El Partido Popular de Teruel ha criticado este jueves el retraso en la aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas porque considera que no hay razones objetivas para no otorgarlas y califica como una tomadura de pelo que el Gobierno de España se escude en la coyuntura económica mundial para no ponerlas en marcha cuando durante los dos primeros meses del año el Estado ha recaudado 7.500 millones de euros más de lo previsto como consecuencia de la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Para el máximo responsable de los populares turolenses, Joaquín Juste, el retraso acumulado de cuatro meses para una medida que aportaría a Teruel una «ventaja competitiva» para la generación de empleo y oportunidades en el territorio es consecuencia de la «falta de voluntad» política del Gobierno central. «Nos están tomando el pelo y nos engañan porque, en el momento de mayor recaudación, ponen como excusa el conflicto bélico en Ucrania», declaró este jueves Juste, quien compareció junto a los senadores Manuel Blasco y Carmen Pobo. El número uno del PP de Teruel ha anunciado que su partido presentará iniciativas en las diferentes administraciones para reclamar la puesta en marcha de una medida que cuenta con el «respaldo unánime» de toda la provincia.
Juste también ha hecho referencia al «chantaje independentista» que, a su juicio, está frenando también que esta posibilidad contemplada por la Unión Europea sea finalmente una realidad. Ha considerado que son los «socios independentistas de Pedro Sánchez» los que están «impidiendo» que este «privilegio» lo puedan disfrutar las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.
El líder de los populares turolenses también ha aludido al «trabajo duro» de muchos Gobiernos en el pasado para lograr la fiscalidad diferenciada para la provincia de Teruel, "que comenzó con la labor del Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi". Tras ello, en abril de 2021, las instituciones comunitarias autorizaron finalmente la aplicación de esta medida de discriminación positiva a partir del 1 de enero del presente año. Desde entonces se aprobó una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado sin concretar la fecha de la puesta en marcha y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que se estaban perfilando estas medidas. Todo ello hasta las declaraciones del pasado martes del secretario de Estado de Reto Demográfico.
Por su parte, el senador Blasco ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene «más dinero y fondos europeos que nunca», es incapaz de tomar la decisión que «pedimos la unanimidad de la provincia». «No la adopta porque no quiere», ha agregado al respecto.
Según el representante de los populares en la Cámara Alta, el Gobierno de España «está en la inopia» y «anda perdido» porque «no tiene ni idea de qué hacer en la España despoblada». Una situación a la que nada ayuda que la Secretaría para el Reto Demográfico pertenezca al ministerio de Transición Ecológica, que tiene al frente a una ministra «muy interesada en la ecología pero nada en la despoblación», tal y como ha advertido.
Durante los casi cuatro años de labor al frente del Gobierno de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en valor las 130 medidas presentadas para combatir la despoblación, de las que aseguran que se están implementando el 83%. Unas actuaciones que ha considerado Blasco como «uno de los mayores bluf» y también como «papel mojado». Todo ello porque llegan a repetir iniciativas hasta en tres ocasiones y a incluir medidas que «poco o nada ayudan» a resolver la situación demográfica de provincias como Teruel.
