La Justicia de Aragón ha archivado la queja presentada por un grupo de usuarios en relación con el servicio de recogida y gestión de residuos de la Comarca del Matarraña. La decisión se produce después de que la institución comarcal remitiera un informe con información sobre las cuestiones planteadas y tras el análisis de esta documentación por parte del Justicia.
La reclamación fue presentada inicialmente por vecinos de Valdeltormo y admitida a trámite por el Justicia. Entre las cuestiones planteadas figuraban la información disponible sobre el funcionamiento del servicio, sus costes y las tarifas. La iniciativa se puso en marcha este verano, coincidiendo también con una recogida de firmas impulsada por un grupo de usuarios para reclamar una mayor transparencia sobre los costes y una revisión de las tasas.
El coste de llevar los residuos al vertedero
Uno de los aspectos incluidos en la información trasladada al Justicia ha sido la evolución del coste de la gestión de los residuos y, especialmente, el incremento asociado al depósito de la fracción resto en vertedero.
La Comarca del Matarraña ya informó públicamente en marzo de 2024 de que el coste de depositar esta fracción había pasado de 28,76 euros por tonelada en 2022 a una previsión de 105,90 euros por tonelada en 2024, debido al incremento de los costes de vertido y a la aplicación de nuevos impuestos a los residuos. Con las 2.194 toneladas de fracción resto depositadas, la previsión de gasto pasaba de unos 67.000 euros en 2022 a aproximadamente 235.000 euros en 2024.
La institución comarcal también trasladó estos datos directamente a los vecinos durante las charlas informativas desarrolladas en los municipios. En 2023 se explicó que el nuevo impuesto establecido por la Ley 7/2022 suponía añadir 40 euros por tonelada al coste existente, elevando el precio de entrada de la fracción resto de 28,76 a 68,76 euros por tonelada.
La Comarca señala que esta información económica se ha integrado en las campañas destinadas a mejorar la separación de residuos, incidiendo en que reducir la cantidad de basura que termina en el vertedero también permite disminuir el coste de gestión.
Información a municipios y vecinos
La labor informativa también se ha desarrollado con los ayuntamientos, especialmente durante la implantación de los nuevos sistemas de recogida y la elaboración de las nuevas tarifas. Durante 2025 se trabajó en la nueva prestación del servicio y en sus tarifas a través de los órganos comarcales y de una comisión de trabajo en la que participaron los distintos grupos políticos representados en el Consejo Comarcal.
En paralelo, la Comarca ha desarrollado diferentes acciones dirigidas a la ciudadanía, con charlas sobre el sistema Porta a Porta y la recogida selectiva, talleres para adultos y escolares, sesiones específicas para establecimientos de hostelería y comercio y actividades destinadas a asociaciones y personas mayores.
También se han realizado campañas dirigidas a familias, segundas residencias y visitantes. Con la extensión de la recogida separada de materia orgánica a los 18 municipios del Matarraña, esta labor se reforzó mediante nuevas sesiones informativas, entrega de kits y explicaciones sobre el funcionamiento de los sistemas y los residuos correspondientes a cada fracción.
Las tarifas pasaron por información pública
La regulación económica del servicio también siguió los correspondientes procedimientos administrativos de información pública. El Reglamento del Servicio de Recogida de Residuos, aprobado inicialmente por el Consejo Comarcal en septiembre de 2025, fue sometido a exposición pública. Durante ese periodo no se presentaron reclamaciones ni alegaciones, por lo que la aprobación inicial quedó elevada a definitiva.
La ordenanza que regula la prestación patrimonial por el servicio establece las tarifas correspondientes a la recogida y transporte de los residuos domésticos y al tratamiento de la materia orgánica en los 14 municipios de la Comarca del Matarraña donde se realiza el servicio. Su contenido fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. Con la documentación aportada sobre estos procedimientos, los costes del servicio y las acciones de información desarrolladas, el Justicia de Aragón ha acordado finalmente el archivo de la queja.
