La Comarca del Bajo Aragón-Caspe acaba de regular la recogida de los envases ligeros y el papel y cartón, un servicio propio de los ayuntamientos que lleva años prestando sin tener delegada la competencia. Ahora esta irregularidad se acaba de solventar con la cesión de la competencia por parte de los seis municipios, primero aprobada en cada uno de los plenos municipales y la semana pasada asumida en la sesión plenaria comarcal.
Una vez regulado se sacará a concurso la prestación del servicio, que arrastra muchos problemas desde hace tiempo. Se espera que en esta ocasión sea la definitiva porque cada localidad ha consensuado un convenio con la Comarca que establece, entre otros, cómo se prestará el servicio y cuánto costará.
Con estos números, elaborados por una empresa, se redactará un pliego de condiciones que se espera esté adecuado a la realidad y sea el definitivo. El anterior concurso no salió adelante este mismo año. No se presentó ninguna empresa y, además, el Ayuntamiento de Caspe recurrió el pliego ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) al entender que perjudicaban a su localidad. Al estudiar la documentación se comprobó que no existía una encomienda de gestión de los ayuntamientos a la Comarca para prestar un servicio impropio, por lo que se pidió a los municipios que lo tramitaran.
A su vez se hizo un estudio del coste estimado del servicio para poner sobre papel cuánto le costará a cada entidad y las condiciones del servicio. Cifra en 103.000 euros el precio de la recogida de envases y cartones durante un año en los seis pueblos del Bajo Aragón-Caspe. La Comarca asume el 80% del coste y los municipios el 20% restante. Esto significa que Caspe abonará 13.308 euros; Chiprana pagará 819 euros; Fabara, 1.474; Fayón, 633; Maella, 2.981; y Nonaspe, 1.378.
En la Ciudad del Compromiso los cartones se recogen una vez a la semana y los envases ligeros dos días a la semana de noviembre a febrero y tres días de marzo a octubre. Por su parte, en el resto de municipios la nueva contrata también se llevará el papel y cartón una vez cada siete días y con la misma frecuencia el plástico de noviembre a febrero y dos días/semana de marzo a octubre.
Según el presidente, Javier Nicolás, el objetivo es que el pliego salga «pronto» y comenzar 2024 con la licitación «hecha».
Polémica entre gobierno y oposición
La gestión de los residuos, que acarrea un gran polémica desde hace tiempo debido a su mal servicio, volvió a enfrentar en el último pleno comarcal a equipo de gobierno, PP-Somos Caspe; y el principal partido de la oposición, el PSOE. Las acusaciones cruzadas entre los tres partidos ya estuvieron muy presentes en los últimos meses de la pasada legislatura por este asunto.
El equipo de gobierno defiende su gestión actual y la de la pasada legislatura, cuando el PP era socio de Ciudadanos, partido que se dividió en dos con algunos de sus integrantes en Somos Caspe y otros liderando a los populares caspolinos. El vicepresidente, Cristian Poblador, asegura que la Comarca lleva desde marzo, cuando se alertó de que estaban licitando un servicio para el que no tenían competencias, intentando regularizar el servicio y entonces «todo los ayuntamientos salvo el de Caspe le cedieron la gestión». «Pese a ello hemos seguido asumiendo el servicio y pagando las facturas porque los municipios no se podían quedar sin recogida de plásticos y cartones», asegura Poblador, quien defiende que desde que las empresas renunciaron al anterior contrato -cada residuo iba por separado- han hecho todo lo que estaba en sus manos para que el servicio se siguiera prestando.
Precisamente, el PSOE pone el foco en la gestión de estos meses, desde diciembre cuando terminó el contrato; y más concretamente en cómo se ha pagado. Su portavoz en la Comarca, Gabriel Luena, también concejal en Caspe, muestra su extrañeza porque desde enero a julio las dos empresas que han prestado servicio lo han hecho sin contrato y emitiendo facturas mensuales. Además, una de ellas, Aragonesa de Servicios Públicos (4.135 euros) es la contrata anterior que renunció a la adjudicación antes de tiempo. La otra era Saica por una media de 4.000 euros al mes. «Es extraño que una empresa rescindiera el contrato y después trabaje sin él pero claro, estuvo esos meses sin unas cláusulas estipuladas de cómo trabajar por lo que no incumplía nada. Pasaban las facturas pero a día de hoy no sabemos si las han pagado o no. Sí que hay escritos del presidente para ver las posiciones de los GPS del camión pero de qué servía si no había contrato», especifica Luena. Ante esto, Poblador defiende que la empresa siguió porque le insistieron para que el servicio no quedara sin prestarse.
De mitad de julio a mediados de agosto hubo un contrato menor con FCC de 14.000 euros por los dos servicios y ahora con Planas Martínez por casi 11.000 euros. «Ahora ya están fuera de contrato porque la ley no nos permite otra cosa» , precisa Poblador.
no interesa el envase retornable???? es muy franquista???? más chiringuitos!!!