UAGA solicita la suspensión cautelar del acto de imposición de medallas por el operativo de Igor el Ruso

UAGA ha solicitado la suspensión cautelar del acto de imposición de medallas a cinco cargos de la Guardia Civil por el operativo de Igor el Ruso en diciembre de 2017. Piden que al menos hasta el juicio, que será en febrero, no se haga la entrega. Así lo han anunciado este viernes en una rueda de prensa conjunta con los Amigos de Iranzo y en la que hicieron repaso de las medidas tomadas hasta ahora sobre este reconocimiento del ministerio del Interior. Cabe recordar que estas medallas se juzgarán el 3 de febrero de 2021 al admitir a trámite el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo el recurso de UAGA. Insisten en que ninguna medida se ha tomado por ir en contra la Guardia Civil, pero sí contra las personas que tomaron decisiones: desde el capitán para arriba, especifican. Son 18 medallas de las que solicitan la revocación de 5, de las que corresponden a los mandos. «Consideramos que los agentes están desarrollando su trabajo y que si se le reconoce, no tenemos nada que decir contra ellos, nos parece correcto. Ahora bien, los verdaderos responsables que son los mandos no pueden tener un reconocimiento público«, dijo el abogado de UAGA, Pablo Martínez.

Así pues, desde el sindicato, además de solicitar la anulación de cinco medallas, solicitan también la suspensión cautelar del acto de imposición de las mismas. «El hecho que hayamos recurrido no supone el no otorgamiento de las medallas, pero como ese no otorgamiento se resolverá el día 3 de febrero, lo que hemos pedido es que hasta entonces por lo menos no se otorguen», añadió Martínez. Además, con respecto al juicio, indicó que tendrán acceso al expediente administrativo ya que lo ha solicitado el juez para conocer las razones en las que se funda el ministro del Interior para otorgar esas medallas. «La publicación en el BOE es muy escueta y se refiere a los méritos que concurren pero queremos conocer cuáles son y para eso tenemos que ver el expediente administrativo».

Unas medallas por las que el gobierno debe dar explicaciones

La comparecencia se realizó en la sede de UAGA en Alcañiz donde la imagen de José Luis Iranzo está muy presente. Para el secretario general, José María Alcubierre, dar medallas a errores es «un absurdo» por el que el gobierno debería dar explicaciones. «Tras el cese de la actividad de ETA, estos asesinatos son los más graves que ha sufrido Aragón y no se investigan», recordó. «El gobierno que había hace tres años fue culpable por la inacción, por la falta de recursos, de operativo y de previsión pero este gobierno se está volviendo culpable por la complicidad y es vergonzoso. Además, premia los errores… Espero que esta complicidad al final pase factura», añadió.

Desde el sindicato agrario recordaron que en sus estatutos está establecida la misión de «luchar por la dignidad de los hombres y mujeres del sector agrario y del medio rural». Entre esas funciones, dicen, entienden que está recurrir el reconocimiento público de unas medallas injustas. Ante el silencio de algunos partidos con representación en Madrid, Alcubierre agradeció la labor del senador de Compromís, Carles Mulet, que llevó la revocación hasta el Senado a instancias de Chunta Aragonesista.

Amigos de Iranzo: más de dos meses recabando apoyos

Los Amigos del ganadero iniciaron hace más de dos meses un envío de cartas a instituciones para que apoyasen la revocación de estas condecoraciones. Ninguno de los tres diputados ni los cuatro senadores de Teruel han contestado pero no han sido los únicos. «Nadie del ámbito ministerial ha respondido, ni el ministro, ni Secretaría de Estado de seguridad ni dirección de la Guardia Civil, ni los representantes del gobierno en la zona como Delegación y Subdelegación», dijo el portavoz de la plataforma, Luis Alquézar. «El ministerio no nos ha contestado y se ha pasado el plazo, así que iremos a la vía judicial como ha hecho UAGA», añadió. Entre los silencios están los de los presidentes del Gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel y de la delegación territorial de la DGA en Teruel. «Somos turolenses y aragoneses y sólo por eso tenemos el derecho y ellos deberían sentirse en la obligación de al menos responder, al margen de que estén a favor o no, pero no han dedicado ni un minuto en dos meses para respondernos ya por educación», lamentó.

Más de 2.000 firmas han recabado de la masa social así como el compromiso de varios ayuntamientos y comarcas.

Para la plataforma, el Gobierno no hubiera entregado estas medallas «si tuviera todas las versiones y no sólo la de los mandos de la Guardia Civil que se ha demostrado que no es lo que realmente pasó». En hacer llegar la voz del territorio «llevamos tres años pero no hay manera ni con Delegación ni Subdelegación e incluso los partidos políticos de la provincia con representación en Madrid de los que no hemos obtenido respuesta», apuntó.

Terminó señalando una situación que no ha cambiado en tres años como es la falta de medios en los pueblos. «Hace una semana nos encontrábamos con la noticia de que la provincia de Teruel pierde 13 agentes de la Guardia Civil con los últimos traslados, así que, nada ha cambiado desde entonces», dijo Alquézar que instó a que el clamor que reivindicaba seguridad y los mismos derechos que en la ciudad para el medio rural aquel diciembre de 2017 se mantenga fuerte.