La Audiencia Nacional analizará la cuestionada actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el triple crimen de Andorra y llamará a declarar a los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional implicados en el operativo. Se trata de una importante reivindicación de las familias que ya se había solicitado por otras vías y que da esperanza más de siete años después a que se depuren responsabilidades a los fallos en el seguimiento policial para atrapar a un delincuente que había disparado a matar sin mediar palabra a dos vecinos de Albalate y que campó a sus anchas por el territorio hasta que mató a tres personas.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por la viuda e hija de Víctor Romero, agente de la Guardia Civil asesinado en 2017 por Igor el Ruso junto con su compañero Víctor Caballero y el ganadero José Luis Iranzo.
Junto a la admisión se acuerda la declaración de todos los mandos de la UDYCO de la Policía Nacional y los mandos operativos y de policía judicial de la Guardia Civil junto a los agentes que intervinieron cuando sucedieron los hechos. Se trata de una decisión que el abogado de la demandante, Jorge Piedrafita, considera "inédita" hasta la fecha además de importante e interesante para poder esclarecer la parte de la causa del triple crimen de Andorra vedada en las actuaciones judiciales penales realizadas en su momento.
Con esta práctica de diligencias previas se buscará realizar un análisis completo del operativo de los cuerpos policiales en base a las informaciones del informe Serbia al efecto de determinar si tras no localizar en Málaga de Igor el Ruso hubo la adecuada información y aviso entre unidades y cuerpos policiales así como si tras el primer tiroteo de Albalate en el que el asesino abrió fuego sin mediar palabra se aplicaron los protocolos y dispusieron de los medios suficientes ante la entidad de los hechos que estaba sucediendo. "La intención es conocer la verdad de lo sucedido y que se apliquen las medidas de corrección oportunas para que ningún otro agente de la guardia civil y su familia tengan que pasar por un trance igual al sufrido por esta parte", ha afirmado Piedrafita en un comunicado.
