Es la única vía de «depurar responsabilidades» e incluso, la opción de pedir la reapertura del caso cerrado desde 2016.
Las Cortes de Aragón aprobaron ayer por unanimidad la creación de una Comisión de Investigación «para esclarecer y depurar responsabilidades» acerca de lo sucedido en el siniestro de la Helitransportada de Alcorisa en 2011.
El caso permanece cerrado definitivamente desde 2016, pese a la intensa lucha de los familiares después de que se conociese un informe que revelaba que existió una negligencia relacionada con un fallo mecánico. La caída del helicóptero Bell 407 costó la vida de seis personas y dejó gravemente herida a otra.
La vía penal se cerró cuando el Tribunal Constitucional ratificó la decisión de la Audiencia Provincial de Teruel de archivar el caso y proceder a su sobreseimiento. Agotada la vía judicial, en noviembre de 2016, varias familias comparecieron en las Cortes para pedir la creación de esta comisión. Un organismo que «estudie, analice y depure responsabilidades políticas, y que extraiga el conocimiento de las causas que lo provocaron, para que se corrijan en el sistema de la aviación española».
Esta propuesta fue aceptada y debatida ayer a iniciativa de Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto. Tomaron la palabra los diputados Marta Prades (Podemos), Ramiro Domínguez (Ciudadanos) y Patricia Luquin (Grupo Mixto - IU). Por parte del resto, intervinieron Fernando González (PP), Darío Villagrasa (PSOE) y Lucía Guillén (PAR).
La diputada de Podemos, Marta Prades, recordó que ni el Gobierno de Aragón ni la extinguida Sodemasa prestaron servicios jurídicos a las familias afectadas, quienes «llevan esta lucha en soledad desde 2011». Consideró que el Gobierno de Aragón debería haber acompañado a las familias en todo el proceso y personarse junto a ellos como acusación, pese a lo cual cree que «no es tarde para que desde las instituciones les demostremos que haremos todo lo que esté en nuestra mano para esclarecer el caso y depurar responsabilidades políticas».
El portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, recordó que «la justicia archivó el caso pero siempre han quedado dudas sobre lo que pasó», ya que existe un «helador» informe definitivo de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. Un informe, continuó, que establece que se colocó «una pieza defectuosa para sustituir otra pieza defectuosa», por lo que la Comisión se convierte en «fundamental», ya que «es posible que hubiera alguna negligencia en esa cadena de mando, y por ello, queremos saber la verdad».
Por parte del Grupo Mixto, Patricia Luquin (IU), consideró que hay muchas "incertidumbres por resolver " y que es el momento de saber "qué, por qué ocurrió y quién tomó las decisiones, sobre todo, para que no vuelva a suceder". "Estaban trabajando dependiendo de la propia Administración, en este caso, del Gobierno de Aragón", dijo Luquin, antes de afirmar que "somos los últimos responsables políticos".
Desde el Grupo Parlamentario del PAR, Lucía Guillén resaltó la necesidad de "ser honestos con las familias y no crear falsas expectativas" ya que "no sustituimos al poder judicial".
El socialista Darío Villagrasa añadió que se trata de "una causa objeto de diferentes pronunciamientos judiciales y que fue cerrada en firme". Y ha optado por ser "respetuoso y honesto", ya que el objeto de esta comisión solo podrá ser el de "esclarecer presuntamente aquellas responsabilidades del orden político".
«Solidaridad, máximo respeto a las familias de las víctimas y nuestra máxima consideración» fueron las palabras del diputado popular, Fernando González Celaya, a los allegados. En su intervención reiteró que «quedamos a disposición de las familias para todo aquello en que mi Grupo pueda colaborar, unos servidores públicos que se dejan la vida en el desempeño de su trabajo solo pueden transmitir ejemplo, entrega y admiración.»
Una posibilidad de recurrir
Todos los grupos emitieron su voto favorable y lo hicieron con representación de varios familiares como público. «Sinceramente, hemos querido estar para ver las caras de nuestros representantes a la hora de votar porque todos nos dan su apoyo pero queríamos ver si se materializaba con acciones», dijo Marisol Salafranca.
La alcañizana es la madre de José Ramón Milián, el más joven de los brigadistas fallecidos. Agradecida por el apoyo reconoció, no obstante, que el resultado de unanimidad le sorprendió. «Llevamos tantos palos que no me lo esperaba. Conseguirlo era crucial para nosotros porque es lo único a lo que nos podemos agarrar», explicó.
Recordó que, más allá de responsabilidades políticas, si en la labor de investigación de esta comisión aparecen nuevas pruebas susceptibles de ser presentadas, podrían pedir la reapertura del caso. «Prescribe a los diez años, así que estamos en tiempo si se diera la oportunidad y esto nos da mucha esperanza», añadió.
Desde Alcañiz siguió las últimas noticias Montse Thomson, hermana de Angus Thomson, otro de los fallecidos. «Me he emocionado», se sinceró. «No me lo esperaba porque en seis años no se ha investigado. Aquello sucedió por algo pero no hay ningún responsable y estamos hablando de seis vidas, de seis personas», reflexionó y recordó la labor de los trabajadores. «Deben garantizar que vuelan y trabajan en aparatos seguros al cien por cien».
En breve se constituirá la Comisión de Investigación que busque y depure las responsabilidades políticas. Algo parecido a lo que sucedió con el caso del Yak-42. «También las familias de Spain Air han hecho la misma petición que nosotros pero en el Senado», añadió Salafranca.
Un caso con luces y sombras
En los últimos seis años, el caso se ha cerrado en dos ocasiones. La primera de ellas, en otoño de 2013 y la segunda, a finales de 2015. No obstante, el cierre definitivo se constató en abril de 2016 cuando el Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso de amparo que se presentó por parte de algunas familias.
Se presentó por considerar que el sobreseimiento vulneraba varios derechos de las familias. Argumentaron, entre otras cosas, que al cerrarlo se les dejó sin posibilidad de alegar. Lo más grave es que desde 2014 existe un informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que recoge una negligencia vinculada al fallo de una pieza que provocó la caída.
El sobreseimiento impidió que se siguiera buscando esclarecer la responsabilidad de Bell Helicopter, Textron e Inaer respecto del incumplimiento del boletín de normativa interna que obligaba a revisar el anclaje de la pieza del aparato cuyo desajuste provocó la tragedia.
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