El Supremo ha respondido a la petición de DGA de derogar el decreto del Gobierno de Aragón. El fallo que se conoció este lunes da respuesta a la impugnación presentada por el Ejecutivo autonómico tras el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 29 de octubre de 2024 y supone la anulación del Real Decreto 662/2024, de 9 de julio, por el que se establecía el régimen al que debía estar sometida la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses.
La aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros a finales de 2024 fue muy criticada por el Gobierno de Aragón, que llegó a anunciar una normativa propia para proteger sus pantanos. La medida afectaba en el Bajo Aragón Histórico a Cueva Foradada (entre Alcaine y Oliete), La Estanca (Alcañiz) y Gallipuén (Berge).
El Gobierno de Aragón entendió entonces que la comunidad tiene suficiente territorio —casi el 10% del total de España— como para tener que instalar paneles en estos embalses que, además de acoger numerosas actividades turísticas, deportivas y económicas, juegan un papel fundamental para los regantes de zonas intrinsicamente agrícolas.
Sentencia del tribunal supremo
En la sentencia del Tribunal Supremo se han tenido en consideración los argumentos esgrimidos por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, que incidían en la obligatoriedad de establecer el trámite de consulta pública previa para la elaboración de disposiciones reglamentarias como la que era objeto del recurso. Asimismo, el Alto Tribunal ha estimado la legitimación del Ejecutivo autonómico para interponer dicho recurso judicial, amparado en sus competencias en materia energética y medioambiental, cuestión que pretendía negar el Gobierno central.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo, que «estima todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para revertir una decisión política carente de razón».
«Los aragoneses exigen al Gobierno de Aragón que les defienda ante aquellas decisiones que menoscaben sus derechos o que supongan un grave perjuicio para los ciudadanos de nuestro territorio. Y eso es exactamente lo que hemos hecho: ampararnos en la Justicia para frenar una medida que entendíamos que no tenía justificación y que se había materializado de forma errónea», ha añadido.
