Siete municipios del Matarraña y Bajo Aragón aprueban impedir la construcción de macrocentrales

Siete municipios de la comarca del Matarraña y la vecina bajoaragonesa de Valdealgorfa han escenificado durante los últimos días su oposición a acoger macro parques de renovables en sus términos municipales. Hasta el momento los ayuntamientos de Valjunquera, La Fresneda, Valdeltormo, Ráfales, Fórnoles y La Portellada aprobaron en respectivos plenos de carácter extraordinario distintas modificaciones urbanísticas con el objetivo de imposibilitar el despliegue de centrales eólicas y solares en sus respectivos municipios. A ellos se ha sumado durante la jornada del martes la vecina localidad bajoaragonesa de Valdealgorfa, que ha sacado adelante esta iniciativa en la sesión plenaria que ha tenido lugar por la tarde.

En todos estos municipios existen actualmente dos propuestas de construcción de parques eólicos: uno de Capital Energy, con un total de 84 aerogeneradores, y otro de Forestalia con en torno a 60. Todos ellos han convocado los citados plenos extraordinarios durante el último mes. En dichas sesiones solicitaron al Ministerio de Transición que no se declaren de Utilidad Pública los proyectos de parques eólicos. Esta declaración si se produce anula, de facto, la voluntad de los ayuntamientos. De igual modo, paralizaron durante un año todos los expedientes y licencias de obra en las fincas rústicas, estableciendo excepcionalidades como obras en fincas ganaderas y agrícolas. Por último, estos municipios iniciarán la modificación de sus Plan General de Ordenación Urbana -PGOU- para prohibir explícitamente la instalación de macrocentrales eólicas y solares en sus términos municipales. «Estamos todos los grupos políticos y todos los vecinos unidos para evitar que aquí se instalen parques eólicos y que se respete nuestra decisión», explicó Frederic Fontanet (PP), alcalde de La Fresneda.

Fue Valjunquera la primera localidad que aprobó estas medidas. Lo hizo en mayo cuando, tras celebrar varias reuniones informativas con los vecinos de la localidad, decidieron paralizar las licencias de obra fuera del casco urbano. De igual modo, solicitaron que no se declaren de Utilidad Pública estos proyectos y modificarán el PGOU para prohibir el despliegue «masivo» de aerogeneradores y placas solares. «Quisimos informar a todos los vecinos porque esta paralización podría haber afectar a todas las obras. Buscamos asesoramiento y al final se estableció una exención a la actividad agrícola y ganadera», explicó Susana Traver (PSOE), alcaldesa de Valjunquera.

A pocos kilómetros, en Valdeltormo, subrayaron «no estar en contra» de las energías renovables si no de la manera en la que se están planteando. Recordaron que se está dejando de lado en el debate la generación a pequeña escala y las comunidades energéticas y recordaron su oposición a los proyectos propuestos actualmente. «La población manifestó que no quería estos macroproyectos. Esto es algo que no recogen nuestros PGOU y por ello queremos que esto esté regulado y establecido», añadió la también socialista Marta Navarro, primer edil de Valdeltormo.

De igual modo en La Portellada se aprobó una propuesta similar. «No pintamos nada ni para las empresas ni, parece ser, para la administración. Desde Gobierno de Aragón no nos han ayudado en nada, hemos tenido que asesorarnos por nuestra cuenta y es aquí cuando realmente uno se da cuenta de que el medio rural no le importa a nadie por mucho que luego digan lo contrario», manifestó Gloria Serrat (PP), alcaldesa de La Portellada. Durante la tarde del martes ha sido el turno de Valdealgorfa, localidad bajoaragonesa que, de igual modo, se ha manifestado en contra de las propuestas existentes. «Queremos pedir a las administraciones y a las empresas que nos escuchen. Aquí hay unos vecinos y una ciudadanía que ha opinado y no se puede ignorar lo que aquí se ha expresado», ha explicado Ángel Antolín (PAR), alcalde de Valdealgorfa.

Otro de los actores implicados en esta sucesión en cadena de plenos municipales de este tipo fue la asociación Gent del Matarranya. Desde la entidad se mostraron muy satisfechos por la unanimidad mostrada por ayuntamientos de todos los colores políticos. «Hemos conseguido dar una imagen de unidad y creo que se pone de manifiesto la oposición que existe ante estos proyectos en el Matarraña y en los ayuntamientos afectados», explicó Juanjo Pérez, portavoz de Gen del Matarranya quien añadió que las propuestas de estas empresas «solo buscan su propio beneficio».

Cabe recordar que está previsto que este miércoles expire el plazo para que el Ministerio emita una Declaración de Impacto Ambiental -DIA- positiva o negativa ante las citadas propuestas. En un primer momento se dijo que las empresas perderán sus derechos de conexión si este miércoles no existe una DIA favorable. No obstante se especula con que el Gobierno central prorrogue el plazo visto el atasco que existe en el ejecutivo ante la avalancha de proyectos de este tipo por todo el país, especialmente en las provincias más despobladas.

Cambios en la Declaración de Impacto Ambiental

Sin embargo, en los próximos meses podría ya no ser necesaria una DIA para evaluar medioambientalmente este tipo de proyectos. El ejecutivo nacional ha aprobado el Real Decreto 20/2022 a través del cual establece que todos los proyectos de más de 50 megavatios no requerirán pasar por este trámite y que sin embargo sí que requerirán instalaciones más pequeñas o una modificación puntual de una carretera. Una vez se aplique este Real Decreto estos proyectos pasarán por un trámite denominado ‘afección ambiental’ y deberán resolverse en solo 10 días. «Es delirante y es literalmente pasar una apisonadora por encima de la ciudadanía», añadió Pérez.