Z-Mobile recibió 1,8 millones de DGA y el Estado pero nunca llegó a fabricar ningún coche eléctrico
El empresario que presuntamente se quedó 1,8 millones en subvenciones públicas del Gobierno español y del de Aragón para montar, entre otros, una empresa para fabricar coches eléctricos en Technopark de Alcañiz y generar decenas de puestos de trabajo se sienta desde este martes en el banquillo de los acusados. El Juzgado de lo Penal de Teruel juzga a David Monforte, un empresario que reside en Zaragoza, y que solicitó las ayudas en 2010 para poner en marcha una planta de diseño y fabricación de coches eléctricos en el polígono Technopark pero, según sostiene la Fiscalía en su escrito de calificación, cuando a partir de 2013 los organismos oficiales que habían concedido las ayudas inspeccionaron las instalaciones, las encontraron prácticamente vacías y sin actividad. En el primer día del juicio se ha declarado inocente.
La Fiscalía pide ocho años para Monforte y propone para el acusado una multa de 3,6 millones –el doble de las ayudas públicas recibidas fraudulentamente– y la obligación de devolver el importe percibido además de una multa de una cuota diaria de 20 euros durante 12 meses. En el primer día del juicio también ha declarado Arturo Aliaga, quien entonces era consejero de Industria de DGA por la concesión de subvenciones. La fiscalía del Estado también reclama ocho años de prisión y la multa de 3,5 millones.
Esta persona, junto al también empresario José Luis B. H., llevó la ilusión a varios municipios aragoneses prometiéndoles ser sede de un próspero negocio que terminó siendo pura fabulación. En Alcañiz, Ejea, Monzón y Tarazona les ayudaron en lo que pudieron para sacar adelante el proyecto, lo que permitió al investigado asegurarse unos 1,8 millones de euros en subvenciones. Sin embargo, ni en estas localidades ni en ninguna otra se llegó a fabricar nunca nada.
En su calificación, la fiscal explica el procedimiento seguido por el acusado para conseguir ayudas públicas a través de facturas amañadas o que correspondían a pagos que no se llegaron a efectuar realmente. Monforte, un empresario dedicado al sector inmobiliario, para «mostrar expectativas de negocio» hacía pedidos voluminosos a proveedores y obtenía la factura correspondiente. A continuación, cancelaba la operación pero no informaba de este segundo paso a la administración. De este modo, obtenía justificantes para recibir las ayudas públicas. Algunos suministradores advirtieron a la administración de estas prácticas.
Con esta operativa se obtenían tanto las facturas como los justificantes bancarios de pago, que se presentaban como justificación de gasto a las diferentes administraciones de las que percibía las ayudas públicas, a las que se ocultaban en realidad los movimientos bancarios de retrocesión de los pagos realizados, que se hacían a través de otras cuentas que tenía la sociedad.
Se aportaban a la administración igualmente facturas falsas de sociedades instrumentales creadas por el mismo empresario, por un importe de 408.200 euros.
Parte de los fondos percibidos eran usados de forma particular para viajes, hipoteca particular, nóminas, cursos de formación, reintegros en efectivo…
También según la fiscal cargó a Z Mobile gastos por un total de 408.200 euros por un servicio que no ha podido ser constatado documentalmente prestado por una sociedad, Consultoría de Sociedades y Patrimonios S. L., cuyo único propietario y empleado sería el propio acusado. El escrito acusador considera que el promotor «se emitió a si mismo» facturas con el único propósito de «justificar unos gastos que no se han producido». Define esta práctica como «autopagos». Indica que Monforte cargó, además, gastos en efectivo y con tarjeta a Z Mobile por importe de 200.836 euros.
Según informaron desde Policía Nacional, el empresario hizo un aumento fraudulento del capital social de la empresa, de 3.000 a 500.000 euros. Aportó las mismas facturas justificativas de gastos a los diversos entes públicos a los que solicitaba fondos.
Por parte de distintas instituciones públicas (el Instituto Aragonés de Fomento, la dirección general de Industria de DGA, el Ministerio de Industria y el de Hacienda), la sociedad señalada fue objeto de diversas inspecciones que concluyeron con la obligación de devolución de los fondos percibidos por no consecución de los objetivos, y por fraude en las facturas presentadas, sin que se pudieran hacerse efectivas estas reclamaciones.
