Urgen agilidad para poder liderar una Transición Justa centrada en el empleo

La sociedad andorrana tiene en mente proyectos de desarrollo concretos e ideas interesantes que contribuirían a salir de la crítica situación en la que está inmersa la comarca ante el inminente cierre de la Central Térmica. Eso sí, para llevarlas a cabo hace falta agilidad burocrática y voluntad política; que es lo que no ha habido hasta ahora. Es lo que quedó patente ayer durante la presentación del inicio del proceso de participación pública para la elaboración del Convenio de Transición Justa para la comarca Andorra-Sierra de Arcos y municipios del Bajo Aragón (Alcorisa y Foz Calanda).

Más de ochenta personas entre representantes de entidades, asociaciones, centros de investigación, empresas e instituciones, abarrotaron el salón de actos de la Casa de Cultura de Andorra citados por el Ministerio de Transición Ecológica. Laura Martín, asesora de Transición Justa de la propia ministra Teresa Rivera y de un elevado perfil técnico, se encargó de iniciar la jornada haciendo un diagnóstico pormenorizado del panorama actual de la comarca. Puso énfasis en los más de medio millar de empleos que corren peligro en el corto plazo. «Este análisis nos compromete como administración a reconocer los impactos y a actuar. Vamos a tener que poner en marcha proyectos e iniciativas para garantizar todo ese empleo que hay en peligro», apuntó.

Aseguró que esa es la prioridad del Ministerio, junto a la reconversión de la actividad con la participación activa de toda la sociedad. «Lanzamos un proceso participativo para dar voz a todo el territorio. Que nos haga llegar cualquier idea, cualquier proyecto o actividad que tenga sentido para la zona. Lo consideramos un proyecto de construcción de futuro común», dijo. El empleo femenino, la innovación ambiental y social serán criterios fundamentales.

En ese sentido, se mostró optimista y destacó que la cuenca minera de Teruel es una de las más predispuestas a proponer alternativas y trabajar para resolver la problemática que genera el fin del sector minero-eléctrico. Incluso, subrayó la posibilidad de que la transición en Andorra-Sierra de Arcos pueda servir como ejemplo en el resto de territorios españoles afectados por el final del carbón. Adelantó que los protocolos podrán firmarse este mes de marzo pero reconoció que los convenios no estarán hasta octubre. Además, estos no contemplarán cantidades concretas, sino ayudas finalistas, es decir, que se otorgarán fondos a proyectos concretos que creen empleo y se comprometan con el territorio. Al parecer, durante su intervención -a la que no se permitió asistir a los medios de comunicación- aseguró que los cazasubvenciones y especuladores no tendrán cabida. «Tenemos que asegurarnos de que los proyectos por los que apostemos salgan adelante», determinó antes de entrar en la reunión. Aunque ratificó las palabras de Ribera del día anterior en el Congreso en las que se refirió a medio centenar de proyectos, todo parece indicar que buena parte de ellos corresponden a los pendientes del Miner de 2013-2018.

Cabe recordar al respecto que hay pendientes de liberar fondos destinados a infraestructuras entre los que destacan la ampliación del balneario de Ariño (3,78 millones de euros), la mejora del campin de Estercuel con una galería de tiro y un parque de aventuras (1,4 millones) y medio millón para crear una residencia de Atadi en Alcorisa, entre otras iniciativas.

Con proyectos encima de la mesa

Los agentes políticos, sociales y empresariales del territorio pusieron sobre la mesa proyectos pendientes que consideran «claves» para el desarrollo del territorio en la sesión en la que tomaron la palabra. El impulso a la A-68, la conversión de la pista minera de Samca en carretera pública; el ramal ferroviario hasta el polígono de Andorra; la necesidad de retomar la elevación de aguas del Ebro; la posibilidad de construir balsas laterales y la puesta en marcha de regadíos para aprovechar el agua de la Térmica; la puesta en valor de patrimonio industrial minero; la conversión del Centro de Estudios Ambientales Ítaca-José Luis Iranzo en sede universitaria; o la puesta en marcha de una fiscalidad específica para los emprendedores que se asienten en el territorio que fueron algunas de las propuestas.

Además, para dotar de actividad todo el suelo industrial vacío que existe en la zona e implantar un plan de captación de empresas, los agentes abogaron por la instalación de una oficina del Instituto de Transición Justa -que prevé sustituir al actual Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras- en Andorra.

Las valoraciones

Los representantes que participaron en la jornada valoraron positivamente, al menos a priori, la cita andorrana. El alcalde de Andorra, Antonio Amador, quiso lanzar un mensaje esperanzador a la ciudadanía. No obstante, también reconoció que la jornada técnica no aportó muchas novedades. «Tenemos que ser capaces de seguir aportando propuestas por identificar», recalcó. Incidió en la creación de la oficina y en dar facilidades a las empresas. «Ideas tenemos, lo que nos hace falta es un empujón y, sobre todo, que administrativamente no se ralenticen los proyectos», apuntó. Además, subrayó la importancia de trabajar de la mano con todos los ayuntamientos.

Fue una reflexión que compartió con Joaquín Noé, el alcalde de Ariño, quien quiso destacar que, «por primera vez», se haya contado con los ayuntamientos para empezar a trabajar. «Hasta el momento, sólo se nos escuchaba al final del proceso, cuando nos daban la posibilidad de presentar proyectos para infraestructuras», dijo refiriéndose a los planes Miner. Asimismo, destacó la importancia de que estos convenios de Transición Justa no sean la mera asignación de un dinero para que se presenten proyectos, «sino un estudio integral en el que los conocedores del territorio seamos quienes planteen una serie de iniciativas que después, con criterios técnicos, elija el Ministerio».

El presidente de la asociación empresarial de Andorra, Roberto Miguel, subrayó la importancia de trasladar una oficina del Instituto de Transición a Andorra. «Deben de contar con nosotros las 24 horas del día, no solo en una reunión cada tres meses», señaló. Se mostró optimista aunque para él, «el Ministerio llega tres años tarde».

José Fernando Murria, presidente del Sindicato Central de Regantes Guadalope, reivindicó uno de los «daños colaterales» que supone la marcha de Endesa, que es el socio mayoritario de la comunidad de regantes. «De entrada me parece bien que se nos haya citado», dijo. Recordó que, si Endesa deja de aportar sus cuotas fijas, de bombeo y amortización de Santolea, los regantes tendrían que pasar de pagar 30 euros por hectárea mensuales a 200 euros. «Alguien tiene que hacerse cargos del canon porque para el agricultor es insostenible», demandó. En cuanto a los sindicatos agrarios, UPA fue el único que asistió. El Ministerio se disculpó por no haber enviado invitación a UAGA, el sindicato mayoritario en Aragón.

Por su parte, los trabajadores volvieron a manifestar su preocupación por el desmantelamiento. El presidente del comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, Hilario Mombiela, destacó que el diagnóstico inicial estuvo «muy trabajado». «Con la prioridad de mantener el empleo», detalló y confió en que los trabajadores que quedan en la Central sean los que participen en el desmantelamiento. «Garantías no nos dan ninguna pero parece que van a intentar que así sea». Demandó a Endesa los cursos de formación que hacen falta para llevar a cabo esos trabajos específicos y confió en que la eléctrica sea finalmente la que se quede con la evacuación y ponga en marcha su proyecto fotovoltaico.

Desde la plataforma de las subcontratas su portavoz, Pedro Miñana, lamentó que no se cerrase ningún compromiso y volvió a recordar que «la gente se está marchando de Andorra». «En junio no tenemos nada, vamos todos a la calle y no sabemos si nos van a contratar», indicó. «Hacen falta menos papeles y más empresas», concluyó al tiempo que expresó que este borrador llega, al menos, con un año de retraso. En la misma línea se manifestó Alejo Galve, secretario de UGT Teruel y trabajador de la Central. «Si la gente tiene que estar en el paro cuatro meses formándose, estará. Pero siempre y cuando les garanticen que después de esa formación van a tener trabajo», apostilló.

Cada uno de los participantes rellenó un cuestionario de una decena de páginas con preguntas relativas a la situación actual, la necesidades y las demandas de su sector.

Endesa cuenta con el empleo local

Al respecto des desmantelamiento, el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, que asistió a la jornada, resaltó que la eléctrica está trabajando «con toda la ilusión para crear una propuesta que genere valor y riqueza en Andorra y a su entorno». Resaltó que el proyecto está dividido en tres fases y que solo la tercera está ligada a la obtención de los 1.000 megawatios de evacuación. «Queremos empezar a trabajar a principios del otoño». Montaner anunció que ya se han redactado los pliegos para adjudicar el desmantelamiento. «En esos pliegos se exige que al menos el 30% de la mano de obra sea local. Si no se cumple esto, no se tendrá en cuenta la oferta», dijo. Además, se bonificará hasta una contratación del 80% de mano de obra local.

Recalcó que el proyecto de Endesa prevé una inversión de 1.427 millones de euros y la creación total de 4.000 puestos de trabajo entre 2020 y 2026 para construir la planta solar más grande de Europa. Iría acompañada de parques eólicos y el proyecto total abarcaría seis términos municipales: Andorra, Híjar, Alcañiz, Alcorisa, Calanda y Alloza.

Con respecto a conservar parte de la Central Térmica para otros usos como el turístico, Montaner fue contundente: «creemos que puede aportar mucho más valor y riqueza el proyecto fotovoltaico para la zona, que conservar la chimenea».