Crecen un 60% en tres años las víctimas de violencia machista con vigilancia en el Bajo Aragón

«Por nosotras, por las que vendrán y por las que no están: las asesinadas. ¡No a la violencia machista!». A la eliminación de la brecha salarial, la equiparación de los cuidados y otras tantas reivindicaciones, durante el 8M se volvió a clamar en contra de la violencia hacia las mujeres y las agresiones machistas. Y es que las estadísticas siguen en aumento.

Desde Alcañiz, en el sistema Viogén se atiende a 64 víctimas, 17 más respecto al 8 de marzo del año pasado cuando eran 47 las mujeres con protección. De velar de que estas medidas se cumplan se encargan desde la unidad Viogén de la Guardia Civil con las agentes Mª Carmen Planas y Susana Herrera al frente. Tienen su sede en el cuartel de Alcañiz y trabajan en coordinación con el resto de puestos de la demarcación que abarca las poblaciones de las comarcas de Bajo Aragón, Andorra-Sierra de Arcos, Matarraña y Bajo Martín. Desde que se formó la unidad en primavera de 2017 es la primera vez que las cifras alcanzan tal magnitud. Se mantuvieron sin llegar a los 40 hasta 2020, cuando a partir de entonces, comenzó un ligero aumento que ha terminado por superar los 60.

Aunque «no existen meses ni fechas clave en las que prever un incremento», señalan que el pasado verano fue especialmente intenso y también el inicio de año. No hay patrones específicos, aunque sí se ha detectado una reducción del tiempo en el que la mujer denuncia. «Si es por eso, es positivo», apuntan. Ahí inciden, en que denunciar es fundamental. «Si el hecho delictivo requiere de urgencia, se llama al 062 y acude la patrulla más cercana. Si luego la mujer no quisiera denunciar, nosotras actuamos de oficio tramitando las diligencias oportunas y se pone en conocimiento del juzgado», indican ambas. Se activa el protocolo con los servicios sociales comarcales, el hospital, los juzgados y el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), entre otras administraciones.

La colaboración es estrecha además con las fuerzas policiales del resto de comunidades autónomas. «Una víctima que precise de seguimiento lo tiene siempre, si sale de vacaciones a tres sitios distintos, nosotras lo comunicamos a los compañeros del lugar, que se encargan de la contravigilancia», añaden y recuerdan que, si bien la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad no contempla contravigilancias para los niveles con riesgo no apreciado, desde Viogén en Alcañiz sí se hacen. «De una forma más liviana que las de un riesgo extremo obviamente, pero no se deja a la víctima», apuntan. Estas contravigilancias son 24 horas o de momentos puntuales en función del nivel de riesgo. Esto requiere de una organización entre el personal de comandancia y los puestos y de refuerzos si es preciso. Aunque la tendencia es que el nivel de riesgo vaya en descenso según pasa el tiempo, puede subir con que el agresor quebrante la orden de alejamiento.

En lo que va de año, son 10 las mujeres asesinadas en España por violencia machista, -1.192 desde 2003-. La última tenía 39 años cuando murió a manos de su exmarido y delante de su hijo menor el pasado 3 de marzo en Villanueva de Gállego (Zaragoza). Había denuncias previas y, como detalló el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán, estuvo protegida por el sistema Viogén, que en la actualidad estaba inactivo «por riesgo cero». La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, no descartó el martes en el minuto de silencio convocado en las tres capitales la posibilidad de modificaciones en los criterios de seguimiento para los casos inactivos.

Desde la AUGC Aragón se pide la creación de vacantes específicas que ayuden a cubrir las necesidades de los equipos Viogén. Señalan que en Aragón «poco más de 20 agentes» componen estos equipos, los que se traduce «en una falta total de efectivos». Desde la asociación, consideran que «destinar a los compañeros en reserva que recibieran la formación especializada y sería una propuesta eficiente que podría ayudar».

Protección de datos y techos de cristal

También en materia de ciberseguridad, desde el Gobierno de Aragón recuerdan los protocolos recientemente impulsados para reforzar la protección de datos personales en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista. «No puede ser que se publique una relación de datos de una mujer con protección respecto a un puesto de trabajo porque le decimos al agresor donde está», dijo la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz.

Por otro lado, el martes se dieron a conocer las conclusiones de ‘Retos del liderazgo femenino: perspectiva de las directivas y empresas de Aragón’. La investigación ha sido realizada por la Cátedra de Desarrollo Directivo Femenino de la Universidad de Zaragoza, promovida por el departamento de Economía, Planificación y Empleo de DGA. Se desprende que el 73% de las directivas aragonesas consideran que las mujeres tienen más difícil acceder a un puesto de dirección que los hombres y confirman que el techo de cristal sigue existiendo. Además, el 64% cree que a las mujeres se les exige más para acceder a puestos de responsabilidad y un 56,6%, que la brecha salarial es una realidad.

Estatuto de la Mujer Rural y cuidados

Sobre los cuidados y quien se encargan de ellos se puso el foco también este 8M. En Aragón, 83.900 mujeres se dedican a las labores del hogar a tiempo completo (frente a 8.400 hombres), 140 han suspendido temporalmente su trabajo por el cuidado de familiares (53 hombres) y el 94% de quienes reducen su jornada por obligaciones familiares son féminas.

Estos roles se hacen más evidentes en el medio rural, donde paradójicamente cuesta más verlos. «Todas tenemos mujeres cerca que no son conscientes de que siguen un papel asignado por la tradición. En los pueblos, la presión social por cumplir con ciertas obligaciones familiares es incluso mayor, porque todos se conocen», dice la presidenta de AMAS Rurales de Alcorisa, Eva Villarroya.

El último Consejo de Gobierno aprobó la toma en conocimiento del Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón. Una iniciativa reivindicada también desde Fademur, «que puede ser crucial para combatir un doble fenómeno». Y es que a veces, las mujeres en áreas menos pobladas sufren un doble castigo: a la discriminación entre géneros se suma la falta de servicios.