El grupo presenta alegaciones y lamenta la «ilegalidad» por favorecer a Aquara
Ganar Alcañiz presentó este martes en el Ayuntamiento alegaciones al anteproyecto de la gestión del agua de la ciudad, que el grupo estima claramente sesgado a favor de la actual empresa concesionaria, Aquara. Ganar aboga por un sistema público y critica que la primera opción sea la gestión privada, destacando que «la prestación de servicios a través de grandes empresas genera un mayor coste económico, peor calidad y peores condiciones laborales de los trabajadores».
En sus alegaciones el grupo valoró que el anteproyecto está plagado de «irregularidades claras» en favor de Aquara, donde llama la atención el «mal estado y bajo rendimiento de la red actual, en su mayoría de fibrocemento, material caracterizado por su permeabilidad, pérdida de agua y falta de salubridad». Su primera solicitud se basa en la falta de un estudio previo que compare los beneficios e inconvenientes de una gestión pública o privada. En segundo lugar destaca que la concesionaria solo tendría la obligación de realizar la gestión puramente administrativa, sin encargarse de las labores de conservación y mantenimiento. Además, el grupo incidió en rueda de prensa en que «el coste está sobredimensionado» y «la población paga más agua de la que consume y de la que va a consumir jamás».
2,3 millones en diez días
Asimismo, sobresale especialmente que el nuevo licitador debe pagar en los diez primeros días un canon de 2,3 millones de euros, deuda que a día de hoy debe asumir el Ayuntamiento con Aquara. «Es totalmente ilegal, improcedente e infringe la norma. Supone unas claras ventajas a favor de la empresa que lleva el servicio», criticó Pepa Griñón. En este sentido Ganar Alcañiz también recordó que el anteproyecto se basa en «datos facilitados por la anterior concesionaria», y dificulta la entrada de competidores ya que los diez primeros años de contrato el balance sería negativo y solo se obtendrían beneficios a partir de entonces y hasta los 25, cifra en la que se estima el contrato.
«El Ayuntamiento pretende continuar el contrato basado en ese crédito de 2,3 millones de euros que dio esta empresa con unas condiciones para 25 años, lo cual supone una cadena para cualquier equipo de gobierno que venga a partir de ahora», criticó José Antonio Benavente, que recordó el ahorro que podría obtenerse en ese período de tiempo. En la misma línea se mostró Griñón, quien fue muy crítica con la situación. «Es lamentable que la ilegalidad y la trampa que ha servido al Ayuntamiento para sacar pecho y decir que no hay deuda condene a todos los ciudadanos a una hipoteca de 25 años en un servicio básico como es agua», dijo.
Por su parte, María Millián incidió en el «poco control que tiene el Ayuntamiento sobre los contratos externalizados» y concluyó explicando que Ganar Alcañiz agotará todas las vías posibles y, si las alegaciones no se tuvieran en cuenta, se llevaría la situación al Tribunal de Contratos Públicos de Aragón.
