«Son incidencias y no incumplimientos». La empresa que presta el servicio del transporte sanitario, Ambulancias Tenorio, se defiende así de las constantes denuncias de desactivación de ambulancias en Aragón. Todo ello después de que los Comités del Transporte Sanitario Urgente de las tres provincias presentaran una denuncia ante la Fiscalía ante lo que consideran «dejación de funciones e incumplimientos» del contrato por parte de la adjudicataria, que asumió el servicio el pasado 1 de junio.
La empresa defiende que el servicio funciona «con normalidad» y «dentro de las exigencias que marca el pliego». En declaraciones a la Cadena Ser Aragón, el CEO de la adjudicataria, Javier Sánchez, aseguró que «no está pasando nada que no estuviese previsto o que se esté escondiendo», y que el mismo contrato establece el marco de actuación frente a las «incidencias», como pueden ser el pinchazo de una rueda o la enfermedad de un trabajador. «Desgraciadamente pasan circunstancias como que una rueda se pincha, un trabajador se pone malo o nos estrellamos como hace poco contra un jabalí. Esto son incidencias y el propio pliego las recoge y marca el tiempo de respuesta», ratificó.
Los sindicatos insisten en que la desactivación de ambulancias es de una «gravedad sublime» y han llevado el caso ante la Inspección de Trabajo, a la Fiscalía y al Justicia. Registraron en su denuncia una treintena de ambulancias desactivadas en Aragón en los meses estivales por falta de conductor, y medio centenar de turnos sin cubrir por carencias de profesionales como médicos, enfermeros o camilleros. En el Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras se detectó la desactivación en días puntuales de las Soportes Vitales Básicas de cinco zonas básicas de salud (Valderrobres, Alcorisa, Andorra, Cantavieja y Utrillas), que dan cobertura a en torno a 50 localidades. Algo que desde el sector califican de «deficiente gestión» de la empresa en los tres meses de inicio del servicio, en el que «se han dejado de cubrir puestos por una evidente falta de planificación», según criticaron.
La adjudicataria defiende, sin embargo, que el pliego establecía 6 meses de un «complicado» proceso de transición, algo que se ha gestionado favorablemente. «Estamos al 95% de locales conseguidos. En todo caso todos los trabajadores tienen su zona de descanso bien sea en instalaciones propias o ajenas, o en hoteles habilitados en algunos casos», matizó el gerente, quien lamentó la denuncia presentada por los Comités. «Lo que me duele es que nos hagan perder el tiempo a todos. Cualquier despacho de abogados les podría haber explicado lo que es susceptible de denuncia. No estamos ni siquiera cerca de algo que vaya a tener un recorrido judicial», sentenció.
El Gobierno de Aragón y la empresa mantienen «reuniones constantes», según la empresa. Los 100 primeros días de mandato de Jorge Azcón son el plazo que anunciaron para tomar una decisión y mejorar el pliego presentando una nueva oferta económica, algo que desde el Comité de Teruel tampoco comparten. «No tienen que presentar ninguna oferta, sino hacer cumplir el pliego e imponer las sanciones correspondientes», aseveraron, mientras piden incluso la rescisión del contrato si es preciso.
Solo el nombre de la «empresa» ya inspira poca confianza.
quien lo dice gomarrota
si nos consultaran a aquellos que hemos formado parte de tan impresentable empresa se les caerían los palos del sombrajo