La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, critica la presión que están sufriendo los profesionales de la fruticultura debido a las inspecciones preventivas en el inicio de la campaña de recolección. Unas inspecciones «totalmente arbitrarias«, basadas en «presunciones de fraude», y que ponen «injustamente en entredicho la honradez de los agricultores que contratan mano de obra temporal». Además, la organización agraria señala que los requerimientos que está haciendo Inspección de Trabajo demuestran un desconocimiento de la realidad del sector y supone duplicar las obligaciones para los agricultores.
Después de cumplir con todos los trámites burocráticos para la presentación de la «Declaración Responsable», y cuando la actividad en el sector de la fruta (tareas de aclareo e inicio de la campaña de la cereza) empieza su fase de apogeo, «muchísimos fruticultores están recibiendo desde hace unos días una notificación de Inspección de Trabajo en la que se les concede un plazo de 5 días hábiles para presentar 11 documentos diferentes de forma telemática». Se trata de documentos relativos a la identificación de fincas que cultivan, lugar de entrega de la producción agrícola, volumen de facturación del año anterior, previsiones de contratación en 2021, estimación de calendario, etc.
Como indican desde UAGA, según Inspección de trabajo, lo que se pretende con esta campaña de inspecciones preventivas es hacer una «labor disuasoria» frente a eventuales incumplimientos legales que pudieran hacer los agricultores durante la próxima campaña de recolección, dirigiéndose hacia «perfiles de riesgo» concretos. Sin embargo, «UAGA ha comprobado que las personas que han recibido la notificación, y han contactado con esta organización, cumplen con todas sus obligaciones, y además, nunca han sido sancionados a pesar de haber sido objeto de inspección en campañas anteriores».
Por otra parte, UAGA destaca que la mayoría de los documentos requeridos ya obran en poder de la propia Administración y en otros casos, para poder facilitar la información sobre la contratación habrá que esperar a que empiece la propia campaña. En ese sentido, UAGA recuerda que el 18 de febrero el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón publicó una Orden, para la prevención de la covid-19, que obligaba a todas las personas propietarias de una hectárea o más superficie destinada al cultivo de fruta, a presentar una «Declaración responsable» informando de la estimación de cosecha y la previsión de contratación de mano de obra para la recolección. En ese momento, «los agricultores demostraron una gran responsabilidad y cumplieron ampliamente con este requerimiento, ya que las solicitudes presentadas abarcaron el 95% de la superficie total de frutales de Aragón». Una declaración que esta organización agraria «animó a rellenar por respeto y responsabilidad hacia las decisiones sanitarias de la administración, y que contrasta ahora con estas actuaciones arbitrarias e injustificadas».
UAGA considera que esta acción de Inspección de Trabajo no es la más idónea para los fines pretendidos, y la califica de innecesaria y totalmente desproporcionada, ya que indica expresamente que la «incomparecencia o la no presentación de toda la documentación requerida constituye acto de infracción sancionable» con una multa de hasta 6.250 euros. En este sentido, la organización agraria denuncia que la coordinación entre Inspección de Trabajo y el Gobierno de Aragón «comience con amenazas de sanciones tan graves». «Pero por si todo esto fuera poco, los agricultores también están recibiendo notificaciones de procedimientos sancionadores emprendidos por el Gobierno de Aragón por la no presentación de la «Declaración responsable»».
UAGA critica que cuando aún está abierto el plazo para que los agricultores puedan tramitar la declaración de cultivos en la PAC, el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón esté notificando el inicio de procedimientos sancionadores por no presentar la «Declaración Responsable», con una sanción mínima de 1.800 euros. En este sentido, la organización agraria destaca que la administración debería esperar al 31 de mayo para cotejar la información presentada en la solicitud PAC con la «Declaración responsable» y saber así quién es el propietario de cada parcela o quien la cultiva o si ha habido cambio de cultivo en la misma.
