La UTE OHL-Dragados pagaba a las subcontratas, muchas de ellas de la zona, con unos plazos de cobro efectivo «elevados y abusivos» que suponían un «incumplimiento» de la normativa contractual. Las empresas que trabajaban en la obra cobraban, de media, más de siete u ocho meses después -240 días aproximadamente- desde que se da conformidad a su factura cuando, en cambio, la UTE recibía su pago por parte del Salud en menos de 60 días.
La UTE OHL-Dragados ya incumplió el contrato de construcción del nuevo Hospital de Alcañiz desde el principio. hizo caso omiso y se retrasó en los plazos, entregó documentación sin las preceptivas firmas, planteó cambios que habrían supuesto una importante transformación del proyecto e incluso solicitó en dos ocasiones la suspensión temporal de la obra
En caso de que alguna subcontrata quisiera cobrar antes del plazo de siete u ocho meses, el sistema de pago permitía recibir el dinero con anterioridad pero nunca de forma íntegra. Conllevaría la aplicación tanto de una comisión bancaria del 0,75% como de un interés del 3% en lo que el banco denomina «condiciones de anticipo».
Un año para reprochar las condiciones
DGA comienza a tener constancia de estas prácticas, conocida como el «confirming bancario», a partir de octubre de 2018, cuando la UTE remite de forma completa las primeras informaciones de los abonos efectivos a las subcontratas. Sin embargo, no es hasta un año después, en noviembre de 2019, cuando comunica a la UTE que considera sus condiciones de pago como «abusivas» indicándole, además, que «suponen un incumplimiento de la normativa contractual».
Así se desprende del informe elaborado por el Consejo Consultivo de Aragón atendiendo a la comprobación de la documentación aportada y a los extractos bancarios remitidos por la UTE.
La UTE no informaba al Salud
Además de incumplir la normativa al aplicar las condiciones «abusivas», la UTE tampoco cumplía con la obligación de remitir al Gobierno de Aragón la información sobre los pagos a los subcontratistas, una cuestión recogida en la cláusula octava del contrato y considerada obligación esencial.
Según consta en el informe, el 16 de marzo de 2018 el órgano de contratación, el Salud recuerda a la UTE que no le está entregando la documentación sobre los pagos para realizar su seguimiento y verificación. Concretamente, OHL-Dragados debían aportar de forma detallada y por escrito la relación detallada de los subcontratistas y proveedores, las condiciones de subcontratación y los pagos efectivos realizados a dichas empresas. En ese momento tan solo contaban tres de las auxiliares en el Libro de Subcontratación.
Un mes después, en abril, se vuelve a requerir a la UTE para que remita la documentación sobre los pagos a subcontratistas indicando que en caso contrario se impondrán las multas que para ello establece la Ley de Transparencia.
En agosto se le reclama para que la documentación que ya comienza a remitir incluya los justificantes de abono efectivo a los subcontratistas, información que comienza a enviarse de forma completa en el mes de octubre de ese mismo año, 2018.
De la comprobación de la documentación aportada y de los extractos bancarios remitidos por la UTE, DGA evidencia que utiliza fórmulas de confirming bancario.
No es hasta un año después y un mes antes de iniciar el expediente de rescisión del contrato, el 15 de noviembre de 2019, cuando el órgano de contratación, el Salud, comunica a la UTE lo que considera «condiciones abusivas» en el pago a subcontratistas indicándole que «suponen un incumplimiento de la normativa contractual».
La UTE contesta por escrito al Salud el 2 de diciembre indicando que «la fecha de pago efectivo al subcontratista que la administración debe verificar no es el momento real del cobro efectivo por el subcontratista si no la fecha en la que la UTE le pone al subcontratista la posibilidad de cobrar en el banco».
La culpa de esto la tiene la administración, por permitirlo.
Estas obras tan grandes tienen un proyecto, el proyecto que cuesta una pasta, tiene capítulos, y esos capítulos pueden ser lotes. Pues bien, se adjudica la obra por lotes, los lotes se los quedan pymes locales, y se acabó el confirming y demás pamplinas, inventadas por estas empresas/mafia, para hacerse rico gestionando cuatro papeles mal hechos, y haciendo trabajar a los pobres subcontratistas que caen en sus garras.
También iría bien meter de vez en cuando algún arquitecto en la cárcel, para que el próximo proyecto lo haga bien, y algún político que no ha supervisado bien esos proyectos.
Jjj preguntar a los arquitectos… que poco conocéis la obra pública.