Los nueve municipios de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, Alcorisa y Foz-Calanda se enfrentan durante los próximos años al gran reto de aprovechar las decenas de millones de euros que llegarán al territorio para abordar la Transición Justa. No cometer los errores del pasado y comenzar a gestionar los recursos de forma viable son las principales preocupaciones de los agentes de la zona, que urgen proyectos de futuro que apuesten por la «innovación».
Aunque, por el momento, sólo están comprometidos los 16 millones de euros que
colean del Plan Miner de 2013- 2018 en forma de inversión en infraestructuras, en los próximos años las subvenciones tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea en materia de reconversión superarán los 600 millones en todo el país. La Vicepresidenta Teresa Ribera ya estimó esta cantidad cuando anunció los Convenios de Transición para Aragón, Asturias y Castilla León y esta semana la Comisión Europea ha confirmado ya la mitad, 306 millones.
La cantidad, reducida a la «mínima expresión» si se tiene en cuenta lo que van a recibir países como Polonia (2.000 millones) y Alemania (877 millones), no deja de suponer una oportunidad en la cuenca minera de Teruel. «Tenemos que centrarnos en buscar innovación, gente con ideas y una buena gestión de los recursos», especifica el presidente de la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos, Roberto Miguel, que recuerda que han llegado muchos millones de los Planes Miner desde hace 20 años y que no se ha conseguido aún reconvertir la economía en la zona. «Además, hay que buscar soluciones a corto plazo porque el cierre de la Térmica es inmediato y la gente ya se está marchando», añade. Miguel plantea la creación de una oficina «independiente» y con personal específico que se encargue de canalizar y, sobre todo, de atraer proyectos de inversión a la zona. «Nos hace falta un buen comercial y no tanto un técnico. Tenemos las infraestructuras, los polígonos vacíos, servicios de calidad… Alguien que sepa moverse y vender este territorio», enumera.
En la misma línea se manifiesta el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, quien reconoce que «cuánto más dinero llegue, mejor» pero que lo que hacen falta son proyectos. «Hay propuestas concretas para las que hay acuerdo como la elevación de aguas del Ebro, la entrada del tren en el polígono la Estación de Andorra o la instalación de fibra óptica en todos los polígonos», dice Noé, que apuesta también por la «innovación» y el desarrollo de recursos autóctonos como las arcillas, el propio carbón, el patrimonio natural o el sector agroalimentario a la hora de desarrollar iniciativas emprendedoras.
Ambos reconocen que las soluciones se deben plantear desde el territorio. En ese sentido, esperan la reunión que tendrá lugar entre la última semana de enero y la primera de febrero en Andorra, dentro del calendario que el Ministerio ha planteado para la elaboración del texto definitivo del Convenio de Transición Justa para Aragón. Más de 60 agentes de la zona entre ayuntamientos, asociaciones, empresas y sindicatos recibirán en los próximos días un cuestionario sobre la situación del territorio en el que valorarán debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En base a las respuestas, versará la reunión. Mientras Noé la asume con optimismo, a Miguel se le plantean varias dudas. «Hemos analizado ya muchas veces, una de ellas en las Cortes de Aragón, cuáles son los principales sectores de desarrollo económico y muchas cosas más. Hacen falta medidas efectivas ya», reivindica.
7.500 millones de la CE
La Comisión Europea ha previsto una clave de reparto para los 7.500 millones de euros del fondo para ayudar a las regiones en la transición ecológica que sitúa a España en octavo lugar como país receptor con 307 millones asignados, en una distribución que reserva las mayores partidas para Polonia (2.000 millones) y Alemania (877). Así consta en el documento que Bruselas presentó este miércoles a los embajadores de los Veintisiete, un día después de presentar en la Eurocámara su propuesta de dotar de salida con 7.500 millones de «dinero nuevo» este instrumento de nueva creación cuya capacidad debe ser aún negociada con los Estados miembro.
El llamado Fondo para la Transición Justa es uno de los pilares del mecanismo con el que la Unión Europea quiere movilizar al menos 100.000 millones de euros durante el período 2021-2027 para las regiones que tendrán que hacer los mayores sacrificios en el plano económico y social para reducir su huella contaminante.
Para beneficiarse de estos recursos, los gobiernos nacionales tendrán que presentar a Bruselas planes territoriales de transición específicos para identificar las regiones y sus necesidades y, además, comprometerse a aportar un eur,o con cargo al Fondo europeo de Desarrollo Regional y al Fondo Social Europeo Plus, por cada euro recibido del fondo 'verde'.
El reparto ha causado malestar en el territorio, sobre todo entre los sindicatos. Lamentan que Alemania reciba 877 millones cuando en Dortmund se acaba de abrir una nueva planta térmica alimentada con carbón de importación y que Polonia lidere la lista con 2.000 millones pese a haberse negado en diciembre a asumir los objetivos sobre cambio climático para 2050. Alejo Galve, secretario general de UGT en Teruel, espera que el Gobierno de España «presente queja en Europa» y Antonio Planas, delegado de CC. OO. en la térmica, denuncia que el reparto evidencia que, por el momento, la transición justa empieza «no siéndolo».
Estos fondos deberían estar vigilados con lupa y que se aproveche hasta el último céntimo. No están para hacer polígonos vacíos ni oficinas inútiles.