La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha valorado de forma positiva la publicación este martes en el Boletín Oficial del Estado de la Orden APA/1192/2025, por la que se establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026. La medida ha sido desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras un proceso de participación con comunidades autónomas y organizaciones representativas del sector.
Esta nueva norma permitirá activar mecanismos de retirada de aceite del mercado cuando las existencias iniciales más la producción superen el 120 % de la media de las seis campañas anteriores. En ese caso, se podrá inmovilizar hasta un máximo del 20 % de la producción, con el objetivo de evitar una caída de precios y proteger la rentabilidad de los olivareros, especialmente en campañas con exceso de oferta.
Desde COAG se destaca que este instrumento llega tras cuatro años de espera desde la aprobación del Real Decreto 84/2021. La organización agraria había reclamado en repetidas ocasiones la publicación de esta norma reglamentaria para que el sector contara con herramientas operativas ante desequilibrios de mercado.
Aunque las condiciones actuales no obligan a activarla de forma inmediata, COAG considera imprescindible que esté plenamente desarrollada y lista para su aplicación en el momento en que las circunstancias lo exijan. La experiencia de campañas anteriores ha demostrado que disponer de estos mecanismos es fundamental para reaccionar con rapidez y eficacia.
Entre las obligaciones establecidas por la norma se incluyen los criterios de activación, el sistema de cálculo del porcentaje de retirada y las condiciones de almacenamiento para las almazaras. Además, se incorporan mecanismos de seguimiento y evaluación, lo que permitirá adaptar la medida a la evolución real del mercado.
COAG subraya que esta norma beneficia tanto a los olivareros como a los consumidores. En el caso de los productores, evita que los precios en origen caigan por debajo de los costes de producción, algo que prohíbe expresamente la Ley de la Cadena Alimentaria. También garantiza la viabilidad de explotaciones pequeñas y medianas, muchas de ellas situadas en entornos rurales que dependen directamente del cultivo del olivar.
En cuanto al consumidor, la norma permite mantener un sector productor fuerte y viable, capaz de ofrecer productos de máxima calidad. Además, contribuye a preservar el equilibrio económico y social del aceite de oliva virgen extra, un alimento con alto valor nutricional y reconocido como base de la dieta mediterránea.
Francisco Elvira, portavoz del sector de olivar de COAG, ha afirmado que «la norma es también una herramienta de salud pública: permitirá a los consumidores acceder, a precios asequibles, al producto base de la dieta mediterránea».
La organización agraria concluye su valoración asegurando que seguirá trabajando para que esta norma se convierta en una herramienta eficaz al servicio de los olivareros y del conjunto del sector oleícola, uno de los más estratégicos del país por su contribución al empleo, la riqueza y la cohesión territorial en amplias zonas rurales.
