Las cuatro últimas familias que permanecen alojadas en el antiguo convento de Santo Domingo de Caspe afrontan este miércoles 15 de julio el fin del plazo concedido por el Ayuntamiento para abandonar el inmueble en el que han residido de forma provisional desde el pasado mes de febrero, cuando fueron desalojadas del edificio de Paseo Nuevo por el riesgo de colapso.
En total son unas 15 personas, entre ellas nueve menores de edad y un joven de 18 años con discapacidad reconocida, que aseguran no disponer de ninguna alternativa de vivienda tras cinco meses residiendo de forma provisional en estas instalaciones. La situación pone el punto final al dispositivo de emergencia que el Ayuntamiento de Caspe habilitó el pasado 12 de febrero, cuando 57 vecinos tuvieron que abandonar de forma urgente el edificio tras detectarse graves problemas en la estructura.
De las 18 familias desalojadas entonces, 14 han encontrado una solución por sus propios medios, mientras que estas cuatro continúan en el albergue municipal, pendiente ahora de una resolución judicial si finalmente no abandonan las instalaciones.
Cinco meses de búsqueda sin éxito
Los afectados aseguran haber buscado vivienda durante estos meses tanto en Caspe como en localidades cercanas como Alcañiz, Andorra o incluso Zaragoza, sin éxito. Explican que la escasa oferta de alquiler y las exigencias de los propietarios, que reclaman contratos indefinidos o mayores garantías económicas, les han impedido acceder a un piso.
Iwona, madre de tres menores, sostiene que lleva meses recorriendo inmobiliarias y presentando solicitudes sin encontrar una solución. "No estamos cruzados de brazos, todos buscamos vivienda, pero no hay pisos. Lo único que pedimos es una vivienda para nuestras familias", explica.
La mujer denuncia además que las dos notificaciones de desalojo recibidas, la última con fecha límite del 15 de julio, han generado una gran incertidumbre entre los niños. "No podemos trabajar tranquilos sabiendo que cada pocos días llega una notificación o aparece la Policía. Los niños están asustados".
Rosario Suárez, de 56 años, convive únicamente con su hijo de 18 años, que tiene reconocida una discapacidad. La mujer, vecina de Caspe desde hace 56 años y víctima de violencia de género, asegura que ambos dependen de una pensión y, aunque han encontrado un alquiler en Andorra, solo retrasaría el problema porque solo les permiten estar allí dos meses. "Después tendría que volver a empezar de cero. Lo único que pedimos es una vivienda digna que podamos pagar", lamenta.
También Basharat Hussain, que reside en Caspe desde hace 16 años junto a su mujer y sus dos hijos, uno de apenas tres meses y una niña de siete años, asegura que ha buscado vivienda incluso fuera de Aragón. "Trabajo, pero no encuentro ningún piso. Con una familia y dos niños pequeños no puedes compartir piso", explica.
Una situación similar vive Mohamed Ashraf, padre de tres menores y trabajador fijo en una empresa de la zona. "Llevamos semanas buscando en Caspe, Alcañiz, Zaragoza y otros sitios, pero no aparece nada. No queremos seguir aquí, queremos una casa donde vivir", asegura.
Denuncian la falta de soluciones y las condiciones del alojamiento
Las familias afirman que durante estos cinco meses han sido derivadas continuamente entre el Ayuntamiento y los Servicios Sociales sin obtener una respuesta definitiva. Además, critican las condiciones del convento, donde aseguran que carecen de cocina y que las comidas de los menores se limitan desde hace meses a alimentos que pueden calentarse en un microondas, como pizzas, kebabs o bocadillos.
También denuncian que algunas de las viviendas desalojadas en Paseo Nuevo han sufrido robos y actos vandálicos pese a que, según afirman, se les garantizó vigilancia policial tras abandonar el edificio. Varias de las familias aseguran haber presentado denuncias por estos hechos.
"Estamos preparados con las bolsas porque no sabemos cuándo vendrá la Policía. No tenemos dónde ir", resume una de las afectadas.
El Ayuntamiento sostiene que el alojamiento de emergencia ha finalizado
La alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, defiende que el consistorio ha mantenido durante cinco meses un alojamiento de emergencia para estas familias y considera que el periodo extraordinario ya ha concluido.
"Tras el desalojo del pasado 12 de febrero, debido al fallecimiento de la dueña de las viviendas, sin herederos, realojamos temporalmente a estas personas en el albergue. Una vez transcurridos los cinco meses de este periodo de urgencia, les hemos notificado que este plazo finaliza mañana, día 15, momento en el que el asunto pasará a la vía judicial", explica la regidora.
Jarque sostiene que, de las 18 familias inicialmente afectadas, las otras 14 ya han encontrado una alternativa residencial y afirma que desde el Ayuntamiento ha informado a las cuatro restantes sobre viviendas disponibles en alquiler, aunque recuerda que el consistorio no dispone de un parque municipal de vivienda social.
Asimismo, subraya que el edificio de Santo Domingo es un albergue municipal y "no reúne las condiciones para ser utilizado como vivienda permanente", por lo que, si las familias no abandonan el inmueble, "será un juez quien determine los siguientes pasos del procedimiento".
