El presidente de Aragón, Javier Lambán, reconoció este martes que el reparto del Fondo Europeo de Transición Justa, que hará que España opte únicamente a 307 de los 7.500 millones que se distribuirán entre los socios de la Unión entre 2021 a 2027, es «absolutamente insuficiente». El líder autonómico se comprometió a dar «todo el apoyo» de la DGA al Gobierno de España para que esta cantidad «se vea sustancialmente mejorada e incrementada».
Lambán aseguró en el pleno a pregunta de Vox que el reparto se sigue negociando y que la eurodiputada aragonesa Isabel García Muñoz trabaja para introducir criterios como la despoblación, el Producto Interior Bruto (PIB) o el esfuerzo ya realizado por cada Estado miembro en materia de descarbonización. Recordó, a este respecto, que hasta tres ministras del Ejecutivo de Pedro Sánchez -entre ellas la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera-, han manifestado públicamente «su disconformidad».
Según explicó, la propia Ribera le ha transmitido que tiene confianza en que estas cantidades se vean «revisadas». «Y para eso tiene todo nuestro apoyo», añadió.
La diputada de Vox Marta Fernández, sin embargo, le reprochó que Europa haya preferido «contentar» a países que van a seguir quemando carbón como Alemania, Polonia o Rumanía, una decisión que choca con la transición justa que defienden Teresa Ribera y el Gobierno aragonés. «Hemos sido los primeros en hacer los deberes y los que menos fondos vamos a tener», le espetó.
Lambán, en respuesta, incidió en que, contando con los fondos Feder, el Fondo Social y la inversión privada, España recibiría hasta 1.500 millones de euros en siete años. Recalcó, por otra parte, que al margen de lo que se pueda esperar del Ejecutivo central -y Aragón «espera mucho», según subrayó-, el Gobierno autonómico «no puede rehuir su responsabilidad», y defendió que, más allá del convenio de transición justa, hay ya iniciativas empresariales confirmadas y convocatorias pendientes de resolución que generarán «mucho empleo» en la zona.
Como ejemplo puso un proyecto de biomasa que crearía 60 puestos directos en Andorra, el de arcillas de Samca, que sumaría 58 más, y las iniciativas impulsadas por el Fite y el Miner, que han permitido «avanzar mucho» en la reconversión industrial de la zona. El presidente aragonés, muy crítico con Endesa desde que anunciase el cierre, también incluyó en este lote los 138 puestos de trabajo que creará su macroproyecto fotovoltaico una vez construido, que cubrirá «prácticamente» los que se perderán con el cierre de la central térmica.
Sus argumentos, sin embargo, no convencieron a Vox, que aseguró que hablar de inversión privada no tiene un «soporte sólido», sino «teórico» y cuestionó las estrategias del Ejecutivo regional.
