía en el desierto haya que buscarlo en aquella campaña de 2014 cuando sin previo aviso y sin culpa alguna los fruticultores se encontraron cerrada la puerta de un mercado, el ruso, al que Aragón exportaba más de 80 millones de kilos de fruta dulce y a un consumidor, además, de alto poder adquisitivo.
Desde entonces los precios en origen -auténticos culpables del desastre- no han levantado la cabeza. Pero Rusia y el boicot del Kremlin quedan ya un poco lejos. El motivo hay que buscarlo más cerca, en una cadena de valor «que fija los precios de arriba a abajo», en la que el eslabón más débil es el agricultor, que tiene que vender su fruta sin saber cuánto cobrará por ella y cuando lo hace el ingreso es notablemente inferior al coste de producción.
Lo demuestran los datos. Según el IPOD (índice de precios origen-destino, elaborado por COAG y la OCU) en la actual campaña los precios del melocotón recibidos por el agricultor son «las peores cotizaciones desde 2013 (exceptuando el desastroso año 2017) y suponen un descenso del 26% respecto a la media de las campaña 2013-2018, que, sin embargo, se incrementan un 538% cuando llegan a los lineales de los supermercados, un porcentaje que incluso supera el ya amplio margen de la media de los últimos años.
Fruta regalada
David Borda, responsable del sector de fruta dulce de COAG, explica la situación de una manera muy gráfica. «Ahora, nuestra fruta va de regalo en un plástico o envase. El consumidor es lo que acaba pagando. No paga los costes de producir la fruta, sino los costes y márgenes de todos los eslabones, menos los de los agricultores. Hemos construido una cadena de valor en la que el precio final incluye el envase, el plástico, el transporte, la manipulación, en definitiva, los costes de todos los eslabones de la cadena y, desde luego, sus márgenes, pero no incluye el valor de la fruta», dice.
Y los productores aragoneses ponen las cifras que detallan la realidad. «Al comienzo de campaña estábamos cobrando menos de 35 céntimos por kilo, pero las liquidaciones del mes de agosto van a ir a peor y septiembre va a ser un completo desastre», señalan casi al unísono los fruticultores, que recuerdan que producir un kilo de fruta supone un coste que ronda los 30 céntimos el kilo. Por eso, denuncia con contundencia Oscar Moret, representante del sector en UAGA, «si esos márgenes de hasta un 600% llegaran al origen podríamos mantener nuestras explotaciones».
Responden también a las administraciones públicas, a los responsables políticos que, como el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, señalan a los productores (y a su organización en estructuras comerciales potentes) como los protagonistas necesarios para dar la vuelta a tan agorero panorama. «Desde el sector hemos hechos los deberes. Nuestros campos son más productivos, hemos introducido mejores variedades, hemos creado OPFH (organizaciones de productores de frutas y hortalizas)», insisten los representantes de la organización agraria, que reiteran que, a pesar de ello, la cadena comercial es tan potente que no pueden competir.
De agricultor a ¿comerciante?
A los agricultores les sorprende que ahora les «presionen» para que se dediquen al comercio. «Nunca nos había dicho que tendríamos que pasar a la comercialización», señala Óscar Moret, corresponsable del sector de fruta en UAGA. Pero el sindicalista asume que si hay que hacerlo, no puede ser de la noche al día. «Eso cuesta 30 años de inversión, de puesta en marcha de infraestructuras, de promoción en los mercados», destaca. Y señala que ahora precisamente es el momento más inadecuado para tal empresa, porque «para un productor descapitalizado es totalmente imposible». Así que lanza el guante a las administraciones públicas, a las que advierte que «si ese es el futuro necesitaremos dinero porque ahora mismo tenemos graves problemas de liquidez».
Los representantes de UAGA advierten además del daño colateral que podría causar la concentración de la oferta y el hecho de que los agricultores no solo sean los que producen la fruta sino los encargados de venderla. «¿Qué pasará con los almacenistas?», se pregunta Moret, para responder a renglón seguido utilizando un ejemplo muy visible en otro sector: «Sucederá como ha sucedido en el comercio, que concentración de la oferta en grandes superficies ha obligado al cierre de las pequeñas tiendas de barrio», afirma.
En este escenario, el sector de fruta dulce, con el que Aragón es una de las principales y primeras comunidades productoras del país, «tiene poco futuro». UAGA advierte de que «son muchos» los agricultores que han tirado la toalla ante la imposibilidad de mantener sus explotaciones, ya sea optado por arrancar sus frutales para dejar sitio a otras producciones más rentables, o, lo que es peor, ya sea huyendo definitivamente del sector (y en ocasiones del medio rural) para emplearse en una fábrica.
Las advertencias sobre la complicada situación que vive el sector no solo llegan desde UAGA. También se escuchan de voz de los representantes de Asaja, Araga y UPA, que han trasladado su preocupación y reivindicaciones tanto al ministro Luis Planas como al consejero Joaquín Olona.
UPA también pone el foco en los precios en origen. Son «exageradamente bajos», critica el sindicato, que insiste que esta situación está provocada por el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria. Desde la organización que lidera en Aragón José Manuel Roche, esta norma obliga a que exista un contrato escrito de compraventa entre los distintos eslabones de la cadena (agricultores, centrales hortofrutícolas, distribución), pero eso «solo sucede en casos muy contados».
Asaja Aragón advierte de la crítica situación que soportan los fruticultores aragoneses y lamenta que tras dos años de reuniones con los responsables del Ministerio apenas se hayan tomado medidas eficaces para salvar al sector. La nula operativa del Ministerio, asegura la organización agraria, tiene mucho que ver con la falta de disponibilidad financiera que, según Asaja, por lo que los resultados obtenidos con las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora están teniendo el mismo efecto que si tratara con aspirinas a un enfermo que está en la uci.
Y para complicar más la situación, destacan desde Araga, muchos productores incluso han tenido que dejar la fruta en el árbol porque no pueden hacer frente al incremento del coste de mano de obra que supone la subida del salario mínimo interprofesional y las complicaciones que añade el obligado registro de control horario de la jornada.
Reivindicaciones
No todo esta perdido. Hay medidas que podrían, al menos, dicen las organizaciones agrarias, aliviar la «desastrosa campaña» que llevan a sus espaldas los fruticultores aragoneses. Pero hay que ponerlas en marcha con urgencia, insisten.
Desde UAGA reivindican una ayuda directa -aunque el consejero de Agricultura asegura que no ha habrá-, especialmente para aquellos productores que además de unos precios «ruinosos» han visto como su cosecha quedaba mermada -hasta un 40%- por los daños provocados por las tormentas de granizo.
Asaja apuesta por el arranque incentivado y UPA pide la puesta en marcha de una interprofesional. Y todos insisten en regular una cadena que ahora al único que está asfixiando a sector agrícola.
«Estoy muy desilusionado, lo dejo»
Alfredo Sanjuán solo tiene 27 años. Es licenciado en Historia y agricultor. Se incorporó a la fruticultura cuando apenas contaba con 21 años aunque, como él dice, «llevo en el sector toda la vida». Su familia cuenta con una explotación frutícola en Ballobar, en la comarca oscense del Bajo Cinca, y aunque siempre ha estado vinculado con las tareas del campo, fue hace seis años cuando decidió convertirse en agricultor a título principal para dedicarse plenamente a la actividad. Ahora en lo que piensa es en dirigir su trayectoria profesional por otros derroteros, lejos de la tierra y, si el trabajo allí lo lleva, incluso del medio rural.
«Estoy decepcionado, muy desilusionado, lo dejo», asegura con evidente pesar este joven. Y lo está no porque se haya dado cuenta de que no se siente orgulloso de ser agricultor o porque no disfruta siéndolo, sino porque asegura que las cuentas no cuadran. «Desde que me incorporé hace seis años, los ingresos obtenidos solo me han permitido cubrir los costes de producción, excepto en 2017 que tuvimos grandes pérdidas que en esta situación son imposibles de recuperar», explica Alfredo, que recuerda la importante inversión (e ilusión) con la que comenzó su actividad ampliando y modernizando la explotación familiar -tiene ahora 30 hectáreas-.
Le resulta difícil irse, pero insiste en que quedarse «es casi imposible». Ahora, explica el joven agricultor oscense, «tendría que seguir invirtiendo para reemplazar variedades que se han quedado obsoletas, pero no hay dinero para nada». Hasta se había planteado reconvertir el cultivo, optar por una producción distinta a la fruticultura, pero admite que no puede desembolsar el montante que sería necesario.
Alfredo Sanjuán lamenta que se hable tanto del problema de la despoblación del medio rural, que se insista en la necesidad de que los jóvenes se sientan atraídos por un sector agrario con un gran problema de envejecimiento y que, sin embargo, no se haga nada para impedir que aquellos que han apostado por la actividad se vean obligados a dejarla.
Y advierte que él es un ejemplo, pero no es el único. «Como yo, como nuestra explotación familiar, están todos los fruticultores de la comarca del Bajo Cinca», señala.
