Con el sueño del «infalible mañana» al que Antonio Machado se refería y el ambicioso propósito de transformar la nación, los ciudadanos españoles unieron fuerzas en 1978 para poner punto final a una dictadura y embarcar a España en el arduo camino de transición hacia una monarquía parlamentaria.

Hace 44 años, la norma fundamental y suprema fue aprobada en referéndum por el 88 por ciento del voto popular. Más de un año de negociaciones y una «suma de generosidades», en palabras de Meritxell Batet, convirtieron nuestro país en un Estado social y democrático de Derecho inspirado por los modelos alemán e italiano. Aunque es fácil asumir que la motivación detrás de la promulgación de esta norma era el miedo a volver a un sistema represivo, me gusta pensar que lo que más animaba a los constituyentes era, por el contrario, la esperanza. Esperanza de construir una sociedad vanguardista y poner a España en el mapa; esta vez por diferentes (y buenos) motivos.

Pese a ser obra de una generación, es un trabajo en progreso y por este motivo, la responsabilidad de su actualización recae sobre el Parlamento. De hecho, no es esta tarea fácil teniendo en cuenta la rigidez que caracteriza nuestra Constitución, pues su proceso de reforma es cuanto menos complejo. De ahí que en estas más de cuatro décadas de vigencia, solamente haya sido modificada en dos ocasiones y se sitúe entre las menos enmendadas de Europa.

Sin embargo, numerosas voces ponen sobre la mesa la necesidad de revisar los siguientes aspectos: el modelo territorial, puesto en tela de juicio tras recientes y consabidos acontecimientos; el régimen de aforamiento; o la ampliación de derechos, con el fin de incorporar la sanidad o la igualdad de género. Todos estos han sido destacados por las fuerzas políticas y puede que sean abordados próximamente, ya que hasta el propio presidente del Tribunal Constitucional apuntó que las «generaciones modernas tienen derecho a organizar su vida jurídico-política de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos». Es, en efecto, esta adaptación clave para que los ciudadanos sigan sintiéndose representados por el texto constitucional y le sean leales tanto a este texto como a cuantas leyes emanen del poder legislativo.

En definitiva, brindemos en estos días festivos por innumerables 6 de diciembre en los que se respeten los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político reconocidos en la Carta Magna, o en pocas palabras, por seguir celebrando la fiesta de la democracia.

María Micolau. Desde Valjunquera