Teruel Existe acusa al INAGA de aprobar casi todos los proyectos de renovables, convirtiendo Aragón en «un coladero»

El grupo de energía y medio ambiente del Movimiento ciudadano Teruel Existe sostiene que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), dio el visto bueno al 96% de los expedientes en 2022, «lo que denota un nulo control medioambiental» por el que exigen dimisiones. En una rueda de prensa ofrecida este martes, su portavoz, Mariano Tomás, y Ainhoa Gascón, miembro de la ejecutiva de la formación política, han presentado un meticuloso análisis que han realizado con los datos del portal de acceso público de resoluciones del INAGA de expedientes de proyectos relacionados con energías renovables.

La conclusión que han transmitido es que el control que ejerce este organismo dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, es «prácticamente nulo». Según  los datos que recientemente se han difundido en prensa remontándose al año 2006, el INAGA ha publicado 129 resoluciones negativas de un total de 729 expedientes, por lo que habría desestimado un 17,7% de los proyectos presentados.

Teruel Existe aduce que las cifras de los últimos años, entre 2018 y 2023 coincidiendo con la expansión de las grandes centrales de renovables en Aragón y la acumulación de expedientes, son muy diferentes, puesto que  los proyectos desestimados suponen sólo el 6,8% (32 declaraciones de impacto negativas de 466 proyectos presentados). El Movimiento ciudadano contrasta estos datos para «poner en entredicho» la información difundida en las últimas semanas acerca del número de proyectos denegados por el INAGA, en cuanto a que «la observación de las cifras con la perspectiva del momento actual nos permite interpretar mejor las decisiones que se están tomando». Además, comparan las cifras con los porcentajes publicados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que ha rechazado el 29% de los proyectos a nivel estatal que tenían en trámite la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del pasado 25 de enero.

Ainhoa Gascón ha expuesto que en 2022 el INAGA ha rechazado 8 expedientes de 195, es decir, que ha aprobado un 96%, y en el mes de enero de 2023 se han emitido 38 resoluciones, es decir, casi un 20% del total de las que se publicaron en 2022, y, todas ellas han sido favorables. Hasta el 13 de febrero se han emitido 18 más, y se ha rechazado solo una. Así, en el primer mes y medio de 2023 ya se han emitido 56 resoluciones, cuando en todo 2022 se emitieron 195, lo que significa que a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales el INAGA está «acelerando» y se están tramitando las resoluciones a una velocidad que, de seguir este ritmo, podría doblar las resoluciones de 2022.

Piden dimisiones y paralización de expedientes

A la luz de los datos públicos, Mariano Tomás ha especificado «tres momentos clave» en los que los expedientes positivos comienzan a tener un porcentaje «mucho mayor» que los negativos en el INAGA. En primer lugar, el 16 de septiembre de 2016, coincidiendo con la incorporación de su actual director, Jesús Lobera, en segundo lugar con la formación del Gobierno de Aragón y, por último, desde el 3 de agosto de 2021, cuando externalizan las evaluaciones ambientales mediante empresas privadas.

Desde el Movimiento ciudadano consideran que la licitación del «Servicio de apoyo técnico y administrativo para la tramitación de expedientes en materia de energías renovables», que el Gobierno de Aragón destaca por su agilidad, se descubre como «una herramienta político-administrativa con una función proactiva y facilitadora para los promotores, que ha generado un coladero sin precedentes». En las denuncias que presentaron en varias fiscalías detallaron que las empresas que realizan esta función para el INAGA trabajan «a su vez en la redacción de proyectos para los promotores de renovables». Por todo ello denuncian que «el INAGA habría perdido su independencia, y no actúa bajo los criterios de objetividad e imparcialidad que deben regir sus decisiones».

En la rueda de prensa, han solicitado la dimisión del Director del INAGA, Jesús Lobera, y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, «porque lo que se está permitiendo es muy grave y con impactos irreversibles». Además, ante lo que consideran «una grave falta de rigor y garantías», solicitan la paralización inmediata de todos los expedientes relacionados con macroproyectos de energías renovables en vigor, así como de la Autorización Administrativa de aquellos que hayan sido declarados como «compatibles» durante al menos el último año. Advierten de que Teruel Existe va a denunciar los expedientes en los que se detecten irregularidades.

Mariano Tomás ha indicado que al ritmo actual de aprobación de expedientes, el conjunto de Aragón la superficie actual destinada a renovables con proyectos ya aprobados «se va a multiplicar casi por 5, llegando al 15,21 % de toda la superficie de la Comunidad», el equivalente a más de 1.000.000 de campos de fútbol como la Romareda, o prácticamente toda la superficie de la Comunidad de Madrid.

Fragmentación de proyectos y falta de regulación

La información aportada por el Grupo de energía y medioambiente de Teruel Existe hace hincapié en que más de la mitad de los expedientes evaluados por el INAGA presentan «proyectos fragmentados artificialmente por los promotores», y explican que realmente «debería haberlos evaluado el MITECO». Expresan que es inevitable preguntarse «si esa fragmentación irregular, permitida por la propia administración aragonesa, se hace con el objetivo de aprovecharse de la permisividad del INAGA». Desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe denuncian que esta situación «se agrava» porque en Aragón no existe Plan Energético (caducado en 2020) y tampoco ninguna figura de ordenación ni planeamiento que regule la implantación de las centrales eólicas y fotovoltaicas, lo que conlleva que se «presenten proyectos en lugares con gran afección».

Teruel Existe afirma que el INAGA está «incumpliendo abiertamente» la legislación de evaluación  ambiental respecto a los proyectos que se presentan, «tanto en fondo como en forma«. Mariano Tomás ha argumentado que se permiten instalaciones en zonas LIC, en lugares pegados a zonas de espacios de protección para algunas aves, ocupan áreas de recuperación de algunas especies, límites de Red Natura,…

Pero también ha afirmado que se aceptan expedientes, e incluso se publican para exposición pública, a falta de entregar por parte del promotor algunos estudios determinados o propuestas de alternativas, como exige la ley, y admiten que estos documentos «se incorporen al expediente con posterioridad». Además, se permiten modificaciones sustanciales de proyectos (más del 15%), a los que se ha otorgado previamente una declaración de impacto ambiental favorable y después se realiza una exposición pública sólo con el proyecto modificado, «un mero trámite sin nuevos estudios ambientales». Teruel Existe denuncia que «Aragón es el paraíso de los promotores», porque estos comportamientos son «opuestos» a los que se realizan desde el Ministerio y otras Comunidades Autónomas.

Mariano Tomás ha señalado la «contradicción» que se está produciendo. «Hay un mayor coladero en la evaluación precisamente en el momento en que más se está saturando Aragón de renovables, copando espacios impensables anteriormente, creciendo la agresión ambiental cada vez más», ha dicho. Estiman que Aragón produce actualmente el 180% de la energía que consume y en pocos años llegará a producir cinco veces más, el 500%.

Han recordado que, desde 2021, Teruel Existe ha presentado 180 alegaciones a proyectos y tres denuncias en los juzgados y en fiscalia.«Estamos trabajando desde todos los frentes, y ahora también en el político, porque en Aragón las evaluaciones ambientales se están haciendo muy mal, es la comunidad que peor lo hace de toda España», han concluido.