Varios miembros de la Agrupación Minero Eléctrica de Pasivos y Prejubilados de Endesa Aragón, AMEPEA, comenzarán hoy a partir de las 13.30 un encierro en el ayuntamiento de Andorra de donde prevén salir el próximo martes. Amplían así las protestas que hasta ahora se limitaban a concentraciones.
Con su encierro serán dos los que transcurran de forma simultánea en la Villa Minera ya que desde el martes, varios miembros del Comité de Empresa de la Térmica permanecen en la sala de espera de la planta con una tienda de campaña. Una semana antes, los líderes sindicales de Endesa se encerraron en las instalaciones de Madrid, medida que desde el martes se extendió al resto de sedes, entre ellas, Andorra y también As Pontes (A Coruña) y Carboneras (Almería), entre otras.
Desde el Comité andorrano denuncian el incumplimiento por parte de la empresa del acuerdo de recolocaciones, básicamente porque no existe un convenio firmado. Pendientes quedan 40 personas que no saben su destino. «Ha habido recolocaciones cerca de casa pero no salen plazas. De hecho, tenemos un compañero al que quieren mandar a Melilla y eso no es cerca de Andorra», recordó el secretario de UGT, Alejo Galve.
Eliminar derechos adquiridos
El Comité recibió ayer la fuerza de los miembros de AMEPEA que hoy inician su encierro ante lo que denominan «situación de agresión» que están sufriendo los trabajadores y extrabajadores de Endesa a nivel nacional, tanto en la negociación del V Convenio Marco del Grupo para el personal activo, «como en el intento de la eléctrica de arrebatar al personal jubilado los beneficios sociales». De hecho, desde el día 1 ya no disfrutan de tarifa de empleado en energía ni de ningún otro beneficio social.
Con esta medida, aseguran que el único objetivo de Enel-Endesa es «sustraer el importe de este salario» que pertenece de forma vitalicia a los jubilados, para repartirlo en forma de beneficios entre sus accionistas. «En un 80% irán a parar a las arcas del gobierno italiano, -propietario de Enel-, a pesar de que ello suponga condenar a la pobreza energética a miles de jubilados y viudas que, no teniendo una pensión suficiente, no podrán afrontar el pago de la factura eléctrica o acometer una modificación de la instalación de calefacción a otro sistema distinto del eléctrico», dicen.
«Los beneficios sociales los negociamos siendo personal activo y ahora, de forma unilateral, la empresa ha decidido retirarlos», denuncia Antonio Herrero, de CC OO y portavoz de AMEPEA, que recuerda que se demandó a la empresa. La demanda se perdió en la Audiencia Nacional y se recurrió al Tribunal Supremo.
